«Se podría pagar el 100% de las becas de comedor, libros y transporte», denuncia Fete-UGT La Generalitat asume el sueldo de 1.385 curas; pero el Arzobispado, los selecciona
La Iglesia Católica es inmune a los recortes en materia educativa impuestos por el Gobierno central y las autonomías. Además de las ayudas del Estado de más de 6.000 millones y las exenciones fiscales en virtud del Concordato de 1979, la religión en las escuelas públicas cuesta 48 millones de euros por curso. Según un estudio de la federación de enseñanza Fete-UGT, la Generalitat asume este curso el sueldo de los 1.385 profesores y profesoras de Religión Católica de los centros educativos públicos valencianos, aunque los contrata y selecciona privadamente, sin pasar por un proceso público de provisión que garantice los principios constitucionales de mérito, igualdad y capacidad, el Arzobispado de Valencia. “Con este dinero podrían pagarse el 100% de las becas de comedor, libros y transporte escolar”, propone la central.
Fete-UGT denuncia, además, que “el incremento de horas y de ratios escolares, no afectan a este tipo de enseñanzas doctrinales, ya que se autorizan los grupos aunque solo tengan un alumno y su impartición en los centros educativos, provocan graves problemas organizativos para el resto del alumnado que no recibe estas clases de religión católica y del profesorado, ya que esta prevista legalmente una atención educativa”. Es decir, son horas vacías, sin contenido tipo guardería, porque la Iglesia se ha opuesto sistemáticamente, cada que se ha recurrido, a que se den clases de apoyo, repaso o refuerzo, porque esta opción le restaría alumnos.
“Mientras que el alumnado de religión católica recibe sus dos clases semanales de adoctrinamiento católico, el resto de sus compañeros del grupo, que conforme subimos de curso, nivel y etapa, cada vez son más, no reciben ningún tipo de formación y actividad docente, pierden esas dos valiosas horas semanales que se podrían dedicar a reforzar las materias instrumentales del currículo e impartir más horas de matemáticas, lengua, valenciano, inglés, informática o economía, que resultarían mucho más útiles y prácticas para combatir el fracaso escolar que las clases de religión”, afirma la federación de enseñanza valenciana.
En este contexto, el profesorado de religión católica le cuesta a los valencianos 48 millones de euros y tiene 11 liberados sindicales más que el profesorado de enseñanza pública. El profesorado de religión católica en centros educativos públicos –que representa un 3% del total del profesorado que trabaja en los mismos- tiene, sin embargo, una representación sindical 11 veces superior a la que tiene atribuida el sector de la enseñanza pública, calcula Fete-UGT.
“Así, tras el tercer recorte de liberados sindicales, los cinco sindicatos de la enseñanza pública tienen 63 liberados, lo que supone un liberado por cada 825 profesores (de los 52.000 de la red pública. Mientras que los cinco sindicatos que tienen 16 liberados para representar al profesorado de religión católica defienden a solo 1.385 profesores”, sostiene Fete-UGT.
El sindicato considera esta situación “irracional” y de “desequilibrio”. Según la central, “soo puede tener una explicación y esta no es otra que la premeditada, perversa y malévola política de persecución, de acoso y de derribo, que ha iniciado la Consejería de Educación contra los sindicatos que se oponen sus medida y acciones de ataque al sistema educativo”.
Más horas, para completar sueldo
“En los centros educativos públicos del País Valenciano hemos llegado a la esperpéntica situación siguiente: no contentos con tener profesores de religión de la confesión católica pagados con dinero público –no recortados- , encima este curso se les da horas de otras asignaturas para completar horario y cobrar el sueldo completo, mientras algunos compañeros funcionarios han sido desplazados y otros interinos en bolsas de trabajo ni han tenido plaza en el presente curso. ¿Quién ha levantado la voz contra este despropósito? Profesores de religión impartiendo materias que deberían impartir profesores que han visto pisoteados todos sus derechos, y con la mansedumbre de los equipos directivos. ¿Qué sindicato lo ha denunciado públicamente? ¿Podemos parar esto?”, se pregunta el funcionario, Rafael Martí Ferrando.
