Política y cofradías, entre la laicidad y los votos

Europa Laica calcula que en España «hay 312 alcaldesas perpetuas, la mayoría vírgenes, 58 alcaldes, la mayoría cristos, 103 medallas de oro y 28 títulos, honores o cargos civiles o militares a entes religiosos».

La relación entre política, cargos institucionales, cofradías y hermandades vuelve a debate planteado por los grupos laicistas. La proliferación de magnas y procesiones más allá de la Semana Santa, sobre todo en Andalucía, donde el fenómeno de la religiosidad popular está muy extendido, ha dejado imágenes como la que se pudo ver este mes de octubre: el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) recibiendo de brazos abiertos a la Esperanza de Triana en el Palacio de San Telmo. 

«No es algo habitual. Me siento muy honrado de presidir este momento», dijo entonces. El presidente destacó además «el fervor popular» y «las profundas tradiciones de gran calado que marcan la vida de los andaluces», según recoge Europa Press.

Los periódicos sevillanos publicaron también en esas fechas una fotografía de Isabel Rodríguez (PSOE), ministra de Vivienda, junto a la misma imagen. En su caso, según indicaron fuentes ministeriales a Público, se trató de una visita privada, fuera de su agenda oficial, a instancias de sus compañeros de partido, entre los que estaban el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el exalcalde de Sevilla, hoy líder de la oposición local, Antonio Muñoz.

Aunque existen importantes diferencias para los grupos laicistas y los expertos consultados por Público entre una visita a título particular, que cualquiera en el ejercicio de su libertad puede ejercer, y un acto institucional, los vínculos entre política y cofradías tienen hondas raíces y se expresan también a través de los presupuestos -con la financiación de diversas actividades- y de las distinciones honoríficas.

«A pesar del mandato constitucional de aconfesionalidad del Estado español, muchas administraciones públicas siguen otorgando honores y distinciones a entidades y símbolos religiosos, consolidando privilegios franquistas que deberían estar fuera del ámbito institucional», expone Europa Laica.

Esta organización, que propugna una «verdadera separación entre la religión y el Estado», ha recopilado los siguientes datos en su Observatorio del Laicismo: «En España hay 312 alcaldesas perpetuas y honorarias, casi todas vírgenes, 58 alcaldes perpetuos, la mayoría cristos, 103 medallas de oro o de la ciudad, y 28 títulos, honores o cargos civiles o militares a entes religiosos». 

«Tenemos constancia de que 305 han contado con el apoyo del PP, 287 con apoyo del PSOE, 43 con el apoyo de IU, 31 con C’s, nueve Podemos, 37 Vox y 101 de otros partidos. 86 se llevaron a cabo durante el franquismo», agrega el Observatorio.

Para la escritora e investigadora Pura Sánchez, autora entre otras obras de Individuas de dudosa moral, «el problema de base es justamente cómo se interpreta por parte del Estado y de los cargos públicos, desde el PSOE hasta la extrema derecha, el principio constitucional de la aconfesionalidad«. 

«Directamente, creo que este principio no se respeta, puesto que ya en la propia Constitución se da un carácter preeminente a la religión católica, aludiendo a la tradición. Además, la aconfesionalidad no ha llevado a que gobierno alguno se plantee la necesidad de revisar o directamente romper el concordato con la Santa Sede», afirma la investigadora. 

En su opinión, «la consecuencia directa de esta situación es que sigue sin haber una clara separación entre la Iglesia y el Estado, lo que se traduce, por una parte, en la situación de privilegio de la Iglesia católica y, por otra, en la clara instrumentalización que se hace por parte del poder político de esta ligazón perversa«. 

Para Alejandro Torres, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra, «si ninguna confesión tiene carácter estatal, como señala el artículo 16.3 de la Constitución, parece poco compatible con los postulados constitucionales esa identificación de los poderes públicos con un determinado credo religioso, aunque sea el sociológicamente mayoritario».

Torres diferencia entre «una presencia a título particular», para la que «no habría problema o inconveniente en ello», y «una identificación de una autoridad pública con un credo concreto«. Lo mismo hacen Europa Laica y Andalucía Laica. 

«Esta sobreidentificación —plantea el catedrático— es particularmente llamativa, y antiestética, en periodo de precampaña electoral, por lo interesado de la misma. Máxime cuando esas mismas autoridades públicas son poco propensas a visitar mezquitas, sinagogas, iglesias evangélicas u ortodoxas, salones del reino, o templos hindúes o budistas». 

La identidad y los votos

El profesor de Historia Contemporánea en la UNED César Rina, que ha investigado en sus trabajos, por ejemplo en El cielo está con nosotros, cómo el poder ha tratado de fagocitar la religiosidad popular, analiza lo siguiente: «En el ámbito de la izquierda, no creo que dé votos, pero sí puede contribuir a no perderlos. La importancia de la religiosidad popular en Andalucía a nivel identitario en los imaginarios de la gente es tan fuerte que la estrategia de las derechas, desde la Segunda República, ha sido la de auto representarse como los salvaguardas de las tradiciones y de la identidad nacional y local. Una especie de agentes protectores de lo más irracional de cada comunidad«. 

«Por eso mismo —expone el historiador—, los grupos políticos de izquierda intentan hacerse presentes de esta forma en actos, procesiones y romerías, con el objetivo de disputarle a la derecha esos imaginarios y desechar los miedos a que las izquierdas prohíban o limiten la Semana Santa, que para la gente no es algo estrictamente religioso sino algo fundamentalmente identitario«. 

«Creo que la laicidad —agrega Rina— no encaja con el perfil de las vírgenes andaluzas. Entiendo que para muchas personas la identificación entre procesiones y religión sea automática, y es normal porque da forma a esos rituales, pero también creo que la Iglesia es consciente de la lejanía religiosa del fenómeno y por eso acepta las posibles contradicciones de estas fiestas para tratar de imponer una religiosidad ortodoxa que denominan eclesialidad«. 

«Los partidos progresistas o de izquierdas —añade Rina a su reflexión—, sus más altos niveles, nunca participan en misas, sólo lo hacen en lo relativo a las procesiones y fiestas populares porque consideran que no están haciendo un gesto religioso, sino un gesto identitario, del tipo: entendemos nuestras tradiciones y las respetamos, somos andaluces y esta es nuestra manera de sentir, etc….»

Grecia Mallorca, antropóloga y una de las impulsoras de Proyecto Palio, que busca resignificar la fiesta y pretende «liberar a la Semana Santa de su secuestro«, considera que el asunto no tiene sentido constitucional «ninguno». Otra cosa, puntualiza, es lo institucional. «Depende de lo que entendamos como tal», plantea Mallorca. 

«La Esperanza de Triana —analiza— es considerada una institución y arrastra muchísimo fervor popular. El motivo de la salida procesional es religiosa, el 75º aniversario del Dogma de la Asunción, pero el impacto lo tiene en la calle. Podríamos decir que se ha ganado ese reconocimiento, en tanto factor cultural, social, cohesionador e identitario de su barrio y de la ciudad». 

«Darle la espalda a eso —continúa Mallorca—, a la importancia de las cofradías en Andalucía, sería ponerse voluntariamente una venda en los ojos. Lo sensato es tenerlo en cuenta, y ya no digamos querer aprovecharlo. En el caso de recibir a la virgen en San Telmo estamos hablando de darle ese reconocimiento a la hermandad, pero además hay que tener en cuenta el contexto: en plena crisis de los cribados». 

«Sin duda —razona la impulsora de Proyecto Palio—, Juanma Moreno es consciente de que engalanar el palacio y salir a recibir a la Esperanza como presidente -él dice literalmente que se siente honrado de presidir el momento- le puede ayudar a limpiar un poco su imagen. Aunque lo justifica en el fervor popular y la tradición, que mentira tampoco es, así como en el hecho de que él mismo es hermano de cofradías en Málaga y Sevilla», agrega. 

«Así que aquí veo una conjunción de esa voluntad del poder de apropiación y control de los elementos populares de identificación, con una consciencia y un reconocimiento de su importancia en la sociedad andaluza, que lleva a las élites políticas a querer identificarse con las hermandades y cofradías«, remacha Mallorca.

César Rina abunda en esta idea de un mensaje de contenido cultural que se lanza hacia los electores: «No creo que esto contradiga la Constitución porque los que hacen las visitas no están lanzando un mensaje religioso, sino un mensaje cultural». 

«Otra cosa —puntualiza Rina— es el estilo, que evidentemente está trenzado de hábitos heredados del nacionalcatolicismo y, lo que para mí es más importante, refuerzan una forma de entender Andalucía monolítica, de cofradías y procesiones, cuando la realidad es mucho más compleja». 

«Hay un monocultivo cultural del cofradierismo, y esto es una construcción reciente, pero tan fuerte que los jóvenes han interiorizado que las procesiones son la principal expresión de identidad andaluza, y no participar de ellas te convierte en un apátrida», añade el profesor de historia. 

El catedrático emérito de Antropología Isidoro Moreno, quien ha creado escuela con sus pioneros trabajos e investigaciones sobre la Semana Santa y la religiosidad popular en Andalucía, aporta a Público la siguiente reflexión: «Es evidente la significación populista-electoralista de gestos como este [el de Moreno Bonilla], que también practicaban los jerarcas del PSOE cuando gobernaban en la Junta y hacen alcaldes de diverso color político siempre que tengan atención mediática. Es postureo y reproducción del nacional-catolicismo con la excusa de situarse dentro de las tradiciones. Supone una utilización política partidista de imágenes de cofradías populares, en este caso de la Esperanza de Triana. Algo que las cofradías deberían evitar si pretendieran mantener su independencia y transversalidad en cuanto a composición social, pero que lamentablemente aceptan o incluso propician«.

Mallorca abunda en este asunto: «Los cargos políticos visitan las sedes de las cofradías por diferentes razones, y desde luego una de ellas puede ser ganar votos. También implica, especialmente en Andalucía, darle un reconocimiento a un agente sociocultural importante, que como todo puede llegar a instrumentalizarse«.

«La lectura suele depender del partido del que se trate, la cofradía que se visite y del momento en que se haga la visita. ¿Por qué Macarena Olona, en su momento más popular, fue invitada al camarín de la Macarena, pero no lo fue Teresa Rodríguez? Pues ahí la lectura, para mí, está clara. Y eso que Teresa participa de la Semana Santa de su ciudad, al igual que su marido Kichi, que precisamente siendo alcalde de Cádiz optó por acompañar a su cofradía a nivel particular».

Al respecto de la etapa de Kichi como alcalde, en Europa Laica se recuerda aún la polémica que se generó después de que este y sus ediles apoyaran que el Ayuntamiento de Cádiz le concediera la medalla de oro de la ciudad a la Virgen del Rosario, un asunto que acabó en los tribunales, que no vieron «irracionalidad o arbitrariedad» en la concesión y condenaron a Europa Laica a pagar 6.000 euros. 

Financiación

En 2024, el Observatorio del Laicismo de Europa Laica, que recopila en portales oficiales —hasta donde llega, porque, exponen a Público, existe una falta de transparencia general en las instituciones y especialmente las municipales— las ayudas con las que ayuntamientos, diputaciones y gobiernos subvencionan a cofradías y hermandades a lo largo y ancho de todo el país, tiene contrastados al menos el abono de 16,1 millones de euros. El Observatorio considera que esta cifra es realmente mucho mayor, pero no puede conocer el montante exacto total por esa ausencia de publicación de los datos, explican. 

Para el catedrático Torres, «igualmente cuestionable es la financiación pública de las cofradías, si ninguna confesión tiene carácter estatal, especialmente si se tiene en consideración que en el artículo 2.5 del Acuerdo de Asuntos Económicos de 1979 entre España y la Santa Sede, la Iglesia Católica declaró el propósito de lograr por si misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades». «Pasado casi medio siglo parece que nadie se acuerda de ello, y menos aún en tiempos de precampaña electoral, donde todo voto, también el católico, parece ser especialmente bienvenido«, agrega Torres.

«La cooperación —explica el catedrático— de la que se habla en el artículo 16.3 de la Constitución, debería de hacerse sin pasar por alto que no puede olvidarse que en ese mismo artículo se afirma el principio de laicidad del Estado, cuando se dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. ¿Quién debe financiar las cofradías? La respuesta es de cajón: los cofrades». 

«Por cierto —agrega Torres—, cada euro de los primeros 250 que aporten es deducible en un 80%. Algún día deberíamos reflexionar seriamente sobre el coste oculto de la cara amable del Estado. La de un Estado que conforme a la Constitución es laico, o al menos, debiera de serlo, también en periodo preelectoral». 

«La situación de privilegio de la Iglesia católica es evidente«, abunda la escritora Pura Sánchez. «Se podrían citar muchos ejemplos, pero yo voy a dar tres: el predominio de la educación católica y la presencia de la religión católica en las aulas, no solo a través de los conciertos educativos, sino también en las aulas de la educación pública, donde se sigue pagando al profesorado de religión católica. La solución obviamente no es dar clases en la escuela pública de todas las religiones, sino de ninguna».

«Segundo ejemplo: la financiación directa, por parte del Estado, de la Iglesia católica, a través de la recolecta de dinero por parte de la Hacienda pública y del dinero que se destina a la restauración y sostenimiento de edificios de uso religioso y propiedad de la Iglesia. Tercer ejemplo: las exenciones fiscales [IBI, exenciones en las actividades comerciales de los conventos…] y el tratamiento que este Gobierno en concreto está haciendo del escandaloso asunto de las inmatriculaciones».