La Agencia Tributaria asegura: «Las entidades religiosas son sometidas a los mismos controles que el resto de entidades».
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado en una única ocasión el dinero público que se destina a las confesiones religiosas a través de los presupuestos, y, singularmente por su relevancia, la asignación tributaria a la Iglesia católica, por la que cada año recibe cientos de millones de euros: en 2023 fueron más de 382 millones.
El ejercicio de aquella sola fiscalización fue el 2017, el informe se publicó en el año 2020, y en octubre de 2022 el Congreso aprobó asumir el contenido del trabajo, «así como sus conclusiones y recomendaciones» e instó al Gobierno a cumplir con ellas.
El Tribunal de Cuentas, en este momento, no tiene prevista una nueva fiscalización: «El Pleno aprueba una vez al año su programa de fiscalizaciones. En el de 2025 no está prevista ninguna fiscalización sobre este asunto, tampoco sobre seguimiento de recomendaciones sobre este informe específico», dijeron a Público. Sobre actuaciones futuras, las fuentes oficiales del Tribunal afirmaron: «A día de hoy no podemos saber qué incluirá el programa para 2026, ya que se aprueba a finales de año«.
El trabajo del Tribunal de Cuentas puso, no obstante, cuestiones relevantes sobre la mesa, que interpelaban al Gobierno, y algunas de ellas, según la información que ha podido recabar Público, aún siguen en el aire. Otras se han resuelto. La Agencia Tributaria manifestó a Público: «Las entidades religiosas son sometidas a los mismos controles que el resto de entidades».
Así, el Tribunal instó en 2020 al Ejecutivo a un mayor y mejor control del dinero que destina a las confesiones (no solo la Iglesia católica, otras religiones minoritarias reciben subvenciones a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia) y dejó dos recomendaciones fundamentales: una al respecto de la memoria que cada año elabora la Conferencia Episcopal, que básicamente carece de formalismos que permitan conocer al detalle del destino de los fondos —es más una memoria de actividades—; y otra sobre las necesidades reales de financiación de la Iglesia, que carecen de concreción alguna. La asignación tributaria supuso en 2023 el 23% del presupuesto total de las diócesis españolas, según la Conferencia Episcopal.
El informe también aportó un cálculo, que no ha vuelto a hacerse, de los beneficios fiscales que se llevan las confesiones religiosas por las exenciones en el Impuesto de Sociedades, que en 2017 fue de unos 118 millones de euros.
El sistema de financiación a través de un porcentaje del IPRF está pactado con el Vaticano desde el año 1979 —desde el año 2006 la asignación supone el 0,7% de la cuota del impuesto del contribuyente que así lo disponga— y sirve al «adecuado sostenimiento económico» de la Iglesia. De este modo, en aquellos pactos se recoge: «El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa. […] Para ello será preciso que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva su voluntad acerca del destino de la parte afectada. En ausencia de tal declaración, la cantidad correspondiente será destinada a otra finalidad».
Superávit
El Tribunal de Cuentas expuso entonces con toda claridad la dificultad de controlar el destino de los fondos en sus recomendaciones: «Sería conveniente que el Gobierno considerase la oportunidad de impulsar la aplicación del mecanismo para resolución de dudas o conflictos con el fin de regular, de acuerdo con la Santa Sede, las diversas materias relacionadas con la memoria, como son sus plazos y forma de presentación; el nivel de detalle de la información que debe proporcionar; la delimitación de los tipos de necesidades de la Iglesia cuya cobertura se puede financiar con la asignación; el tratamiento que debe darse a los eventuales superávits o déficits que resulten de la correspondiente liquidación de la asignación; y la información que le permita al Estado comprobar si el destino último de los recursos procedentes de la asignación tributaria es compatible con el cumplimiento de las exigencias del Derecho de la Unión Europea«.
El Tribunal añadía: «Se sugiere al Gobierno que articule los mecanismos internos necesarios para asegurar un seguimiento eficaz de la memoria justificativa y del cumplimiento de las obligaciones de las partes derivados del Acuerdo de 1979 y de otra normativa que pudiera ser de aplicación».
Los superávits, según el Tribunal de Cuentas, podrían «plantear una posible divergencia entre el compromiso de colaboración adquirido por el Estado y las necesidades efectivas de financiación de la Iglesia Católica. Se señala en la memoria que los excedentes se destinan a la dotación de un fondo de reserva y a la aportación a fondos propios de una sociedad mercantil. Luego, puntualizaba: «Ha de señalarse que no ha sido objeto de acuerdo entre el Estado y la Iglesia, o de regulación, el tratamiento de eventuales desajustes (superávits o déficits) entre el importe de la asignación tributaria y las necesidades de financiación de la Iglesia».
Uno de los destinos, según las memorias de la Conferencia Episcopal, del dinero recibido por esta vía, fue la financiación del canal de televisión Trece TV, que recibió 42 millones de euros hasta 2021, último años en que la memoria recogió la transferencia de fondos a esa plataforma.
Entre las cuestiones que aprobó el Congreso en 2022 estaba el «establecimiento de un grupo técnico de trabajo con la Conferencia Episcopal Española para acordar las modificaciones oportunas en la memoria justificativa, que permitan un mejor y más eficaz seguimiento de la rendición de cuentas a que viene obligada la Iglesia católica».
Este periódico preguntó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes si se había contactado con la Conferencia Episcopal para aclarar las necesidades de financiación y varios de los asuntos planteados por el Tribunal de Cuentas. La respuesta, bien escueta y escasa, fue la siguiente: «Estas cuestiones forman parte del trabajo con la Conferencia Episcopal en el marco de las relaciones de cooperación a las que se remiten las recomendaciones del Informe del Tribunal de Cuentas».
Público también se dirigió a la Conferencia Episcopal, que en el momento de publicación de esta información no había respondido nada a la pregunta de si el Gobierno había decidido abrir conversaciones en algún momento para tratar estos asuntos.
En la última asamblea de la Conferencia Episcopal se presentó un documento llamado «modelo de rendición de cuentas económicas y de actividades de las entidades de la Iglesia en España». Aún no está aprobado: debe someterse antes «a consultas a las distintas entidades de la Iglesia».
El objetivo, según recoge la Conferencia Episcopal en una nota, «es que todas las instituciones tengan un modelo homologado de rendición de cuentas, de recogida de datos económicos y de la actividad que desarrollan las parroquias y otras instituciones eclesiales».
Agencia Tributaria
Entre las recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas estaban también varias destinadas a la Agencia Tributaria, que, según indicaron a Público, las han cumplido ya.
Así, la fiscalización recogía lo siguiente: «Sería conveniente que la Agencia Tributaria identificara las entidades que forman parte de las confesiones religiosas con acuerdos de cooperación con el Estado. Asimismo, convendría que actualizara los datos de las entidades calificadas como confesiones religiosas, para conseguir una depuración similar a la de otros censos de obligados tributarios».
La Agencia Tributaria respondió a Público al respecto: «Esta identificación ya se realiza. Desde la campaña del Impuesto sobre Sociedades 2019 (que se presentó en 2020), las entidades religiosas con obligación de presentar declaración del Impuesto, por parte del resto de entidades menores dependientes de la diócesis o provincia religiosa, deben incluir en su declaración de sociedades a todas las entidades religiosas dependientes«.
Luego, la Agencia aclaró: «Por tanto, esta relación de entidades que forman parte de las confesiones religiosas se encuentra identificadas. En todo caso, la Agencia realiza en general sus actuaciones de control en función de los riesgos fiscales que detecta, no en función del tipo de entidad. Las entidades religiosas son sometidas a los mismos controles que el resto de entidades, con independencia de su forma jurídica«.
Y añadió: «A las entidades religiosas no se les solicita en el modelo de Sociedades más información de la que se solicita a otras entidades que también cuentan con exenciones y beneficios fiscales por su naturaleza o las actividades que desarrollan».
