El objetivo final de nuestra organización es la desaparición de toda discriminación positiva o negativa por razón de convicciones o creencias por parte del Estado respecto a los ciudadanos y las organizaciones privadas en las que se integran.
Una de las formas más flagrante de discriminación es la de financiar las actividades de algunas organizaciones en razón de su carácter religiosos, y de supuestos pedigries históricos o de impantación, más aún en una Estado laico, según definición del propio Tribunal Constitucional. Todas las declaraciones de Derechos ratificadas por España exigen la no discriminación por razón de conciencia o religión, por lo que subvencionar una religión presuntamente mayoritaria o presuntamente minoritaria, frente a otras opciones de conciencia contraviene estos acuerdos. En particular, hay que destacar la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones (25 de noviembre de 1981).
La Iglesia católica recibe a través de la casilla del IRPF un montante aproximado de 150 millones Euros, pero a través de otros mecanismos, recibe de las distintas administraciones (nacional, autonómicas y locales), ingentes cantidades de dinero, en metálico o especie, para la difusión de su doctrina, que pueden estimarse en más de 5000 millones de €.
Es falso que la Iglesia católica "ahorre dinero al Estado". Tan falso como decir que las constructoras se lo ahorran al construir una carretera, o que los taxistas se lo ahorran al desempeñar un servicio público: además la Iglesia es una organización religiosa que no se rige por parámetros de servicio público en ninguna de sus actividades, sino que toda sus acciones van dirigidas y están filtradas por el prisma del proselitismo, como es lógico dado que se trata de una organización privada con ideología particular.
A la vista de estos datos, la campaña de objeción fiscal intenta cumplir cuatro cometidos:
- Avanzar en la eliminación de todas las casillas del formulario del IRPF cuyo objetivo sea financiar organizaciones religiosas o ideológicas (incluyendo las laicistas).
- Protestar contra el actual estado de cosas mediante una acción de desobediencia civil que ponga de manifiesto la injusticia del actual de protección del Estado a las organizaciones religiosas.
- Difundir la objeción de conciencia como opción individual ante el empleo inconstitucional que de nuestros impuestos hace el Estado, al promover la difusión de opciones de conciencia o creencias particulares.
- Mientras continue el actual estado de cosas, proveer a las organizaciones laicistas de medios económicos para plantear acciones de amplio alcance, tales como demandas judiciales cuyo costo excede las posibilidades económicas de las mismas, obtenidas únicamente a través de las cuotas de sus asociados.
En cuanto al destino de nuestros impuestos según se marquen una, ninguna o ambas casillas, y su compatibilidad con la presente campaña podemos decir lo siguiente:
1) Si se marca la casilla de la Iglesia, independientemente de que se marque la otra dedicada a "Asuntos sociales", el contribuyente deja de pagar 0,7% de sus impuestos al erario público, y ese dinero lo entrega el Estado a la Conferencia Episcopal, para sueldo de obispos y sacerdotes (ni un euro a hospitales, colegios, ONGs católicas, ni monjas, etc, a pesar de lo que diga la campaña de la Conferencia Episcopal). La disminución del Presupuesto General del Estado es por este concepto de 150 millones de €. Eso quiere decir que cuando el Estado hace una carretera, un hospital, un colegio, aquellos contribuyentes que han marcado la casilla de la Iglesia, contribuyen menos a ese gasto que los demás contribuyentes, en razón de que practican una religión particular. Lógicamente, es incompatible marcar la casilla de la Iglesia con realizar la Objeción Fiscal a los Gastos Religiosos del Estado.
2) El contribuyente que marca únicamente la casilla de "Asuntos sociales" hace que su 0,7% vaya al erario público, como el resto de sus impuestos, pero a un fondo especial dedicado a subvencionar proyectos de ONGs. Marcar unicamente esta casilla no detrae ningún dinero del total aportado por el contribuyente al Estado a través del IRPF. Nosotros consideramos que esta casilla es un disfraz ideado para enmascarar la injusticia que supone que el Estado recaude dinero para cualquier organización religiosa o ideológica, ya que el Estado no necesita la indicación de los contribuyentes para presupuestar sus ayudas a actividades sociales realizadas por las ONGs y entes similares. Sin embargo, marcar esta casilla no es incompatible con esta campaña, por lo que se puede marcar, y al mismo tiempo objetar a los Gastos Religiosos del Estado.
3) El contribuyente que no marca ninguna casilla paga sus impuestos al erario público,sin ninguna reducción y sin indicar el destino de sus gastos. Esta opción, la preferible desde nuestro puntos de vista, es compatible con la Objeción Fiscal.
4) Dada la naturaleza de la "Objeción" que se plantea, y por coherencia con la propuesta, se propone que el dinero no pagado al erario público se dedique a cualquier asociación que luche por la separación iglesias-estado.
5) El objetivo del "Fondo por la Laicidad y la Libertad de Conciencia" que hemos creado es precisamente recaudar dinero para conseguir estos objetivos, y en concreto plantear demandas judiciales cuyo coste no puede asumir una asociación sóla. Aunque este fondo ha sido creado actualmente por Laicismo.org, nuestra idea (propuesta ya en diferentes foros lacistas) es dotarlo de la adecauda estructura legal para poder rendir cuentas formalmente a aquellos que contribuyan al mismo, al estilo de una Fundación o similar. Mientras tanto lo gestionaremos en función de esos principios, e informaremos de cualquier paso a lo que contribuyan al mismo.
Muchos farmaceúticos objetan a vender preservativos o anticonceptivos, muchos médicos a realizar abortos, muchos padres a que sus hijos cursen Educación para la Ciudadanía, algunos alcaldes, concejales y funcionarios, a tramitar matrimonios homosexuales. Creemos que los conservadores más radicales practican la ley del embudo de manera palmaria y recortan la aplicación de la ley a su antojo: ha llegado el momento de que realicemos acciones de desobediencia pacífica, al tiempo declaremos que nuestras convicciones nos impiden financiar a la jerarquía de una organización privada cuya ideología contradice muchos de nuestros principios morales más firmes.
