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Hasta bien entrado el siglo XIX, la religión de Estado era la católica. A partir de la desenlace de la Guerra de Reforma, Juárez promulgó las denominadas Leyes de Reforma, un conjunto de decretos emitidos entre 1859 y 1863 que tuvieron como objetivo consumar el proceso de separación de la Iglesia y el Estado. Dichos eventos configuran el perfil del Estado moderno mexicano basado en una laicidad que ha venido evolucionando.
Ha corrido mucha agua bajo el puente de la historia de México. Importantes sectores del clero han conspirado contra el Estado. Sólo así entendemos el surgimiento de importantes facciones disidentes, como el sinarquismo, Yunque, los Tecos, el Muro y una larga fauna católica de ultraderecha. El actual gobierno deberá tener cuidado, sobre todo ante los brotes de la derecha radical, sea de Verástegui, apoyado por Trump, o de otras formaciones. La ecuación es clara: en México la ultraderecha ha tenido su principal bastión en los católicos ultraconservadores.
Como pocas veces en la historia moderna de México, se observa hoy una oposición real de significativos sectores de la Iglesia católica contra el gobierno de la 4T. El obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, aseguró en la catedral de la diócesis que, tras el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, es “inminente la llegada del comunismo” a México. Desde el púlpito, clérigos y obispos ejercen indebidamente el proselitismo. La Presidenta de México, ante la Iglesia, está frente a un terreno minado de intereses y revanchas.
Desde el inicio del gobierno de López Obrador, los obispos miraron con desconfianza su apertura a los sectores evangélicos. En especial, cuando les prometió televisión abierta y habilitó el apoyo de la Iglesia para distribuir la Cartilla moral, de Alfonso Reyes. Incluso los obispos cuestionaron la iniciativa, apelaron aplicar la laicidad del Estado.
Sin embargo, el detonante fue el asesinato de los jesuitas en la sierra Tarahumara en 2022. Los obispos pasaron abiertamente a ser una oposición eclesiástica. Apoyaron las marchas de oposición, publicaron cartas contra el gobierno, apoyando al INE de Córdova y a la Suprema Corte. Criticaron la política migratoria y la estrategia de seguridad. Reprocharon a AMLO recurrir al pasado para justificar sus errores. Le increparon polarizar al país con sus señalamientos. En síntesis, los obispos mexicanos conformaron el bloque religioso opositor que disputó las elecciones de 2024.
En pleno proceso electoral los obispos de Guanajuato, violando la normativa, sea en homilías o talleres de formación, abiertamente llamaron a no votar por Morena. Hoy varios sacerdotes están bajo los tribunales, señalados de intervenir en las elecciones. En septiembre pasado, en uno más de los comunicados del episcopado, advirtieron que “la propuesta de reforma impulsada por el Ejecutivo no responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia; más aún, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes”.
Desde entonces algunos obispos no han dejado de apoyar a la oposición contra la reforma judicial, contraviniendo lo que mandata la Constitución en el artículo 130, que prohíbe a la Iglesia criticar o cuestionar las políticas públicas del Estado. Llama la atención, la laxitud de las autoridades. Sheinbaum, de ascendencia judía, se ha declarado no religiosa que desde la laicidad respeta todas las creencias y sus iglesias. Ante la beligerancia de la jerarquía católica, la Presidenta ha tendido la mano al episcopado para llevar una relación más atemperada, basada en mayor comunicación e intercambio de posturas.
El presidente de la CEM, Ramón Castro, percibió en la Presidenta mayor voluntad conciliatoria. La cúpula que dirige la CEM sabe que se rompió el monopolio social que tenía la Iglesia católica. Con la irrupción de los ciudadanos sin religión y el incremento de los evangélicos, ahora está configurada una sociedad más plural y secular.
Sin embargo, en la actual circunstancia se impone una inercia contestaria de miembros de la Iglesia católica que rechazan cualquier pacto, tregua o acercamiento con la 4T. Prefieren continuar con una actitud combativa y hasta provocadora. En La Jornada (25/11/24) denunciaba que el domingo, cobijados por ceremonias por la paz, obispos aprovecharon para criticar a la 4T y su reforma judicial. Las misas de ese domingo acrecentaron las críticas contra de la reforma judicial y, abiertamente, obispos y sacerdotes sobre todo del Bajío tuvieron expresiones de rechazo, llamando a la población a una movilización contra el proceso.
En la Basílica de Guadalupe se incluyó la petición por los integrantes del Poder Judicial y sus familias, para que pongan a Dios en el centro de sus preocupaciones. En Morelia, Michoacán, el sacerdote que inició el acto religioso también pidió por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y por las consecuencias que conlleva la reforma judicial que vulnera los derechos y la carrera judicial, para que el espíritu obre en la paz de nuestra nación.
El gobierno de Sheinbaun enfrenta un galimatías. No basta acordar con las cúpulas de la CEM. La diversidad es tan grande que deberá tener especial atención geográficamente en el Bajío. Deberá estar atenta a congregaciones conservadoras, como los Legionarios de Cristo y el Opus Dei. La Iglesia alberga en su seno un histórico conservadurismo radical al asecho. Les recuerdo: la ultraderecha en México será católica o no será.
