Los obispos han registrado desde el año 1900 más de 4 millones de metros cuadrados de terreno rústico y urbano en la comunidad foral, según un nuevo y exhaustivo informe elaborado por la Consejería de Justicia.
El Gobierno foral de Navarra acaba de dar un salto cualitativo en el ya largo conflicto de las inmatriculaciones de la Iglesia católica. Por primera vez, un equipo de expertos peinará una por una todas las inscripciones eclesiásticas para verificar si se trata de bienes comunales especialmente protegidos por la ley. Hasta ahora este ha sido un camino inexplorado y podría dar un vuelco al intrincado embrollo de las inmatriculaciones. En Navarra, los bienes comunales constituyen una parte muy importante del territorio foral. Se trata de bienes históricos, sin propiedad definida, cuyo aprovechamiento y disfrute corresponde al común de los vecinos como recurso complementario de la economía rural.
La Ley Foral de Comunales de 1986 ya proclamó su «carácter social» y los consignó como «bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables», exactamente el mismo estatus jurídico que los de dominio público. De hecho, el artículo 132 de la Constitución Española ya los protege de forma específica y prohíbe taxativamente que sean objeto de transacción mercantil. El artículo 8 de la Ley Foral del 86 estipula, además, que las entidades locales «podrán recuperar, por sí, en cualquier tiempo, la posesión de los bienes comunales, previo informe del letrado y audiencia del interesado». También establece en su artículo 10 que ese tipo de bienes vecinales deben ser inscritos en el registro de la propiedad por las entidades locales, quienes tienen un papel central en su custodia y tutela.
Las asociaciones patrimonialistas creen que muchas de las fincas inmatriculadas por la Iglesia pertenecen al comunal histórico de los pueblos. Y eso es lo que va a tratar de clarificar el equipo de especialistas que examinará la naturaleza jurídica de las fincas inscritas por los obispos a lo largo de más de un siglo. Hay que tener en cuenta que las propiedades rústicas inmatriculadas en Navarra por la Iglesia ocupan 3,4 millones de metros cuadrados, con un total de 879 tierras de labranza y medio centenar de espacios forestales, tal como figura en un exhaustivo informe elaborado por la Consejería de Justicia y presentado el pasado martes ante el Parlamento navarro.
Todo este ingente trabajo de investigación podrá ser realizado gracias a la recopilación de las notas simples registrales de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia en Navarra desde el año 1900, el periodo más amplio investigado hasta el momento en materia de inmatriculaciones. Las llamadas notas simples ofrecen información catastral suficiente para identificar las fincas con mucha más exactitud que un mero listado, como el publicado por el Gobierno central en enero pasado. El nuevo informe presentado por el consejero Eduardo Santos es el más completo y detallado sobre las inscripciones episcopales realizado hasta ahora en ninguna comunidad autónoma. La voluminosa documentación entregada, que ocupa tres cajas y una docena de carpetas, revela que la Iglesia ha inmatriculado a su nombre el triple de bienes de los que se tenía conocimiento. En concreto, están documentadas 2.952 fincas en Navarra.
La actuación del Gobierno foral no se detendrá únicamente en la publicación de este minucioso trabajo. La Consejería de Justicia está dispuesta a poner todos los recursos públicos a su alcance para facilitar la reversión de los bienes indebidamente inscritos por la Iglesia. «El compromiso del Gobierno navarro es pleno», aseguró el consejero Santos en su comparecencia ante la comisión parlamentaria. «Este trabajo no se agota en la prospección», subrayó, «sino que ofreceremos soluciones para la posible recuperación de los bienes».
Para ello, su departamento sacará a licitación pública en 2022 la contratación del equipo de expertos, previsiblemente investigadores universitarios, que examinarán el historial de los comunales. Y es probable también que el Gobierno autonómico estreche su colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para prestar asesoramiento jurídico a las entidades locales que decidan iniciar procedimientos de recuperación de fincas inmatriculadas. «Habrá municipios que no tengan recursos económicos para pleitear y ahí veremos cómo podemos ayudar», avanzó a Público el jefe de gabinete de la Consejería de Justicia, Guillermo Nagore.
El departamento que dirige Eduardo Santos no dispone del inventario de bienes comunales. «Existe y debe de estar en posesión de la Consejería de Desarrollo Rural», aclaró su jefe de gabinete. Las entidades locales son quienes deben de tomar la iniciativa una vez que se dilucide si algún bien comunal ha sido inmatriculado por la Iglesia. Y en el caso de que algún municipio rehúse poner en marcha el procedimiento de recuperación, el Gobierno foral buscará la fórmula jurídica para hacerlo en su lugar. «La defensa del comunal nos incumbe a todos», proclamó el consejero Santos ante la comisión parlamentaria.
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, el colectivo ciudadano que destapó las inmatriculaciones eclesiásticas hace ya 14 años, tiene una idea clara de la situación. «En el medio rural, si han inmatriculado algún bien es que no tenía propietario. Y los que no tienen propietario son comunales», explica su portavoz, Andrés Valentín. Y añade: «El tema del comunal en Navarra es vertebral. Después de oleadas de saqueo, más de la mitad de la superficie agraria sigue siendo comunal, de donde vivía la mayoría de la gente pobre». El equipo de expertos deberá cotejar los bienes inmatriculados con el inventario de comunales que esté en posesión de los pueblos y concejos o del Gobierno foral de Navarra. No será un trabajo fácil porque muchos podrían no estar catalogados o su origen se ha difuminado en el tiempo.
El examen del nuevo listado de inmatriculaciones ofrece algunos elementos llamativos. Entre 1900 y 1975, se produjeron apenas 195 inscripciones episcopales. Y más de la mitad se efectuaron dos meses después de la proclamación de la II República en 1931. Lo mismo ocurrió en 1981, un año antes de la histórica victoria del PSOE, y en 2004, tras el ascenso al poder de Zapatero. En los tres casos hubo un repunte «frenético», tal como apuntó el consejero Santos y destacó el portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. «En esas fechas llamaron a rebato y se apresuraron a inmatricular. Esa es nuestra interpretación», matizó Andrés Valentín.
El 63% de los 2.952 bienes inmatriculados no tiene carácter religioso. Hay 981 templos, 879 tierras agrícolas, 50 espacios forestales, 397 fincas y viviendas urbanas y 38 cementerios antiguos. Las inscripciones se extienden a lo largo y ancho de 267 núcleos poblacionales. Para el representante del colectivo patrimonialista, la elaboración de esta exhaustiva lista de inmatriculaciones representa un hito histórico. «Hemos culminado un camino de 14 años. Por fin, tenemos todas las notas simples registrales. Y esto marca un antes y un después».
