Las leyes de México prohíben expresamente la participación de las iglesias y de sus ministros en asuntos político-electorales. Pese a esta prohibición, la conducta de diversos líderes religiosos es de abierta participación e intervención en el actual proceso electoral. Algunos de ellos, desde el púlpito, han exteriorizado sus preferencias políticas, pidiendo a los miembros de sus iglesias que reflexionen su voto; la intervención de otros ha sido más discreta, mediante llamados a los candidatos y organismos políticos para que erradiquen de las campañas los insultos o “guerra sucia”, bajo el argumento de que México quiere “elecciones civilizadas”. Con llamados así, se evidencia a los candidatos y/o partidos que recurren a lo que se conoce como “guerra sucia”.
Fiel a su costumbre de criticar a las instituciones del país, la arquidiócesis primada de México, a través del semanario “Desde la Fe”, criticó severamente al Instituto Federal Electoral (IFE), por no haber aprovechado los tiempos oficiales en los medios de comunicación para aclarar el uso de las boletas electorales. La editorial del mencionado órgano de difusión señala que “sería verdaderamente lamentable que, por falta de una clara información, muchos votos sean desechados como nulos por algunas inconsistencias que desde hoy pueden evitarse. La claridad y la sencillez son elementos indispensables junto con una información oportuna”. Con este tipo de críticas, la jerarquía católica intenta hacer sentir su peso político.
Sobre la irrupción del movimiento #Yosoy132 en el escenario político del país, las opiniones al interior de la Iglesia católica están divididas. La arquidiócesis de México, a través de su órgano de difusión, indica que los jóvenes “llegan como una refrescante lluvia en medio del calor, para hacernos pensar y sentir, para sacarnos de nuestra rutina y redescubrir la importancia de cada momento”. Por su parte, Abel López Guízar, ex párroco de la Iglesia de Fátima, cuestiona al citado movimiento juvenil en los siguientes términos: “Qué son o a qué se dedican no sé, realmente no sé, pero como quiera que sea, cualquier agrupación no debe ser agresiva y respetarse unos con otros, tiene que ser, deben estar manipulados por alguien o quien les da dinero para que hagan sus movimientos y carteles, ni modo que ellos, porque los estudiantes siempre están carentes de dinero, ellos no son”.
La Iglesia presbiteriana no se queda atrás. Ananíes Laguna Coyoc, presidente del presbiterio “Juan Calvino”, pidió a los evangélicos reflexionar a qué candidato le darán su voto. En clara alusión a uno de los presidenciables, pidió no dejarse llevar por lo carismático o bien parecido que pudiera ser un candidato presidencial, sino votar por aquel cuya plataforma política esté apegada a la justicia, a la vida y a la paz, así como a la restauración del ser humano y principalmente a los principios bíblicos. En marzo pasado, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez hizo un llamado similar a la ciudadanía, pidiéndoles no elegir al próximo presidente de México “sólo porque está muy guapo o porque tiene el copete alto”.
Las autoridades electorales del país deben llamar al orden y sancionar a las iglesias que, pasando por encima de la ley, se inmiscuyan en asuntos político-electorales. La Secretaría de Gobernación no puede ni debe permitir que las asociaciones religiosas –bajo el argumento de que están orientando el voto de sus fieles– transgredan lo que las leyes de México establecen al respecto. Nuestras instituciones no pueden ni deben actuar con tibieza, permitiendo que algunas iglesias violenten el Estado laico y olviden que su deber es ocuparse cien por ciento de las cosas espirituales.
No está por demás recordar que, al final de la administración de Vicente Fox Quesada, el entonces subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Lauro López Sánchez, y el director general para Asuntos Religiosos, Álvaro Castro Estrada, cabildearon con el Vaticano la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales que amplíen los derechos de los ministros de culto y la libertad religiosa. La reforma al artículo 24 constitucional, que actualmente analizan los congresos estatales para su aprobación o rechazo, es la primera de estas reformas. Esta modificación legislativa inauguraría una serie de reformas que colocarían a la Iglesia católica –de manera legal– en la arena política, lo que sería altamente perjudicial para la vida de México. Los mexicanos que no quieren ver a la Iglesia católica ni a ninguna otra Iglesia haciendo política, seguirán manifestando su enérgico rechazo a la reforma del artículo 24 constitucional.
