La Conferencia Episcopal denuncia la “indefensión” de los creyentes si se deroga el delito de ofensas a los sentimientos religiosos, y echa balones fuera frente a la investigación de la Agencia Española de Protección de Datos, que podría suponer una multa millonaria y penas de cárcel: achaca la vulneración de identidades a un error del bufete Cremades
Los obispos echan balones fuera, y se desvinculan de cualquier responsabilidad en el escándalo de la filtración de datos de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia que está investigando la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y que podría suponer una multa millonaria, además de penas de prisión para los responsables. Una filtración que se produjo tras la publicación, a la carrera, del informe Para dar luz, elaborado por el todavía jefe de prensa de la CEE, Josetxo Vera, con el apoyo de quien fuera el ‘topo’ de los obispos en el bufete Cremades, Alfredo Dagnino (y actual director de Compliance de la Conferencia Episcopal), con el objetivo de ocultar la auditoría que los mismo obispos encargaron al bufete de abogados, y cuyas conclusiones eran demasiado críticas con la actuación de los obispos.
“Esa es una valoración que usted hace, que respeto pero que no comparto”, respondió el portavoz de la CEE, César García Magán, a las preguntas de varios medios sobre el estado de la denuncia que las víctimas presentaron ante la AEPD, y que fue calificada como “muy grave” por el organismo. El prelado negó que existiera “ninguna notificación” sobre la misma, al menos de manera oficial, aunque poco después matizó que la AEPD les pidió una serie de datos “que ya se han aportado”. “En este momento, está decidiéndose si esa filtración es responsabilidad de la Conferencia Episcopal, cosa que no creemos, o de otra instancia”. “No voy a entrar en quién era el responsable del tratamiento de datos”, zanjó, en la enésima trifulca que mantienen los obispos con el bufete de Cremades desde la ‘no publicación’ de la auditoría antiabusos.
Lo que sí han presentado los obispos, pero únicamente a nivel interno, ha sido la “actualización” del polémico informe ‘Para dar luz’ que motivó dicha filtración de datos, aunque “no se ha definido fecha para su publicación”.
Indemnizaciones en el aire
En esta Comisión Permanente ha comenzado a funcionar la comisión asesora que habrá de determinar, en su caso, las indemnizaciones a las víctimas, y de la que forma parte una víctima que, aclaró Magán, no está ahí por su condición, sino “como miembro de asociación de ayuda a las víctimas”. En este punto, la Conferencia Episcopal pidió “dejar trabajar libremente a la comisión”. Al tiempo, anunció que CEE y Confer organizarán un acto para las víctimas para el que todavía no hay fecha. “Es posible que el asunto se trate en la Plenaria de noviembre”, zanjó.
Los obispos sí han sido explícitos a la hora de condenar el acuerdo del Consejo de Ministros para la derogación del delito de ofensas a los sentimientos religiosos, que, en su opinión, hará que “todos los creyentes se van a ver afectados por un proceso de indefensión”. Para el portavoz episcopal, “resulta llamativo que cuando hoy hay sentimientos de las personas que están siendo protegidos, haya otros que no solo no se protejan, sino que queden reducidos a la nada”.
“Con esa norma –añadió– se reduce la dimensión religiosa, que ya no será un bien jurídico que haya que proteger”. A su vez, insistió en que “el derecho de libertad religiosa es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución”, y que la derogación acordada por el Gobierno (y que debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados) colocará a España a la cola de la defensa de los derechos de las religiones. “No es cierto lo que dice el Gobierno. De 27 países de la UE, en 21 hay tutela, solo en 6 no lo hay. Y a partir de que se apruebe, tampoco en España”.
Junto a ello, el portavoz de la CEE lamentó las cifras de abortos en nuestro país, que calificó como “una gran desgracia”, al tiempo que lamentó cómo “somos uno de los países, no sólo con este Gobierno, que menos ayuda a la natalidad tiene en Europa. Es una desgracia social y sociológica”.
En otro orden de cosas, el portavoz episcopal valoró la posible visita del Papa a Canarias, de la que dijo no tener “ninguna novedad”, aunque sí apuntó que, de producirse, se daría en un vuelo directo entre Roma y el archipiélago, aseguró que los obispos defienden al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en su pulso con las exclarisas excomulgadas de Belorado –“Tiene la paciencia del santo Job y la misericordia del hijo pródigo, aunque sus hijas no quieran volver a casa”, argumentó–, y no quiso mojarse en la trifulca entre el Obispado de Barbastro-Monzón y el Opus Dei por Torreciudad: “Que decida la Santa Sede”.
