El alcalde del municipio, Roger Cerdà, intentará negociar con el Arzobispado y la iglesia local “dentro de las buenas relaciones que mantenemos” para evitar llegar a los tribunales
El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los trámites para demandar a la Iglesia y recuperar los 8.000 metros cuadrados de suelo público en los alrededores de la ermita de Sant Josep y el conocido mirador Bellveret. Según han confirmado fuentes del Consistorio a elDiario.es, la intención es llegar a un acuerdo “amistoso” con la iglesia local y el Arzobispado “dentro de las buenas relaciones que mantenemos”, aunque se ha activado el protocolo para empezar a redactar la demanda de rescate del suelo, que también ocupa viales públicos. Se considera que la actuación del abad de Xàtiva en 2004, Arturo Climent Bonafé, no fue acorde a la legalidad y los terrenos eran del pueblo y no de la congregación.
Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, en el año 2004 el exabad de Xàtiva puso a nombre del Arzobispado los terrenos públicos aprovechando un privilegio que proviene del franquismo y que equiparaba a la Iglesia católica con la administración, y a los obispos con notarios. Una ley del Gobierno de José María Aznar validó esta prerrogativa en democracia. Gracias a esa usurpación de la propiedad del suelo, la iglesia ha tenido más fácil comercializar un local anejo a la ermita de Sant Josep que ahora es un gran restaurante. Parte de la terraza del mismo ocupa ahora suelo que debería ser público, pero que alquila la Seu de Xàtiva. Una importante fuente de ingresos para la iglesia local.
En caso de que no hubiera acuerdo inicial entre la Iglesia y el Ayuntamiento, la demanda debe seguir su curso con una reclamación inicial de propiedad del Consistorio. El municipio deberá demostrar la propiedad del suelo con un sesudo argumentario. En ese sentido, y según ha podido saber elDiario.es, desde los años 80 del siglo pasado, los presupuestos de Xàtiva han sufragado el acondicionamiento de la zona. Desde los viales a otras actuaciones para adecentar el suelo rústico. Cabe recordar, que la ermita de Sant Josep está en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, junto al mirador Bellveret, por lo que se ha convertido en uno de los lugares más visitados por visitantes y vecinos.
La propiedad de la iglesia de estos 8.000 metros cuadrados era totalmente desconocida para el Ayuntamiento. De hecho, el cambio de nombre se realizó en 2004 de tapadillo. El abad habría ido al registro y puesto la finca al nombre de la iglesia. El registro no puso ninguna pega alegando el poder del Arzobispado para realizar estar inmatriculaciones gracias a la ley de Aznar. Xàtiva no es el único ayuntamiento que se enfrenta a la iglesia por la propiedad de bienes y terrenos que deberían ser de disfrute de todos los ciudadanos y en los que la administración ha invertido cientos de millones de euros.
La Iglesia reconoció en 2022 que puso a su nombre cerca de un millar de bienes que no le corresponden. Con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el Gobierno hizo público el listado de bienes inmuebles que la Conferencia Episcopal inmatriculó gracias a la ley de José María Aznar que le permitió hacerlo con tan solo una certificación eclesiástica. A partir de la publicación de los 34.961 bienes (20.014 destinados al culto y 14.947 a distintos usos) se puso en marcha una negociación entre ambas instituciones para analizar el listado y, tras varios meses de conversaciones, la Iglesia asumió que 965 de esos bienes no le corresponden, según los datos del Ejecutivo.
El acuerdo por el que la Conferencia Episcopal reconoce que no es la legítima propietaria de esos bienes inmuebles que puso a su nombre entre 1998 y 2015 se selló al máximo nivel en un encuentro que han mantenido Pedro Sánchez y el presidente de los obispos, Juan José Omella.
El caso de los 8.000 metros de suelo de los alrededores de la ermita de Sant Josep no entra en este gran acuerdo. De hecho, era desconocido por las instituciones hasta hace unos meses. Queda evidente que el exabad de Xàtiva también se valió de la ley de Aznar y el privilegio franquista para inscribir a nombre de la iglesia unos bienes del pueblo. La demanda puede ser el inicio de una serie de tribunales o acabar rápidamente con el acuerdo amistoso de la iglesia.
