El Consejo de Ministros no aclara si también se derogarán las injurias a la Corona
El Gobierno se compromete a “abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal”
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Acción Democrática, en el que finalmente se ha incluido la reforma de los delitos de opinión, contra los sentimientos religiosos y ciertos apartados de la ley mordaza, sin que se aclare si en la futura norma, que ahora pasará al debate parlamentario, se añaden los delitos de injurias a la Corona.
En el texto que hoy ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, el Gobierno se compromete a “abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal”.
En concreto, fuentes de Justicia aclaran a RD que se trata de “una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos”. En dicha medida, se aclara que se reformarán los delitos relacionados con las ofensas religiosas y en otros casos cuando se refiera a “las instituciones del Estado”.
El acuerdo marca que la intención es darles una “redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal”. Algunas fuentes de la negociación explican que esta medida implica también la derogación de los delitos contra la Corona.
