La movilización ciudadana frenó temporalmente un proyecto de ley que penaba con 20 años de cárcel a las mujeres que abortan, incluso en caso de violación, y forzó la apertura de una comisión parlamentaria para modificar el texto
A mediados de julio, la influencer Mili dos Anjos confesó a sus más de 127.000 seguidores de Instagram que fue fruto de una violación. Tras 23 años de terapia, Mili rompió su promesa de no hablar públicamente del asunto. “Nací de una violencia que se perpetuó durante toda la vida de mi madre y ahora estamos curándonos. Nunca sentí cariño, amor o atención dentro de casa. Me parezco mucho a él (el violador) y mi madre tenía que mirar mi rostro, su rostro, todos los días”, afirmó Mili en una entrevista a Universia, un medio brasileño.
Dos Anjos, una respetada consultora de comunicación de cuarenta años, salió del cajón de las violaciones invisibles para intentar frenar el Proyecto de Ley 1904/2024 del Congreso, conocido como ‘PL de la violación’. “Abomino la manera de cómo el aborto legal estaba siendo debatido, apenas desde la perspectiva de los hombres. El borrador dice que las mujeres y los profesionales involucrados en el aborto pueden ser castigados”, matizó Mili.
Ese proyecto de ley prevé que tanto la mujer que aborte después de la vigésima segunda semana, como el médico encargado del mismo, puedan ser condenados hasta 20 años de prisión, incluso si el embarazo es fruto de una violación. La pena es mayor que la del homicidio (15 años).
La confesión de Mili dos Anjos llegó tras semanas de intensas movilizaciones contra el Proyecto de Ley de la Violación. El pasado 11 de junio, Artur Lira, presidente a la mesa del Congreso, tramitó la votación del polémico proyecto de ley con carácter de urgencia por presión de la bancada evangélica.
Dos días después, una vertiginosa secuencia de protestas convocadas por colectivos feministas tomaron las principales calles del país: entre el 13 y el 17 de junio hubo cuatro intensas jornadas de manifestaciones. Se viralizaron campañas online como Nem Presa nem morta (ni presa ni muerta) o Criança não é mãe (las niñas no son madres). “El proyecto de ley criminaliza a las mujeres, niñas y los profesionales de la salud. No podemos permitir una votación así en el Congreso”, declaraba a pie de calle Vera Soares, del Frente Estadual contra a Criminalização das Mulheres e Pela Legalização do Aborto.
La presión del movimiento feminista sacudió la opinión pública hasta el punto de que el presentador Luciano Huck, de centroderecha, declaró en hora de máxima audiencia su oposición al proyecto de ley. Artur Lira, que usa habitualmente su posición de poder para torpedear las políticas públicas del Gobierno brasileño, se vio obligado a aparcar la votación del proyecto de ley hasta agosto, aunque probablemente se retrase más.
Legado ‘bolsonarista’
La movilización feminista ha servido para visibilizar el aumento de violencia contra las mujeres brasileñas. El Anuario del Fórum de Seguridad Pública reveló que en 2023 creció un 6,5% el número de violaciones, hasta un máximo histórico de 83.988 casos, lo que equivale a una violación cada seis minutos.
Todos los indicadores de violencia contra las mujeres aumentaron, entre ellos el asesinato (0.8%) y el acoso sexual (48.7%), a pesar de que el número total de homicidios cayó un 3.4% en 2023. Samira Bueno, directora ejecutiva del Fórum de Seguridad Pública, atribuye el aumento de las cifras a la pandemia, que “puede haber exacerbado todas las formas de violencia en el contexto doméstico”.
La estadounidense Ángela Davis, uno de los nombres más destacados del feminismo mundial, achacó durante una visita a Río de Janeiro que la existencia del proyecto de ley tramitado en el Congreso brasileño es el reflejo del avance de la extrema derecha en el mundo. De hecho, lleva la marca del bolsonarismo: fue presentado por Sóstenes Cavalcante, del Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro y otros 32 congresistas de extrema derecha.
No obstante, los ataques contra los derechos de las mujeres brasileñas vienen de lejos: “La amenaza contra los derechos de las mujeres son previos a la existencia del bolsonarismo. Pero no podemos negar que la situación se agravó drásticamente durante los cuatro años de Gobierno de Bolsonaro. Los efectos todavía se perciben”, asegura a elDiario.es, Rebeca Mendes, abogada y directora del Projeto Vivas. Mendes denuncia el empeoramiento generalizado del derecho al aborto legal. Aunque el aborto en Brasil no es legal, está permitido en tres situaciones: violación, acefalía del feto y para salvar la vida de la mujer.
La abogada critica el cierre de las unidades de referencia de los hospitales públicos habilitadas para el aborto legal, así como la persecución de los médicos que lo practican. La Revista Piaui reveló en un reportaje cómo los grupos conservadores intentan por todos los medios impedir la realización del aborto legal. El lobby está presionando tanto que abortar en Brasil está convirtiéndose en una misión casi imposible.
En la actualidad, apenas 104 de los 5.680 municipios del país ofrecen la posibilidad de abortar en el sistema de salud público. Un reportaje del periódico estadounidense The Washington Post del pasado mes de febrero describía cómo las brasileñas están viéndose forzadas a viajar en autobús, coche o avión para abortar en otros países de América Latina.
Interferencias ilegales
La revuelta feminista ha puesto en el centro de la diana la actuación del Consejo Federal de Medicina (CFM) de Brasil. Esta organización profesional, creada para velar por la excelencia médica, prohibió la utilización de la asistolia fetal, recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la interrupción del embarazo. El CFM –que durante el mandato de Bolsonaro se inclinó hacia posturas ultras–, no sólo excede sus competencias legales, sino que no renueva su licencia a los profesionales que practican el aborto legal, como denuncia la BBC.
De hecho, el proyecto de ley de la violación nació cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) suspendió la resolución del CFM que prohibía la asistolia fetal.
De momento, el movimiento feminista ha conseguido una victoria temporal importante. No sólo se ha retrasado la votación del proyecto de ley, sino que se ha forzado la creación de una comisión parlamentaria para modificar el contenido del mismo. A su vez, la opinión pública empieza a moverse hacia posiciones menos conservadoras. A pesar de que el 70% de los brasileños es contrario al aborto, el porcentaje de los que se oponen a castigar el mismo no para de crecer: un 59% según el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de Campinas (Unicamp).
Pero la batalla del aborto está lejos de haber concluido en Brasil. La extrema derecha, aireando una de sus guerras culturales predilectas, ha registrado en el Parlamento veinte nuevos proyectos de ley contra el aborto desde el escándalo del Proyecto de Ley de la Violación, la mayoría inconstitucionales.
