Una argucia permitiría al cojefe de estado (y obispo de La Seu d’Urgell) no firmar el cambio legal
Andorra quiere despenalizar el aborto. Una negociación discreta entre el Govern y el Vaticano prevé cerrar antes de que acabe la legislatura–las últimas elecciones fueron en 2023– un cambio en el código penal que impedirá perseguir a las mujeres andorranas que aborten.
El Govern incluso estudia facilitar que lo hagan en otros países cargando los costes a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). En ningún caso se contempla que la sanidad andorrana incluya dichas operaciones en su catálogo, y el médico que lo practicara sí podría ser perseguido policial y judicialmente, según fuentes conocedoras de los cambios que sopesa el gobierno.
Es un asunto espinoso en el pequeño país pirenaico, por su profunda raigambre religiosa y porque por mandato constitucional uno de sus dos copríncipes o jefe de estado es el obispo de La Seu d’Urgell; el otro es el jefe de estado de Francia.
El actual Código Penal andorrano permite perseguir incluso a las mujeres que aborten fuera de sus fronteras, aunque tal circunstancia no se ha producido nunca.
Desde hace unos pocos meses, Andorra cuenta con el visto bueno del Vaticano para avanzar en la despenalización, según fuentes cercanas a la negociación.
Meses atrás, el país pirenaico contrató, con el visto bueno del Bisbat d’Urgell, al profesor de la Universidad Pontificia Comillas (UPC) Federico de Montalvo, una eminencia en bioética con décadas de experiencia en este ámbito.
Justamente este lunes se prevé un nuevo encuentro entre De Montalvo y el gobierno andorrano.
Montalvo ya elaboró un informe en 2021 en el que apuntaba que “si la vida en formación vale más cuanto más se acerca el nacimiento, al principio de la gestación se puede dar prioridad al interés de la embarazada”. Lo limitaba a 14 semanas.
El secretario de estado del Vaticano, Pietro Parolin, analizó la cuestión en septiembre durante una visita al principado
En septiembre, ni más ni menos que el secretario de estado del Vaticano, Pietro Parolin, visitó el Principado. Formalmente lo hizo con motivo de la fiesta nacional de Andorra, en el Día de la Mare de Déu de Meritxell (8 de septiembre), pero fuentes cercanas al Govern d’Andorra apuntan que aquella visita supuso el aval definitivo para abordar la cuestión.
Requerido entonces por los medios, Parolin admitió que la del aborto “es una cuestión muy delicada y muy compleja que tenemos que afrontar con mucha discreción y con mucha sabiduría”.
El religioso remarcó que la Iglesia defiende “la vida en todas sus etapas como principio fundamental”, aunque la Iglesia también desea “estar cerca y ayudar a todas las personas que se encuentran en dificultad”, en referencia a las mujeres “que encuentran dificultad en tener el hijo”, colocando una eventual solución encima de un alambre.
En Europa sólo Malta, San Marino y el propio Vaticano siguen considerando delito el aborto, además de Andorra
“Por otro lado también tenemos el problema del sistema constitucional, porque hay un obispo que es el copríncipe de este estado y no es fácil compaginar estos dos aspectos”, prosiguió, “estamos trabajando, estamos reflexionando y estamos profundizando, son cosas que no se resuelven de hoy para mañana, necesitan mucha participación y compromiso”. Las conversaciones se han intensificado desde entonces.
En Europa, además de Andorra, sólo Malta, San Marino y el propio Vaticano siguen considerando delito el aborto.
En el resto del mundo son ya sólo 24 países, según un informe de Amnistía Internacional, entre ellos Nicaragua, Irak o Senegal.
Fuentes del Obispado de Urgell señalan que “Andorra tiene unas circunstancias histórico-políticas muy peculiares y complejas que hay que entender”, mientras remarcan que “hay grupos que viven en Andorra desde hace poco tiempo que quieren importar marcos mentales distintos”. Por otro lado, recuerdan, “muchísimos andorranos bajan a Barcelona para cualquier especialidad médica compleja”.
Andorra tiene unas circunstancias histórico-políticas muy peculiares y complejas que hay que entender”
Fuente anónima del Bisbat d’Urgell
El principado lleva años analizando la cuestión y tratando de buscar un acomodo legal que por un lado no desentone con los países de su entorno y por otro no genere un entuerto teológico al Vaticano.
Las leyes las firman en Andorra los dos copríncipes, pero un obispo no podría en ningún caso dar por buena una despenalización del aborto. Por ello, el gobierno planteará una fórmula para que ese cambio legal sea sancionado únicamente desde el lado francés, y la firme sólo Emmanuel Macron. O quien ocupe el cargo cuando llegue el momento.
No sería la primera vez. Tres cambios legales recientes que podían chocar con la doctrina católica fueron firmadas desde el norte, eximiendo al obispo de La Seu.
La ley 4/2005 de “uniones estables de pareja” acaba diciendo “nosotros los copríncipes la sancionamos y promulgamos” pero a continuación figura únicamente el nombre de Jacques Chirac, por entonces jefe de estado francés.
En tres cambios legales delicados anteriores, Andorra evitó que los firmara el copríncep de La Seu, y lo hicieron sólo Jacques Chirac y Emmanuel Macron
Lo mismo ocurrió con la 12/2019, de reproducción asistida, y con la más reciente 30/2022, de la familia y sus formas, que fueron firmadas sólo por Macron. La misma argucia se aplicaría a la del aborto, para evitar problemas a Roma.
El presidente del país, Xavier Espot, de la conservadora Demòcrates per Andorra, querría aprobar este cambio antes de las nuevas elecciones, que en principio deberían celebrarse en 2027. Sería un gesto hacia las mujeres y también tratando de ampliar su abanico de votantes, según fuentes cercanas al Govern.
En los últimos meses, el asunto ha generado mucho ruido, dentro y fuera de Andorra.
La activista y líder de Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, fue denunciada por el Govern por presunta difamación criminal por oponerse en 2019 a la prohibición total del aborto en Andorra durante una reunión del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
No me pueden perseguir por algo que he hecho legalmente en otro país: ¿con qué derecho lo harían?”
Vanessa Mendoza CortésPresidenta Stop Violències
La fiscalía la acusó de difamación criminal contra las instituciones estatales y los jefes del Estado, cargos que pueden comportar prisión. Se levantó una monumental polvareda internacional por la vulneración de la libertad de expresión. Finalmente llegó a juicio en diciembre de 2023 acusada únicamente de causar “desprestigio a las instituciones”, pero ni así: el 17 de enero de este año quedó absuelta.
Mendoza Cortés denuncia a este periódico que “la gente teme a este estado teocrático, donde los que mandan son los que hacen las leyes y los que tienen los negocios”, lamenta que el país sigue sin tener “ni siquiera una batllia [juzgado] especializada en género” y califica de “verdadera payasada” el cambio que plantea el Govern sobre el aborto: “No me pueden perseguir por algo que he hecho legalmente en otro país: ¿con qué derecho lo harían?”.
Stop Violències nació en 2014 y ha creado Xarxa La Mari, una red que ayuda a las mujeres a abortar en España. La operación cuesta entre 300 y 6.000 euros, según el momento gestacional.
La presidenta de la Associació de Dones d’Andorra, Mònica Codina, remarca que “nosotras ya en 2013 recogimos firmas pidiendo la despenalización en los tres supuestos [violación, malformación o riesgo para la vida de la madre] y como entidad feminista querríamos la legalización del aborto, pero somos realistas y prudentes, no es algo que en un coprincipado como Andorra se pueda prever ni a corto ni a medio plazo”.
Unas 150 mujeres andorranas abortan cada año en España, algunas de ellas ayudadas por una entidad feminista: aunque la ley lo permite, ninguna fue perseguida por ello
No existen cifras oficiales del número de mujeres que desearían abortar en Andorra, aunque fuentes de los movimientos feministas estiman que son alrededor de 150 las que bajan a Catalunya a hacerlo cada año; otras, en número desconocido, lo hacen en Francia. Andorra tenía en el último censo oficial 79.824 habitantes.
Mendoza Cortés denuncia que ni siquiera las píldoras abortivas están disponibles en su territorio, por lo que la mujer que la necesita debe acudir a La Seu d’Urgell (20 kilómetros desde Andorra La Vella) y conseguirla. “Y las conseguimos”.
“El problema es si tenemos una complicación después: no hay seguimiento médico posible. Es una vergüenza”.
Este diario intentó obtener las versiones del Vaticano y del Govern de Andorra. Un portavoz del primero no contestó; un portavoz del segundo alegó problemas de agenda del ministro responsable de las negociaciones.
