En 2023 el 44% de los demandantes lograron una resolución positiva para la prestación, seis puntos menos que en 2022; la asociación Derecho a Morir Dignamente considera que los datos evidencian las dificultades que siguen encontrando los pacientes tres años después de la aprobación de la ley
En 2023 hubo un 20% más de solicitudes de eutanasia que un año antes. 727 personas pidieron ayuda para morir dignamente en España frente a las 576 de 2022. Sin embargo, solo el 44% de ellas (323) accedieron a la prestación, es decir, pudieron morir acorde a su voluntad, según los datos provisionales que aporta el Ministerio de Sanidad. Pese al crecimiento de solicitudes en el tercer año de aplicación de la ley, el porcentaje de personas que vieron reconocido su derecho de pedir ayuda para fallecer es menor que en 2022, según el Informe de Evaluación Anual del Ministerio. Entonces se situaba en el 50%.
Aquel año, además, uno de cada tres solicitantes murieron sin que se resolviera su proceso, que se demora de media 75 días “cuando no debería superar los 35”, según la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Aunque la norma no fija plazos, en unas circunstancias adecuadas, el procedimiento debería culminar en torno al mes de iniciarse la solicitud.
DMD considera que las trabas se ven de manera cristalina a través de los datos oficiales y afirma que todavía las “comunidades autónomas no están en condiciones de garantizar una tramitación adecuada”. A la organización le sorprende “el gran número de solicitudes denegadas con motivaciones muy variadas y contradictorias según el territorio”. Una vez denegadas, un tercio de los solicitantes logran que su recurso sea aceptado y la decisión negativa se revierta, “lo cual permite cuestionar la base sobre la cual se formulan denegaciones”, ha señalado el vicepresidente de la asociación, Fernando Marín, este martes en una rueda de prensa.
La organización ha vuelto a denunciar las dificultades que siguen encontrando los ciudadanos para acceder a este derecho reconocido por ley desde hace ahora tres años. Marín ha puesto ejemplos concretos: “que el papel de solicitud se quede vagando durante semanas”, “recibir respuestas fuera de lugar como que existen tratamientos fantásticos para tratar tu enfermedad neurodegenerativa que nadie te ha ofrecido” o “de repente un informe de un trabajador social que no está en la ley y que se inventa la comisión de garantías”. “Todo esto es maltrato institucional y provoca que ejercer un derecho se convierta en una pesadilla”, ha apostillado.
“Muchos confunden que debes estar en paliativos”
En el literal, la norma establece que el derecho a la eutanasia puede solicitarse en un contexto de sufrimiento “que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios”. Uno de los problemas a los que se enfrentan las personas solicitantes es que los médicos asocien la petición, para ser efectiva, con que el paciente esté en un “contexto agonizante”.
“Fue la gran discusión del neurólogo con mi padre cuando pidió acceder a su derecho. Estaba lúcido pero tenía una enfermedad crónica, imposibilitante e incurable, por lo tanto cumplía los requisitos de la ley, que en ningún caso dice que debe estar en grado avanzado. Muchos confunden que debes estar en cuidados paliativos”, ha denunciado Gina Montaner, su hija, un año después del fallecimiento de su progenitor. “Hubo un momento que dije al médico: si te traigo a mi padre en una silla de ruedas, sin capacidad cognitiva, ¿me dirías que sí? Y afirmó”, ha contado. Finalmente y tras recurrir la decisión, el padre de Gina consiguió ejercer su derecho.
En el caso de Ángel Martín, que también ha contado su experiencia, la administración puso en duda el testamento vital de su esposa Fernanda: “Consideraron que ese documento no tenía validez”. Fernanda era enfermera, tenía una demencia y registró que quería ayuda para morir cuando estuviera en “contexto eutanásico”. Cuando llegó el momento, su marido inició el trámite con muchas dificultades.
Para iniciar el proceso, es necesaria la valoración inicial de un médico responsable, de un segundo médico especialista en la dolencia del paciente, sin relación con él ni con el primer profesional, y el visto bueno de la Comisión de Garantía y Evaluación (CGE), formada por sanitarios y juristas de cada comunidad autónoma. La ley establece que, en caso de que alguno de los sanitarios sea objetor de conciencia, debe remitir la solicitud a sus jefes para que busquen otro facultativo. DMD cree que es necesario “hacer campaña sistemática y proactiva para dar conocimiento de la ley y trabajar la formación de los profesionales para una prestación que les cambia el chip porque la decisión de morir descansa sobre el paciente”.
Según los datos definitivos de 2022, publicados por Sanidad, donde más eutanasias se realizan sobre las solicitadas es en La Rioja (80%), Navarra (68%), Madrid (61%), Euskadi (60%). A la cola están Extremadura y Balears, donde solo llegan a término el 27% de las solicitudes, Aragón (30%) y Castilla-La Mancha (35%). El Ministerio está en vías de publicar el informe definitivo de 2023 con los datos que les hagan llegar las comunidades autónomas. En los tres años que lleva en vigor la ley, ocho –Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra– todavía no han publicado ningún informe de evaluación de su aplicación, aunque sí remiten a Sanidad los datos.
