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Hoy es 19 de junio. Faltan 11 días para las elecciones internas y 130 para las nacionales.
La bancada de senadores del Partido Nacional (PN) decidió no votar el proyecto de ley de eutanasia que fue aprobado por la Cámara de Representantes a comienzos de octubre de 2022, y que por lo tanto quedará descartado en el resto del actual período de gobierno. Las personas decididas a no sufrir más los dolores, deterioros e indignidades que acompañan “la etapa terminal” de enfermedades “incurables e irreversibles” se verán privadas, quién sabe hasta cuándo, de asistencia médica legal para poner fin a sus vidas, y el hecho merece algunas reflexiones políticas.
La iniciativa llegó a la Comisión de Salud del Senado hace unos 20 meses. A fines de 2022 se anunció que sería votada en 2023, pero eso no sucedió. En marzo de este año, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que había “un acuerdo” en el oficialismo para votarla antes de que terminara abril, pero eso tampoco sucedió. La Comisión de Salud sesionó por última vez el 16 de abril, y ahora Bianchi dice que ya no hay tiempo para tratar el proyecto como es debido, que no está dispuesta a aprobar “a lo loco” una “desprolijidad” o “cualquier cosa”, y que su partido se compromete a retomar y concluir el proceso legislativo el año que viene, luego de que se renueve la integración del Parlamento.
Es evidente que hubo tiempo de sobra para trabajar desde octubre de 2022, como se hizo antes en Diputados. Más bien parece que tiene razón el diputado colorado Ope Pasquet, impulsor de esta iniciativa, al afirmar que falta voluntad política. Y se puede agregar que también falta sinceridad por parte de una parte de quienes alegan que es preciso perfeccionar la iniciativa, cuando en realidad se oponen por motivos ideológicos a la eutanasia y no quieren que se apruebe ninguna norma que la permita.
Se ha insistido en que antes de legislar sobre este tema hay que universalizar el acceso a cuidados paliativos de la mejor calidad, pero se trata de un argumento defectuoso. Es muy deseable que haya un esfuerzo por mejorar cada vez más los alivios del dolor, pero esa tarea no tiene fin, y no corresponde que un Estado laico decida cuál es el límite de los padecimientos que las personas deben aceptar. Más en general, tampoco corresponde que un Estado laico le impida morir a una persona que quiere hacerlo, y a esto se debe que el intento de suicidio no sea un delito en Uruguay.
En lo referido al aborto o al consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco o la marihuana, la legalización no obliga a nadie: sólo implica que el Estado se abstiene de penalizar decisiones libres, para centrar sus esfuerzos en la regulación y en lograr que esas decisiones sean adoptadas con buena información sobre sus consecuencias y alternativas. En el caso de la eutanasia, las consecuencias son bastante obvias, y la información que un Estado laico puede proporcionar no se refiere, por supuesto, a la necesidad de someterse a la voluntad de algún ser superior que nos haya dado la vida, o de evitar un castigo eterno.
Quienes se oponen a este proyecto por motivos religiosos deberían atreverse a decirlo en plena campaña electoral y afrontar las consecuencias. Desde su punto de vista, mentir es pecado.
Hasta mañana.
