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El anuncio de la reapertura de las investigaciones sobre los abusos sexuales cometidos por el jesuita catalán Luis María Roma Pedrosa, conocido como ‘Lucho Roma’, es un paso necesario pero insuficiente en la búsqueda de justicia para las víctimas y la rendición de cuentas por parte de los encubridores.
Durante décadas, Roma abusó sistemáticamente de cientos de niñas indígenas en Charagua, Santa Cruz, entre 1994 y 2005, mientras realizaba su labor pastoral.
Lo que hace que este caso sea aún más repugnante es que el propio Roma dejó un registro detallado de sus actos depravados en un diario personal, donde confesó haber fotografiado, filmado y abusado de más de un centenar de niñas guaraníes.
Estos “manuscritos de Charagua”, como los denominaron los investigadores eclesiásticos locales, contienen evidencia abrumadora de los crímenes cometidos por Roma. Sin embargo, la Compañía de Jesús optó por guardar silencio y encubrir estos hechos atroces durante cuatro largos años, negando a las víctimas la oportunidad de obtener justicia y reparación.
Este encubrimiento sistemático por parte de la Compañía de Jesús es inaceptable y representa una traición a los principios más básicos de la moral y la ética. En lugar de denunciar los abusos y colaborar con las autoridades competentes, la jerarquía eclesiástica eligió proteger a uno de sus miembros, perpetuando así el ciclo de abuso y trauma.
Es imperativo que las investigaciones no se enfoquen únicamente en el fallecido Roma, sino también en aquellos que fueron cómplices del encubrimiento. Los responsables de ocultar y proteger a este depredador deben rendir cuentas ante la justicia por su complicidad en estos crímenes atroces.
Lamentablemente, este no es un caso aislado. Hace poco más de un año, también salió a la luz el caso del jesuita pederasta Alfonso Pedrajas Moreno, conocido como ‘Pica’, quien abusó de más de 85 niños y adolescentes en un colegio de Cochabamba. Una vez más, la Compañía de Jesús fue acusada de encubrir estos abusos y proteger a los perpetradores.
Es hora de que la Iglesia católica, y en particular la Compañía de Jesús, asuma su responsabilidad y colabore plenamente con las autoridades para llevar ante la justicia a todos los involucrados en estos crímenes aberrantes. No puede haber lugar para el encubrimiento ni la impunidad cuando se trata de abusos sexuales contra menores.
Además, la Iglesia debe brindar apoyo y reparación adecuados a las víctimas y sus familias, quienes han sufrido un trauma inimaginable. Es crucial que se establezcan mecanismos efectivos para prevenir futuros abusos y garantizar la seguridad de los niños y jóvenes bajo el cuidado de la Iglesia.
La sociedad boliviana se mantiene vigilante y exige la rendición de cuentas a la Iglesia católica. Estos casos no pueden ser simplemente enterrados y olvidados. La justicia debe prevalecer, y los culpables, tanto perpetradores como encubridores, deben enfrentar las consecuencias de sus actos.
Es hora de que la Iglesia católica demuestre su compromiso con la protección de los más vulnerables y la erradicación de los abusos sexuales en sus filas. El encubrimiento y la pasividad ya no son opciones aceptables. La justicia debe ser impartida sin dilación.
