Los eurodiputados insisten en que la UE no financie grupos antiabortistas y repiten: «Es un derecho fundamental».
El Parlamento Europeo clama porque la UE proteja el derecho al aborto y así ha respaldado este jueves por amplia mayoría que el «aborto seguro» se incluya en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, con un resultado de 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones. Se trata de un llamamiento al Consejo, pues son los Estados miembros los que tienen la última palabra en este sentido.
Los eurodiputados, además, condenan el retroceso en los derechos de las mujeres y «todos los intentos de restringir o eliminar las protecciones existentes para la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) y la igualdad de género que tienen lugar a nivel mundial», incluidos los Estados miembros de la UE. En este sentido, quieren que se modifique el artículo 3 de la Carta para que establezca que «toda persona tiene derecho a la autonomía corporal, al acceso libre, informado, pleno y universal a los DSSR y a todos los servicios sanitarios conexos sin discriminación, incluido el acceso al aborto seguro y legal».
El texto insta a los Estados miembros a despenalizar totalmente el aborto, en línea con las directrices de la OMS para 2022, y a eliminar y combatir los obstáculos al aborto, pidiendo a Polonia y Malta que deroguen sus leyes y otras medidas que lo prohíben y restringen. Los eurodiputados condenan el hecho de que, en algunos Estados miembros, el aborto sea denegado por facultativos médicos, y en algunos casos por instituciones médicas enteras, basándose en una cláusula de «conciencia», a menudo en situaciones «en las que cualquier retraso pondrá en peligro la vida o la salud de la paciente», concluyen.
Por otro lado, los eurodiputados muestran su preocupación «por el significativo aumento de la financiación de grupos contrarios a la igualdad de género y al derecho a decidir en todo el mundo», incluida la UE. Piden a la Comisión que garantice que las organizaciones que trabajan contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres, incluidos los derechos reproductivos «no reciban financiación de la Unión» de aquí en adelante. «Los Estados miembros y los gobiernos locales deben aumentar su gasto en programas y subvenciones a los servicios sanitarios y de planificación familiar», concluye la resolución.
Asimismo, recuerdan que Francia se convirtió el 4 de marzo de 2024 en el primer país en consagrar el derecho al aborto en su Constitución. La sanidad, incluida la salud sexual y reproductiva, es competencia nacional. Modificar la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para incluir el aborto requeriría el acuerdo unánime de todos los Estados miembros.
