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Las clausuras siguen siendo las grandes desconocidas, al no estar sus obras convenientemente descritas y fotografiadas
Siempre me ha llamado la atención nuestra Semana Santa y las procesiones. No tanto desde el punto de vista antropológico o social, que tiene su interés, sino como actuación artística (ya hablé en su momento de la perfomance total de la Semana Santa). Es muy curioso como unos conjuntos escultóricos se sacan de su contexto habitual dentro de grandes retablos, capillas, iglesias o, incluso, museos – es lo que ocurre en Valladolid con tallas de Juan de Juni, Alonso Berruguete y Gregorio Fernández en el museo nacional de escultura; o en Murcia con las de Salzillo en el museo del mismo nombre-, para ser vistas y vividas por multitudes que se agolpan en las calles.
Más allá de una cuestión de devoción o sentimiento religioso, la mayoría de las esculturas que en estos días toman las ciudades y pueblos a lo largo del territorio español son obras de una gran calidad artística con más de cuatrocientos años de antigüedad en muchos casos. La línea entre la conservación adecuada de las mismas y su función es complicada de marcar, y no es la primera vez que se producen encendidas controversias entre las hermandades y cofradías y los responsables de su conservación para su permiso de salida.
Este preámbulo me ayuda a situar al lector ante la reflexión que quiero traer a estas líneas, y que no es otra que la importancia de la conservación y protección de las obras artísticas dentro de los espacios para los que fueron hechas. Creo que la mayoría de los lectores estarán de acuerdo en el peso que el patrimonio artístico español tiene dentro de nuestra sociedad. Independientemente de los conocimientos o formación, una gran mayoría advierte la importancia de ese legado cultural y artístico que nos pertenece. Por eso, llama la atención que en los últimos años estemos viviendo un soterrado despojo de los bienes muebles de la iglesia del que pocas voces están dando testimonio.
Hemos vuelto a ese espíritu de desmantelamiento de espacios religiosos que en España se vivió con la desamortización. Es verdad que a finales del siglo XVIII ésta se planteó como un recurso para ganar tierras de labradío que pudieran revertir en el bien de la nación. Las consecuencias, además de que las tierras continuaron siendo propiedad de unos pocos pues las adquirían quienes tenían dinero en ese momento, es el vaciado de las iglesias y conventos exclaustrados, con la consiguiente pérdida del patrimonio artístico que atesoraban. En especial, aquél más susceptible de transportarse como esculturas, pinturas, objetos litúrgicos, tapices o libros, que terminaron, en su mayoría, en colecciones privadas y en el mercado extranjero.
Lamentablemente, esta situación se está perpetuando actualmente, de forma callada y sin llamar la atención. Es una evidencia que las órdenes religiosas están viviendo una crisis, por lo que es una necesidad cerrar antiguos conventos y monasterios y concentrar a sus religiosos en espacios más propicios, tanto por cuestiones de comodidad como de salud. Grandes edificios y lo que contienen se venden. El caso de los inmuebles es fácil de seguir, pues muchos de ellos pasan a ayuntamientos y administraciones que los acondicionan para usos comunes, salvándolos así de su deterioro y abandono. El problema radica en los bienes muebles de estos espacios, en muchos casos, sin inventariar, y que vemos que terminan en el mercado, a pesar de la existencia de una ley específica que los ampara (Ley 16/1985 del PHE, y ampliación transitoria quinta de la Ley 6/2021), por lo que sólo se podrían vender al Estado, entidades públicas u a otras instituciones religiosas.
Las clausuras siguen siendo las grandes desconocidas, al no estar sus obras convenientemente descritas y fotografiadas. ¿Cómo se va a poder proteger ese patrimonio si se desconoce que existe? Este un tema para el que se necesita una articulación general global. Las órdenes religiosas se rigen por estructuras provinciales que nada tienen que ver con las actuales fronteras autonómicas, por lo que es el Estado quien debe velar ese trasiego, a pesar de haber transferido competencias. Afortunadamente, como suele ocurrir, es la movilización civil la que siempre está a la altura y salva muchas de estas piezas del ávido mercado.
