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Los haredim tan sólo representan el 14% de la sociedad israelí pero serían un Estado dentro del Estado que intentan fagocitar todas las áreas sensibles del poder del Estado judío (Interior, Vivienda, el Mosad y los mandos del Tzáhal o Ejército judío) e imponer la Halajá o ley judía a más del 43% de población que se declara laica, de lo que sería paradigma el hecho de que el Estado israelí no permite el matrimonio civil.
Los ultraortodoxos judíos serían una casta ociosa (6 de cada 10 no trabaja y se dedican al estudio del Torá) que gozaría de prebendas y privilegios y que tendría a la población laica como siervos para sufragar su manutención, sanidad y educación así como la defensa de las fronteras de Israel al estar exentos de cumplir el servicio militar según la Ley aprobada por Ben Gurión en 1948.
Netanyahu presionado por los dos grandes partidos ultraortodoxos, Shass y Judaísmo Unido de la Torá, procedió a congelar una serie de reformas emprendidas por Lapid sobre recortes económicos entre la comunidad ultra ortodoxa, modificar las reformas en las leyes de conversión y la ley de enrolamiento universal, que por primera vez forzaba a cerca de 66.000 jóvenes ultraortodoxos de entre 18 y 26 años a entrar en el Ejército, debido a la ola de protestas sociales de una clase media que se quejaba de los exagerados privilegios que éstos recibían a pesar de no contribuir “ni a las arcas públicas ni al “peso” de la seguridad nacional”, pues los ultraortodoxos estarían exentos de cumplir el servicio militar pero la ley que permite esta exención fue anulada en 2012 por la Corte Suprema.
Así, según un sondeo reciente, el 70% de la población judía considera que los ultraortodoxos deben aportar a la seguridad del país y hacer el servicio militar durante la guerra de Israel en Gaza, por lo que la previsible entrada en vigor en Mayo de dicha Ley de enrolamiento obligatorio, forzará a a los dos grandes partidos ultraortodoxos, Shass y Judaísmo Unido de la Torá, que se oponen ferozmente al reclutamiento de judíos ultraortodoxos, a abandonar el Gobierno de Coalición y a convocar nueva elecciones.
Dado el incremento de la desafección de la sociedad israelí respecto a Netanyahu debido a su nefasta gestión de la crisis con Hamas y a su nulo interés por rescatar con vida a los rehenes judíos, según los últimos sondeos el Likud de Netanyahu sería apeado del Poder, no siendo descartable la conformación de un Gobierno de Salvación, cuya tarea primordial sería reeditar los Acuerdos de Oslo que posibiliten la coexistencia pacífica de Dos pueblos en Dos Estados.
Mientras, Netanyahu, un político nefasto que intentó dar un golpe de mano autocrático para posteriormente instaurar un régimen Presidencialista, podría enfrentarse a un juicio penal en el que será acusado de negligencia y crímenes contra los Derechos Humanos, lo que podría suponer una condena penal y su salida definitiva del escenario político israelí.
