En pleno Concilio Vaticano II, un estudio de opinión mostró la disposición de los creyentes españoles a ceder en los dogmas marianos para favorecer el ecumenismo
España, tierra de María. El atributo que el papa Juan Pablo II brindó a España desde su primera visita en 1982 a su emotiva despedida en el 2003 viene de lejos. De hecho, marca una tradición teológica propia definitivamente fijada en todo el catolicismo ya en el siglo XIX con el dogma de la Inmaculada Concepción de María.
Hasta entonces, la madre de Jesús había sido siempre virgen desde que la tradición hispana asumió las tesis de san Ildefonso de Toledo, un noble visigodo de principios del siglo VII. También su propia concepción estaba también libre de pecado, como desde principios del siglo XII recogen varios ritos de celebración en el Reino de Navarra y la Corona de Aragón, probablemente extendidos al resto de reinos y condados cristianos de la Península. No en vano, en la Hispania romana se apareció ya la Virgen al Apóstol Santiago cuando difundía la fe en Caesar Augusta, la actual Zaragoza, para que no desfalleciese en su empeño.
En esa tierra de María, con un culto mariano extendido a lo largo y ancho de su geografía, con incontables advocaciones a la virgen en cada región, ciudad, pueblo o aldea, y un fervor popular que trascendía la religión, la figura y el significado de la madre de Dios era uno de los principales elementos discordantes con los que se encontró el Concilio Vaticano II en su búsqueda del ecumenismo y reencuentro de los credos cristianos.
En este contexto, el Instituto de la Opinión Pública, precedente del actual Centro de Investigaciones Sociológicas, decidió realizar a principios de 1965 un estudio para poner negro sobre blanco. Se trataba de determinar el grado de información que sobre el Concilio Vaticano II tenía la sociedad española, sus actitudes y prácticas religiosas y sus opiniones sobre la libertad religiosa. Para poner la guinda y sin que aparentemente viniese a cuento, el estudio también se interesaba por sus opiniones sobre el control de natalidad. La encuesta se realizó entre el 25 de enero y el 5 de febrero de 1965 sobre un universo de 860 personas de diferentes sexos y condición social, aunque exclusivamente residentes en Madrid.
El resultado no dejó de ser sorprendente, ya que en esa búsqueda del ecumenismo que impulsaban tanto Juan XXIII como Pablo VI, una mayoría de los encuestados aceptó de buen grado ceder en relación a los dogmas marianos, presumiblemente tan arraigados en la historia, la tradición y el culto popular. Simplemente para facilitar un acercamiento a las iglesias ortodoxas y protestantes, pese a tratarse de realidades totalmente ajenas, especialmente en la España de la época. A ello se sumó una postura de absoluto respeto a esos otros credos que venía a avalar el aperturismo confesional que promovía el régimen.
Sólo un 26% de los encuestados se declaraba “muy religioso”, dominando rotundamente los que aceptaban la respuesta inducida de “medianamente religioso” (72%) y siendo prácticamente residual la de “indiferente” o “nada religioso” (2%). En cualquier caso, como cristianos católicos se definía el 99%. La pregunta revelaba, curiosamente, que el nivel de ingresos marcaba también el grado de religiosidad, ya que los encuestados que declaraban menos ingresos eran más religiosos proporcionalmente que aquellos que declaraban una mayor renta.
Practicantes se decía un también rotundo 98%, aunque con importantes matices, ya que sólo un 25% asistía “con mucha regularidad” a oficios religiosos y cumplía estrictamente con los sacramentos. El 57% lo hacía “con cierta regularidad” y un 15% “con poca”; es decir, puntualmente. De nuevo, el nivel de renta era inversamente proporcional a la práctica religiosa, aunque esta vez con la salvedad del segmento más bajo, que no destacaba por su constante presencia en misa.
Sobre la actualidad de la Iglesia, un 64% conocía que se estaba celebrando el Concilio Vaticano II. Los más informados proporcionalmente eran aquellos con rentas más elevadas, aunque los que aseguraban que lo habían seguido eran menos: un 59%, fundamentalmente por prensa, televisión y radio, por este orden.
Y en este punto del estudio llegaba una de las preguntas clave: ¿Qué hacer para propiciar el ecumenismo que había propugnado el concilio? Un sorprendente 45% de los entrevistados tenía claro que había que renunciar a lo que hiciese falta para conseguir la unión de las diferentes iglesias cristinas, “aún a costa de ceder los principios importantes”. La opción de “acercarse, pero manteniendo cada una de las partes esenciales” la avalaba un 33% y por la “separación radical” existente se postulaba apenas un 3%.
Un 45% tenía claro que había que renunciar a lo que hiciese falta para conseguir la unión de las iglesias cristinas
A partir de ahí podría entenderse que los encuestados también estuviesen dispuestos a ceder sobre un aspecto aparentemente fundamental como el culto a la Virgen María, como proponía la siguiente cuestión. Y así era cómo a un 42% no le importaría “ceder en algo” a fin de llegar a un acuerdo con los otros cultos cristianos, frente a un 32% que se mostraba irreductible. El resto, o no lo tenía muy claro o prefería no responder.
Transitando por cuestiones espinosas, la encuesta preguntaba también por el Estatuto de los Acatólicos, el nombre con el que se popularizó –por motivos obvios– el Anteproyecto de Ley sobre la Condición Jurídica de las Confesiones Acatólicas en España y de sus Miembros. Un texto que culminaría con la ley de Libertad Religiosa de 1967 que el régimen se vio obligado a implementar para abrirse al mundo.
Apenas un 11% de los encuestados conocía este Estatuto, y entre ellos un 87% no sabía de qué. Es decir, que con suerte había oído hablar de él a pesar de haber respondido afirmativamente. Conociendo o desconociendo este Estatuto, la mayoría (48%) consideraba que católicos y acatólicos –la forma en que se dio en llamar a los fieles de otras religiones, incluidas las cristianas– debían ser considerados iguales. Un reducto del 13% defendía, sin embargo, que en España sólo se debería practicar el catolicismo.
Sorprendentemente, la encuesta enlazaba sin solución de continuidad las preguntas sobre la libertad religiosa con el control de la natalidad, preguntando a los entrevistados si consideraban que había un problema de población en el mundo, a lo que un 47% contestaba afirmativamente.
En cuanto al control de esta natalidad supuestamente exacerbada, había división de opiniones: un 31% consideraba que debía permitir “en la forma permitida por la Iglesia” en tanto que un 26% apoyaba la opción de permitir “por cualquier medio”, aunque sólo cuando existiesen “razones graves”. La opción de “tener la libertad para tener o no hijos” apenas contaba con el apoyo de un 15% de los participantes en el estudio.
A partir de ahí, una serie de preguntas sobre la actualidad internacional atestiguaban en escaso conocimiento o poco interés –probablemente ambos– que demostraba tener la sociedad española en lo que acontecía más allá de sus fronteras.
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Esta pieza forma parte de una serie de contenidos que recupera algunos estudios demoscópicos que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha hecho públicos con motivo de su 60.º aniversario desde una perspectiva histórica y con ánimo divulgativo.