Descargo de responsabilidad
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El Observatorio recoge toda la documentación que detecta relacionada con el laicismo, independientemente de la posición o puntos de vista que refleje. Es parte de nuestra labor observar todos los debates y lo que se defiende por las diferentes partes que intervengan en los mismos.
En México, es común ver a funcionarios públicos y personajes políticos, asociarse con líderes religiosos, quienes a través de estos buscan la aprobación de un sector de la población. En especial, cuando se posicionan sobre temas sociales que rompen los paradigmas teológicos y “morales” de algunos dogmas religiosos.
Estos personajes, más que fijar una postura razonada, inducen a los devotos religiosos a construir juicios basados en dogmas, produciendo en estos la incapacidad para reconocer los problemas sociales, situación que genera una oposición entre los individuos que no comparten la misma postura o ideología religiosa.
Lo anterior, podría considerarse como una estrategia, en la cual existe una alianza tácita con la que pretenden ganar la simpatía del sector laico. En donde, dicha acción puede jugar a favor de la promoción política o como una forma de mostrar oposición a determinada fuerza política. Situación, que genera una barrera para el desarrollo de la sociedad.
Basta recordar cuando el Estado Mexicano se presentó ante la ONU, para emitir su voto a favor de la clonación terapéutica y la posibilidad de investigar sobre embriones humanos, abriéndose una controversia entre lo planteado por el Estado y los ideales de la iglesia católica (Conferencia del Episcopado Mexicano).
En donde, se minimizaron los avances para la cura de la diabetes, el cáncer o el Alzheimer, ya que, según los obispos las políticas públicas, solo podían construirse bajo las consideraciones de valor y de una cierta idea de la vida, contempladas en su ideología católica, incitando a diferentes asociaciones civiles provida y religiosas a frenar dichas investigaciones.
Motivo por el cual, México decidió cambiar su intención de voto inicialmente permisivo por uno prohibitivo.
Otro ejemplo sucedió en el 2009, cuando el presidente de la República Felipe Calderón, respecto de los fármacos, afirmó que: “Una Juventud que, por sus condiciones sociales, familiares, educativas, por falta de oportunidades, tienen pocos asideros trascendentes, tienen poco que creer, no creen en la familia, no creen en la economía o en la escuela, no creen en Dios por qué no lo conocen” (sic).
Como si la falta de devoción a “Dios”, fuera el problema de tener un rezago social y económico. En que momento, a los representantes del Estado se les olvidó la separación de la iglesia y la razón pública.
Es preciso aclarar, que no está mal que la iglesia católica u otras organizaciones religiosas expresen libremente sus opiniones, pero, que intervengan de forma directa o indirecta en las decisiones del ámbito público, o que participen o descalifiquen las propuestas de los partidos políticos por ser contrarias a sus ideas, sí, va en contra de un estado laico y de un Estado de derecho.
De igual forma, no está mal que los representantes de Gobierno, funcionarios públicos y políticos expresen sus creencias religiosas, mientras lo hagan en su ámbito privado.
Pero sí, deben ser conscientes que el Estado no puede asumir un papel promotor y protagónico de creencias religiosas o de convicciones metafísicas, ni pueden someter las decisiones de los poderes públicos a las acciones y actitudes dogmáticas de algunas instituciones religiosas.
Ya que, las consecuencias que provocan es la polarización de opiniones, evidenciando con ello su incapacidad de resolver problemas que afectan a la sociedad, restando progresividad a los derechos humanos y cerrándose a aceptar cualquier forma de diálogo.
Usar como argumento, las creencias religiosas y la fe de las personas para convencer y ganar partidarios, escudándose en la representación pública y bajo un partido político, es una forma de proselitismo en la cual colocan al Estado como cómplice de la jerarquía eclesiástica, degenerando con ello las instituciones y la autonomía de lo político; y por ende colocando en riesgo la libertad de conciencia de las personas.
En conclusión, se pueden considerar como perversas aquellas manifestaciones de funcionarios públicos y políticos, que rechazan la aprobación y progresividad de los derechos humanos, excusándose bajo una ideología religiosa, cuyo único fin es ganar adeptos para seguir vigentes en la vida política y ocupando espacios públicos, que solo les representa un valor monetario para su bolsillo.
