Entrevista a José Antonio Naz, coordinador de campañas y presidente de Andalucía Laica
Más de 50 organizaciones sociales, políticas y sindicales, entre ellas Europa Laica, acaban de lanzar la campaña «Por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela». Tratan de hacer un llamamiento a todos los partidos políticos, en especial a aquellos que forman parte del Gobierno de coalición, a la comunidad educativa y a la sociedad en general en orden a hacer efectivo el objetivo democrático de lograr la plena implantación del principio de laicidad en el sistema educativo, a fin de preservar la libertad de conciencia del alumnado y la no segregación por motivos ideológicos o culturales en el ámbito escolar. Una cuestión sobre la que hablamos con José Antonio Naz, coordinador de campañas y presidente de Andalucía Laica.
La campaña plantea la implantación del principio de laicidad en el sistema educativo.
En efecto, se trata de que la laicidad es un principio constitucional, porque aconfesionalidad y laicidad es cuestión de términos, pero lo tenemos puesto, aunque luego en otros artículos como que se limita o se contradice en la propia Constitución. Pero si eso es fundamental, en general, en las instituciones y en todo el Estado, en el caso de la educación es doblemente importante y necesario, y casi sería obligatorio, porque estamos hablando de que hay que cumplir con los derechos humanos y con los derechos de la infancia. Y eso atenta directamente a lo que sería la libertad de pensamiento, la libertad de los menores en la educación.
Llevan 20 años reivindicando esta cuestión…
Veinte años desde que se plantea lo mismo. El problema es que nadie actúa. La única que está actuando es la sociedad, la inercia social que va evolucionando y, como en otras cosas, pues va siempre por delante de las legislaciones que deben de contemplarlo.
«En 2018 se aprueba en comisión, en el Parlamento, una propuesta al Gobierno, y la propia mayoría de ese Gobierno y los que lo apoyan, no lo llevan a efecto».
¿Por qué las coincidencias de planteamiento con fuerzas políticas que además dicen defender ese principio de laicidad no han culminado hasta ahora en normas legales capaces de garantizar esa plena laicidad del sistema educativo?
Es algo inconcebible a nivel racional y de sentido común. En 2018 se aprueba en comisión, en el Parlamento, una propuesta al Gobierno, y la propia mayoría de ese Gobierno y los que lo apoyan, no lo llevan a efecto. Nada, ninguno de los planteamientos que aprueban en comisión. Es algo que no tiene mucho sentido. Y ahora, en estos acuerdos de este Gobierno nuevo no se habían comprometido a nada. En el anterior sí que estaban comprometidos incluso, y a pesar del compromiso, no lo realizan. Como digo, es inconcebible y cada vez que hablamos con estos partidos y otros que no están, pero que se consideraban también laicos en algún aspecto, pues te dicen que sí, pero después no se hace. Es en este campo, como en otros, pero lo que pasa es que el campo de la educación, ya digo, al menos para mí, es mucho más sangrante porque estamos planteando a las generaciones futuras un ataque a su libertad que no corresponde a personas que no tienen todavía la capacidad de defenderse.
«El poder y control en la Iglesia todavía sigue, aunque la sociedad haya evolucionado y esté mucho más secularizada».
Más allá de ese freno, de no dictar normas legales que puedan garantizar el principio de laicidad, ¿hay miedo? ¿presiones?
Sobre todo hay presiones y un poder de la Iglesia Católica, aunque se suman también las distintas religiones, pero en general son las presiones y la historia que ha hecho que la Iglesia haya sido quien se haya encargado de la educación exclusivamente durante toda la época del franquismo y que haya mantenido, a partir de la Transición, todos sus privilegios con respecto al campo económico, y lo que más le interesaba y sobre lo que más insistió a la hora de la Constitución fue en el control de la educación. O sea, con esa historia, con esa dinámica, con esa presión y luego también, yo no sé si miedo, porque a estas alturas miedo no se entendería. Digamos que es como entender que a lo mejor se crea mucho ruido si se plantea lo contrario, si se plantea llevar a la legislación lo que debe de ser normal por la Constitución. No lo entiendo. La presión, desde luego, existe. El poder y control en la institución todavía sigue, aunque la sociedad haya evolucionado y esté mucho más secularizada. Pero sí que existe la presión y el poder.
«El alumnado que no da religión tiene que estar secuestrado a esas horas y haciendo otra cosa. Se le deja mucho poder a las Comunidades Autónomas para que puedan plantear qué hacer en ese tiempo»
Hay una cuestión que a ustedes les preocupa especialmente, que es la alternativa que se les da por parte de las diferentes comunidades autónomas y de los centros a quienes no solicitan la asignatura de religión. ¿Qué sucede?
Al estar descentralizadas las decisiones se corre el peligro de que al aplicar la ley, que ya de por sí la LOMLOE no avanza gran cosa con respecto a este tema, pero sí que plantea que no haya, como antes, una asignatura espejo que se decía. Es decir, el alumnado que no da religión, tiene que estar secuestrado a esas horas y haciendo otra cosa. Se le deja mucho poder a las Comunidades Autónomas para que puedan plantear qué hacer en ese tiempo, y eso también es algo que entendemos que es peligroso dejarlo así, porque lo lógico sería que no se perjudicara a aquellas personas que no quieren ser dogmatizadas de alguna manera. Y que, sencillamente, tengan la asignatura de religión en horario no lectivo, donde no afecte a los que no quieren ser evangelizados.
«Hay una vuelta o potenciación de la confusión que hay entre lo público y lo privado, y lo religioso en el ámbito de lo público, que hace que sea una ideología política».
¿Se está viendo agravada la política educativa del Estado por la irrupción de la extrema derecha en determinados gobiernos?
Sí, claro. Esto lo estamos viendo ya, no es que vaya a venir. Hay una vuelta o potenciación de la confusión que hay entre lo público y lo privado y lo religioso en el ámbito de lo público, que hace que sea una ideología política. Y que se está ejerciendo como tal en muchas comunidades, en el aspecto educativo y en otros aspectos también. Y los partidos que no comparten esa ideología, creo que no son conscientes del peligro y la deriva que lleva no darse darse cuenta de un problema que es fuerte, fundamental y que está todavía presente en las instituciones.
«No hay nadie de derecha, ni de izquierda ni de centro que no entienda que, en un centro público, el alumnado no puede estar en grupos, según sean de una religión o de otra»
¿Esto puede provocar de alguna manera perjuicios al alumnado por haberse segregado por motivos ideológicos, económicos y sociales?
Claro, es una segregación. De hecho, el argumento fundamental en Francia para la total laicidad en la escuela es precisamente ese. No hay nadie de derecha, ni de izquierda ni de centro que no entienda que, en un centro público, el alumnado no puede estar en grupos según sean de una religión o de otra, y no pueden estar separados de esa manera, porque lo que se pretende precisamente es una educación con unos valores generales y con una integración de todo el mundo en igualdad. Pero aquí seguimos con nuestra tradición histórica, en esto y en otros aspectos. Y cuesta trabajo. Aunque parece que todos los sondeos, los estudios de investigación sociológica, indican que España es de los países que más han evolucionado en la secularización. Pero a la hora de ponerlo en práctica hay una confusión que no se entiende.
«Que las familias tengan derecho a que sus hijos tengan una educación religiosa no quiere decir que la tengamos que pagar entre todos y que se tenga que privilegiar su derecho por encima del de los demás».
Un aspecto que observan ustedes es la derogación de los acuerdos con el Vaticano por constituir la base legal de los privilegios que sigue reclamando la Iglesia Católica, especialmente dentro del sistema educativo.
Sí, dentro de los acuerdos, que eran cuatro, hay uno sobre educación, que plantea que las familias tienen derecho a tener una educación religiosa. Claro que, una cosa es lo que dice el acuerdo y otra cosa es la interpretación. Los acuerdos hay que eliminarlos porque son preconstitucionales porque, aunque se aprobaron a principios de 1979, cuando la Constitución se aprobó en diciembre de 1978, estaban hechos antes, y encima son contradictorios al espíritu y a la letra de parte de la Constitución que está por encima. Pero, aparte de que es algo ancestral que habría que derogar y que no se entiende que no se haya hecho, es que incluso en la propia interpretación se va más allá de lo que dicen los acuerdos, porque que las familias tengan derecho a que sus hijos tengan una educación religiosa no quiere decir que la tengamos que pagar entre todos y que se tenga que privilegiar su derecho por encima del de los demás.
«La Constitución dice lo que dice y de ahí no tienen por qué deducir otras cosas y llegar a donde estamos llegando, a estar prácticamente en un Estado confesional en una escuela católica o religiosa de fundamento»
¿Qué es lo que demandan a Gobierno y grupos políticos en este momento?
Es una cuestión de compromiso, de ser mínimamente coherentes con lo que ellos mismos proponen en sus programas y en sus planteamientos, y con una Constitución que ha aprobado todo el mundo y que todo el mundo manifiesta que lo mantiene, quitando a Vox, posiblemente, pero todos los demás están de acuerdo. La Constitución dice lo que dice y de ahí no tienen por qué deducir otras cosas y llegar a donde estamos llegando, a estar prácticamente en un Estado confesional en una escuela católica o religiosa de fundamento que se basa en la religión más que en la ciencia. No tiene, no tiene sentido y yo creo que las familia a nivel social tampoco piensan excesivamente en lo que está pasando. Qué supone que su hijo o su hija esté educándose con unos planteamientos de este tipo en vez de estar formándose en valores generales, en valores democráticos y científicos.
¿Hay una parte de responsabilidad en los padres?
Sí, sí, sí. Yo creo que hay que decir las cosas claras, es decir, yo no puedo querer defender a mis hijos y querer mucho a mis hijos, pero no no respetar sus derechos humanos a tener una educación libre, una educación en valores, una educación que tenga una consistencia, etc… Y a no segregar. Creo que hay una responsabilidad y hay que decirlo, yo por lo menos así lo entiendo.
