El dinero de la banca, del ejército y de la iglesia católica · por Daniel Raventós

El gasto militar real del reino de España es inmenso. Y va en aumento. Dedicar una parte considerable de los Presupuestos Generales del Estado a gastos militares es una opción política, dedicar esta cantidad a garantizar la existencia material de toda la población es otra opción política muy diferente.

Son muchos los materiales escritos sobre fundamentación normativa de la renta básica y menos sobre sus posibilidades de financiación. Voy a referirme a un aspecto poco tratado de la financiación. Las mejores investigaciones sobre cómo puede ser posible una renta básica desde el punto de vista económico son las que parten de una financiación a partir del principal impuesto (el IRPF) y un impuesto a la riqueza. Quizás sea oportuno recordar que riqueza y renta son dos realidades distintas. Ambas están muy desigualmente repartidas en todo el mundo, pero la riqueza mucho más que la renta aún. Y en el caso del reino de España no hay especiales diferencias con economías más o menos próximas. Escribía en octubre de 2023, con Jordi Arcarons, que “los auténticamente ricos en el reino de España se reducen a poco menos de 350.000 —el 0,78 % de la población captada en el Panel de Hogares” y este grupo concentra “una renta y un patrimonio personal de aproximadamente 54.000 y 770.000 millones de euros —el 8 y el 32 % de ambas magnitudes en su totalidad—“. Se trata de las personas que disponen de un patrimonio personal superior a 500.000 de euros. Dicho de forma muy similar: Hay 350.000 personas que en el reino de España disponen de una riqueza legal (no podemos incluir todo lo escondido o evadido de forma semi o directamente fraudulenta) superior a medio millón de euros. La justificación de un impuesto decente a la riqueza, que sirva para poder ayudar a la financiación de la renta básica en el reino de España y en la Unión Europea, se ha explicado con detalle en En defensa de la renta básica (Deusto, 2023). Esta justificación va de la mano de la concepción de la libertad republicano-socialista para la cual la libertad no puede concebirse de forma independiente de las condiciones materiales de existencia. O, en otras palabras, la existencia material de cualquier persona no debe depender de la voluntad de otra persona muy rica. Lo que, dada la actual configuración institucional de los derechos de propiedad y la posibilidad legal de su inmensa acumulabilidad, está muy lejos de que sea así.

Financiación a partir del IRPF y de un impuesto a la riqueza (a lo que se añaden impuestos medioambientales). Pero lo que no ha sido abordado con el mismo detenimiento es la posible contribución parcial o total que algunas partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) podrían aportar también para financiar una renta básica. Decimos normalmente en las propuestas de financiación en las que participo junto a otros economistas que “no tocamos nada” de los PGE. El rey sigue campando por las suyas, el ejército sigue recibiendo los miles de millones que recibe, la iglesia católica sigue forrándose para vergüenza de cualquier demócrata, etc.

Dos sugerencias al respecto. La primera sobre el gasto militar. El gasto militar real del reino de España (y de otros estados) es inmenso. Y va en aumento. Por gasto militar real se entiende, además del presupuesto de Defensa consolidado, todo aquello que supone gastos militares, aunque estén divididos o repartidos en otros ministerios. En números: 27.617 millones de euros, 75,7 millones por día. Más del 2% del PIB. No cabe duda que una parte considerable de estas cantidades astronómicas podría ayudar a financiar la renta básica. Claro está que sería el caso si se optase por otra política económica. Dedicar una parte considerable de los PGE a gastos militares es una opción política, dedicar esta cantidad a garantizar la existencia material de toda la población es otra opción política muy diferente.

La segunda sugerencia: si el Estado no hiciera ninguna aportación a ninguna religión, especialmente a la iglesia católica, se dispondría de otra cantidad nada despreciable. Entre exenciones fiscales, asignación tributaria del IRPF, el robo consentido de las miles de inmatriculaciones… la iglesia católica arrambla con muchos miles de millones. Según Europa Laica se trata de unos 12.000 millones. Como se constata en los últimos lustros, a menos fieles y seguidores más dinero e inmuebles para la iglesia católica.

Estas sugerencias son dos variaciones complementarias de las habituales propuestas de financiación. Gastos militares y gastos religiosos, o más exactamente, gastos para la iglesia católica, que una política económica que optase por garantizar la existencia material de toda su ciudadanía podría dedicar a este fin.

Vayamos ahora del sector público al sector privado

Ya se conocen los resultados económicos de la banca del ejercicio último, el 2023. Más de 26.000 millones de euros de beneficios si sumamos las cinco grandes entidades financieras. Un 26% superior que el año anterior. ¿Causas? La subida de los tipos del Banco Central Europeo, las copiosas comisiones a los clientes, la no remuneración de los depósitos. Resultados: estos beneficios inmensos apuntados y la extracción de rentas a la ciudadanía que tiene que operar, es decir la gran mayoría, con el sector financiero. Se recordará que, cuando el gobierno español implantó el tímido impuesto extraordinario a la banca, se vaticinaron, por parte de la banca, catástrofes de todo tipo por esta “intervención”. Los hechos hablan, el 2023 ha sido un año de récord de beneficios para la banca y el 2024 se espera incluso que lo sea más. A pesar del impuesto. Es conocido que la relación de los grandes poderes económicos y de los ricos con los impuestos no es placentera. Se atribuyen a los impuestos muchos males. Y el impuesto a la banca no ha merecido otra suerte. Es equiparable a la cantinela del salario mínimo: si aumenta vamos a tener más paro. Luego los hechos dicen lo contrario, pero se sigue repitiendo lo mismo ante cada posible aumento del salario mínimo sin el más mínimo pudor. Este impuesto extraordinario debería ser ordinario, como hay algún partido político que lo exige. Y de un porcentaje mayor que el actual, siempre que, una vez más, se optase por una política económica que tuviera como prioridad garantizar la existencia material de toda su ciudadanía. La presidenta del Banco de Santander tiene otra política económica en la cabeza y es esa: “La mejor manera de recaudar más, es crecer más, que las empresas ganen más y eso va a hacer que se recaude más (…). El gran reto es que crecemos poco”. La vieja, falsa y constante cantinela de siempre de los ricos y sus servidores técnicos e intelectuales.

Una consideración para ir acabando. Cuando una propuesta de la magnitud de una renta básica tiene la simpatía de un número de personas muy grande, sus defensores suelen dividirse según distintos criterios: la cantidad de la que debería partirse, cómo se justifica normativamente, la táctica a seguir con las instituciones, los pasos previos que deben darse para alcanzar a verla hecha realidad, la forma de financiación, entre otros. Es perfectamente comprensible que cualquier propuesta social de cierta envergadura tenga distintas formas de defenderse y ello conlleve ciertas discrepancias según el criterio que se elija. Nada extraordinario. ¿No ocurre así entre personas defensoras del medio ambiente, entre feministas, entre partidarios de la autodeterminación de las naciones sin estado, entre sindicalistas…? Sin ánimo de simplificar, me interesa solamente tocar un criterio que puede resumirse en esta pregunta: ¿qué pasos hay que dar para llegar a la renta básica? Aquí hay al menos dos grupos significativos, aunque hay más de dos, claro. Los llamaré morigerados y radicales. Simplemente con el ánimo de describir, no de valorar. Ser una persona morigerada puede ser muy aconsejable en determinadas situaciones, ser una persona radical es una buena posición ante multitud de circunstancias. Los primeros se devanan siempre los sesos acerca de los pasos intermedios que, según ellos, llevarían a la renta básica. Pongamos como ejemplo general: mejorar todos los subsidios condicionados cada vez más hasta llegar a un punto que ya solamente faltaría un empujoncito para llegar a la renta básica. Los segundos, aunque también consideren que “mejorar” lo existente siempre es reconfortante, lo consideran de otra manera. Me ayudaré de lo que escribimos los autores en el libro citado En defensa de la renta básica: “¿Qué pasos hubo que dar para abolir la esclavitud? Uno: abolirla. ¿Qué pasos hubo que dar para implantar la jornada de 8 horas? Uno: implantarla. ¿Qué pasos hubo que dar para acabar en determinados países con la pena de muerte? Uno: suprimirla. ¿Qué pasos hubo que dar para prohibir fumar en restaurantes y otros locales? Uno: prohibirlo”. Como es obvio los morigerados no aceptan esta argumentación.

Lo que no sé si podrían compartir unos y otros es algo que a mí me parece elemental, pero conocidas las opiniones de otras personas, no lo es tanto para ellas. Y citaré del mismo lugar: “los subsidios condicionados no conducen a la renta básica, salvo que estuviéramos tratando de un programa de gobierno que estableciera claramente un proyecto legislativo. Un proyecto que especificara que en un año (o dos) se llega hasta allá, en dos (o tres) años se llega hasta acullá y en tres (o cuatro) años se llega a la renta básica”.

En cualquier caso, este tipo de discrepancias seguirán. Y no se puede pretender que una posición es inmaculada y la otra es perversa. Ahora bien, algo sobre lo que no creo que deba transigirse, y me parecería una sandez hacerlo, es que, ante la realidad actual, ante el cúmulo de barbaridades sociales que podemos observar, ante la pobreza persistente de un quinto de la población (para circunscribirme al reino de España), ante la insultante acumulación de riqueza de una parte insignificante de la población, ante las repetidas experiencias de mejoras de los subsidios condicionados con los pobres resultados que conocemos… se considere que la renta básica es irrealista o utópica o cuesta mucho dinero. Son críticas que me parecen muy poco justificadas. Me suenan a las críticas de la derecha y la patronal, cuando se reivindicaba la petición de vacaciones pagadas, según las cuales los trabajadores no sabrían que hacer y se lo gastarían en alcohol. O la muy reciente que se la debemos a Josep Sánchez Llibre, presidente de la gran patronal catalana Foment del Treball Nacional que, en unas declaraciones a Catalunya Ràdio el pasado enero explicó que proponer limitar de alguna forma lo que ganan los empresarios, por ricos que sean, es falta de respeto a la clase empresarial. O la tradicional de que el derecho de huelga atenta a la libertad de empresa. O una de las más repetidas: la causa de la inflación es el aumento de los salarios. Pero por poco justificadas que estén las seguiremos escuchando a menudo.