La presidenta de la comisión avaza que reclamará que se abra la vía judicial contra el obispo, ya que la ley impone la obligación de comparecer a todo ciudadano
El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, ha rechazado comparecer ante el Parlament en la comisión que investiga los casos de pederastia en la Iglesia. Omella ha enviado una carta a la Cámara catalana en la que rechaza responder a la citación bajo el argumento que la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa a la iglesia católica catalana, ha decidido de forma unánime que no acuda a declarar al Parlament.
Tras Omella, otros dos representantes de la Iglesia han respondido negativamente este viernes a la citación del Parlament, fijada para el próximo lunes: el vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Enric Termes, y el presidente del tribunal eclesiástico del arzobispado de Barcelona, Santiago Bueno. Sí ha confirmado su asistencia en cambio Carlos López Segovia, vicesecretario para asuntos generales de la Conferencia Episcopal y promotor de justícia del Tribunal de la Rota.
Ante este plantón, la presidenta de la comisión, Susana Segovia (En Comú Podem), ha asegurado que reclamará a la Mesa del Parlament que ponga los hechos en manos de la Fiscalía y abra la vía judicial contra el prelado, al considerar que todo ciudadano tiene la obligación de responder al requerimiento de una comisión de investigación parlamentaria. El artículo 502 del Código Penal considera que no acudir a declarar puede suponer un delito de desobediencia.
En su carta, el cardenal Omella hace referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de junio en el que el alto tribunal fija el ámbito de las comisiones de investigación parlamentarias. Según destaca el obispo de la sentencia, las comisiones tienen por objetivo determinar la responsabilidad política y la gestión de asuntos de interés público, pero no así realizar calificaciones jurídicas ni mucho menos perseguir delitos.
Con esta referencia al TC y la alusión de que las Cámaras deben respetar la presunción de inocencia, el eclesiástico sugiere que la comisión del Parlament está traspasando sus atribuciones políticas y encaminándose a dirimir cuestiones sobre las que solo serían competentes los tribunales.
Con todo, el cardenal manifiesta en la carta dirigida a la presidenta del Parlament, Anna Erra, un “absoluto respeto tanto a su presidencia, como al Parlamento de Catalunya y al pueblo de Catalunya que estatutariamente representa”.
Omella informa también al Parlament de otras investigaciones recientes sobre la pederastia, como la seguida por el Defensor del Pueblo, con la que afirma que la Iglesia colaboró, así como la comisión encargada por la propia conferencia al despacho Cremades y Calvo-Sotelo, que emitió su informe el pasado mes de diciembre.
El Parlament creó en abril de 2022 la primera comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia del Estado. Durante estos años han pasado por la comisión cerca de una treintena de comparecientes, incluidas algunas de las víctimas, que censuraron la falta de “voluntad política” para esclarecer los hechos que afectan a la Iglesia.
