Descargo de responsabilidad
Esta publicación expresa la posición de su autor o del medio del que la recolectamos, sin que suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan lo expresado en la misma. Europa Laica expresa sus posiciones a través de sus:
El Observatorio recoge toda la documentación que detecta relacionada con el laicismo, independientemente de la posición o puntos de vista que refleje. Es parte de nuestra labor observar todos los debates y lo que se defiende por las diferentes partes que intervengan en los mismos.
Comienza una nueva legislatura y un nuevo año. Tras aprobarse la Constitución de 1978 el 3 de enero de 1979, el Estado español firmó un Concordato (de cuatro Acuerdos) con la Santa Sede, en clave del isabelino de 1851 y del franquista de 1953. Gobernaba, por entonces, la UCD, un partido conservador heredero del franquismo, liberal y demócrata cristiano, que había liderado, junto al PSOE, el PCE y partidos nacionalistas y monárquicos, la «Transición». Desde aquella fecha, se aprobó una Ley de Libertad Religiosa en 1980, se instauró la financiación de las diócesis católicas a través del IRPF, primero del 0,52%, en 1988 y después se subió al 0,7% en 2006. También en un alarde de potenciar un Estado multiconfesional (que NO laico) en 1992 se firmaron sendos acuerdos de cooperación con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), con la Federación de Comunidades Israelitas de España (FCI) y con la Comisión Islámica de España (CIE).
En 1982, un partido históricamente laicista, republicano y de izquierdas, ganó las elecciones por mayoría absoluta (el PSOE) e intermitentemente ha venido gobernando España (en algunas ocasiones con acuerdos y apoyos de partidos de izquierdas, republicanos y nacionalistas más de dos tercios del tiempo entre 1982 y 2023). A lo largo de esas décadas NO se ha hecho ningún gesto para avanzar (mínimamente) en la construcción de un modelo laico (y por lo tanto democrático) de Estado. Conservándose los enormes privilegios económicos, fiscales, patrimoniales, culturales, de festividades, educativos, jurídicos, societarios y militares de la Iglesia católica y, en menor medida, de otras confesiones.
Hace unas semanas el profesor Pedro López, coordinador del Grupo de Pensamiento Laico, para resaltar el 9 de diciembre como día del «laicismo y de la libertad de conciencia» terminaba un artículo con este colofón:
El laicismo no es una ideología más que tenga que competir en el ‘mercado’ de las ideologías, es un principio democrático, una condición básica de la democracia. No es correcto plantear la elección entre religión o laicidad, en el estado laico cabemos todos: creyentes y no creyentes, agnósticos y ateos, católicos y musulmanes, budistas y evangélicos… Todas las sensibilidades, religiosas o no religiosas, caben en la democracia, que si no es laica no es plena.
Impecable concepto del significado de laicismo. Tesis que no entiende la sociedad en general, porque ni en el sistema educativo se plantea (desde la infantil a la universidad); de hecho, en la última reforma LOMLOE, hasta se ha sacado la filosofía de la enseñanza obligatoria. Tampoco se entiende así por los mass media, ni mucho menos se educa en la familia, y, desde el ámbito político, es tal la incultura generalizada sobre esta materia que se confunde laicidad con ateísmo o agnosticismo. Y ello, a pesar de que España está en los estándares medios de sociedad secularizada de Europa, donde -año tras año- aumentan los no creyentes, sobre todo entre la juventud.
Mi amigo el diplomático Gonzalo Puente Ojea en su extraordinario y singular libro La cruz y la corona. Las dos hipotecas de la historia de España (Ed. Txalaparta), en el apartado El laicismo y su voladura programada definía el laicismo como «el derecho inalienable de todas y cada una de las conciencias a disfrutar de plena libertad de conciencia y de expresión«, para afirmar, a continuación, que en «la España monárquica (y yo agrego, de rasgos nacionalcatólicos) concede a la Corporación Católica un estatuto de Derecho Público en una cínica violación del artículo 14 de la Constitución».
Cuarenta y seis años después de aprobada la Constitución de 1978, con sus luces y sus sombras en esta materia, con sus debilidades y su programada ambigüedad en los artículos 16 y 27, lo que queda muy claro es que las gobernanzas de todo color político a nivel municipal, autonómico y central, han optado -desde la firma del Concordato de 1979, que sigue vigente- por la confesionalidad (desde 1992, por la multiconfesionalidad) institucional de la inmensa mayoría de los responsables políticos, en función de sus responsabilidades públicas. En el ámbito del centro derecha porque, salvo excepciones, lo llevan en sus genes ideológicos, y en el ámbito muy mayoritario del centro izquierda porque se han «echado al monte» y priorizan lo religioso (básicamente católico) frente a lo laico, lo que es común a todas y todos.
No es el momento de poner ejemplos, sobradamente conocidos, como es el tratamiento jurídicamente preferencial de las iglesias y corporaciones religiosas frente a otras entidades privadas o la financiación pública (vía IRPF) de la Iglesia católica, o la financiación por parte del Estado de la enseñanza religiosa y de centros dogmáticos religiosos, o la gestión y explotación de gran parte del patrimonio histórico-artístico por parte de las diócesis, o cómo desde las instituciones públicas se financia la industria religiosa de la caridad, privatizando vergonzosamente los servicios sociales que deberían ser de gestión estrictamente pública, o el por qué seguimos manteniendo una vetusta Ley de Libertad Religiosa de 1980 en vez de haber aprobado en el Congreso una ley de Libertad de Conciencia, o por qué hay capellanías militares… etcétera, etcétera. Sino, al igual que anteriormente expresábamos, cómo políticos y políticas de todo pelaje y condición ideológica, en función de sus responsabilidades institucionales, nos representan (supuestamente) a todos y todas en saraos y actos religiosos. Algo realmente vergonzoso y que violenta muy gravemente la Constitución en varios de sus principios, en especial el que expresa que «ninguna confesión tendrá carácter estatal«, además del anteriormente mencionado artículo 14.
Cuando al principio expresábamos que el laicismo es un principio democrático y no una ideología, que es un paraguas fundamental para todas y cada una de las ideologías y para proteger toda libertad de conciencia (creyentes y no creyentes, agnósticos y ateos), estábamos en lo cierto.
Pero NO, la política española y las instituciones que ésta controla tratan de confundir, bien por desconocimiento o bien por mala fe, laicidad y laicismo con lo contrario a la religión, con lo no religioso, incluso con quienes combaten las religiones.
Y cuando se debate con ellos en algún foro político o ámbito institucional, les molesta («Ya están aquí otra vez estas moscas cojoneras»). Pues no, las «moscas cojoneras» son ellas y ellos, las y los políticos que, a sabiendas, vulneran la ley y los principios básicos de toda democracia, es decir, la laicidad de las instituciones y la libertad de conciencia de cada una de las personas, de una en una y sin distinción de ideologías y creencias.
Y para terminar, un pronóstico muy personal: el nuevo gobierno de centro izquierda, que ha aumentado la carga confesional del mismo, tiene toda la pinta de que no moverá muchos hilos sobre esta materia, dure lo que dure la legislatura.
No obstante, en estos inicios de la XV legislatura se han escuchado algunos gestos por la parte de SUMAR del gobierno, como una propuesta para despenalizar las ofensas a los sentimientos religiosos (delito de blasfemia), se ha hecho una amplia pregunta (a su propio gobierno) de diputados de IU sobre las Inmatriculaciones o la -hasta ahora- portavoz de SUMAR, Marta Lois, preguntando sobre si tiene sentido la financiación de la Iglesia católica vía IRPF.
Habrá que estar muy atentos a estos movimientos y/o gestos. Aunque de las cuestiones «clave», como son anular el Concordato, dar pasos a favor de no financiarse la enseñanza dogmática religiosa, aprobar una ley laicista y de libertad de conciencia y, por ejemplo, adecuar la Constitución (artículos 16 y 27). Se observa, hasta hoy, un silencio total. Y mucho me temo que en esta compleja y convulsa XV legislatura seguirá siendo todo igual.
¿No será –también- que, en el caso de España y de los pueblos y territorios diversos que la conforman, monarquía y Estado católico son «el TODO de una misma cosa«, como apuntaba Gonzalo Puente Ojea?