La objeción de conciencia es un tema complejo que trasciende las cuestiones legales y profesionales para adentrarse en el ámbito de la ética y la moralidad individuales. Desde esa perspectiva, plantea cuestiones importantes sobre la naturaleza de la moralidad, la autonomía moral y la relación entre los deberes personales y las obligaciones sociales. La resolución de estos dilemas éticos en una sociedad pluralista, como la nuestra, es un desafío continuo que requiere una reflexión cuidadosa y un equilibrio entre los derechos individuales y las responsabilidades comunes, y esto no debe perderse de vista hoy en día en que se tramita en el Senado una reforma recientemente aprobada por la Cámara de Diputados sobre esta importante cuestión.
Suele ubicarse a la objeción de conciencia en el escenario de la salud: un médico se niega a realizar un aborto o proporcionar anticonceptivos por motivos religiosos o éticos personales. De hecho, en México, la Ley General de Salud establece que el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud puede ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida del paciente no se ponga o se encuentre en riesgo, pero en el entendido, según resolvió la SCJN, de que el Estado garantice la protección de la salud y el libre desarrollo de la personalidad de quien desee abortar. Sin embargo, también surge en otros contextos: un individuo que es reclutado para el servicio militar se niega a portar armas y participar en actividades bélicas debido a sus convicciones pacifistas o creencias religiosas que prohíben la violencia. Un profesor se niega a enseñar ciertos temas o utilizar ciertos materiales educativos que van en contra de sus valores personales. Un periodista se niega a cubrir ciertos temas o divulgar información confidencial. Un abogado, en fin, que se niega a representar a una persona porque considera que sería inmoral defenderlo.
En el corazón de la objeción de conciencia reside un conflicto entre los deberes profesionales o legales y los deberes morales individuales. ¿Hasta qué punto deben los individuos someterse a las normas y regulaciones establecidas cuando estas normas entran en conflicto con sus creencias más profundas? ¿Es legítimo que un individuo desafíe las regulaciones de una sociedad democrática en nombre de sus creencias personales? ¿Dónde trazar la línea entre el respeto a la libertad de conciencia y la obligación de cumplir con las leyes establecidas? Estas y otras son interrogantes que se han debatido durante mucho tiempo y en esencia consisten en resolver si existe una jerarquía entre diferentes obligaciones éticas y cómo deberían sopesarse.
En un mundo donde las creencias y los principios éticos varían ampliamente entre las personas, la objeción de conciencia se erige como un dilema que desafía la ética convencional y la moralidad universal y plantea un desafío continuo que exige una cuidadosa consideración de los derechos individuales y las responsabilidades comunes en una sociedad diversa. Es un recordatorio constante de la compleja intersección entre la ética personal y las leyes establecidas; un tema que merece una reflexión profunda en México y en todo el mundo. Ojalá nuestros legisladores atiendan a ello.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista.
