Una vez que desapareció la confesionalidad del Estado en la Constitución de 1869, y establecida, en consecuencia, la libertad de cultos, hubo que reformar la cuestión del matrimonio, aunque dentro, lógicamente, de la reforma del Código Civil. En el proyecto del mismo se planteaba que la única forma reconocida de matrimonio sería el civil. Mientras se producía la discusión y aprobación del Código, se promulgó el 18 de junio de 1870 una Ley Provisional de Matrimonio Civil, insistiendo en el hecho de que era el único reconocido. Esta fundamental reforma entraría en vigor en septiembre.
Con la Restauración, el Decreto de 9 de febrero de 1875 planteó que eran válidos con carácter retroactivo los matrimonios canónicos celebrados a partir de la entrada en vigor de la Ley de 1870, conservando como legales los matrimonios civiles para quienes no profesasen la religión católica. El Gobierno dio instrucciones a los jueces municipales para explicarles que solamente podían autorizar matrimonios para aquellos que manifestasen ostensiblemente no pertenecer a la Iglesia Católica.
Con la proclamación de la República, y de acuerdo con la separación clara entre la Iglesia y el Estado, se volvió a implantar el matrimonio civil obligatorio. El 10 de febrero de 1932 se publicó una Orden por la que se no se exigiría a los que solicitasen la celebración del matrimonio civil declaración alguna de sus creencias religiosas o religión que profesasen, en la línea de una Orden anterior de 1906, pero que había sido derogada por una Orden de 1908, que restituía el criterio mantenido por la Real Orden de 1900 en cuanto a la exigencia de presentar una declaración de “acatolicidad”.
La Ley de 28 de junio de 1932 instauraba en España de nuevo el sistema de matrimonio civil obligatorio para todos los contrayentes, y derogaba definitivamente tanto la Ley de 1900 como la Orden de 1908.
Nosotros queremos aportar la opinión socialista sobre la nueva ordenación del matrimonio civil en relación con la Orden de febrero de 1932. Los socialistas se quejaban de que la Orden de febrero había pasado un tanto desapercibida cuando tenía su importancia porque suponía cambiar aspectos del viejo orden.
Los socialistas aprovechaban para recordar que para nacer, amar y morir había sido indispensable en España la bendición de la Iglesia. La Orden del Ministerio de Justicia vendría a rectificar lo que se calificaba como una tradición de fanatismo, calificada como extranjera, considerando que era más genuinamente española la tradición, digamos, civil, una apreciación que, sin lugar a dudas, no deja de sorprendernos y que, a falta de más desarrollo no podemos comentar o interpretar.
Se insistía en el artículo de opinión que la religión debía estar en el templo y la conciencia, “donde nadie pensará en mortificarla”, pero, de la misma manera no podía quebrar la unidad democrática y civil.
La Orden del ministro Albornoz, dirigida al director general de los Registros, respondería a un clamor popular. Los propios socialistas se habían dirigido no hacía mucho tiempo para que se solucionasen las dificultades existentes para la realización del “matrimonio laico”, y que iban en la misma línea de las medidas dictadas ahora. Se recordaba que la nueva Orden derogaba fundamentalmente la Real Orden de 1900, al imponer la declaración expresa de no profesar el catolicismo.
Pero, aún siendo fundamental esta cuestión, los socialistas consideraban que la verdadera eficacia de la medida consistía en otros aspectos de la misma, relacionados con la práctica administrativa. Lo que importaba era destacar el deber del Estado para facilitar la celebración del matrimonio civil disminuyendo las dificultades que el sistema actual presentaba. Para cumplir tal fin debían existir en todos los Juzgados municipales impresos para solicitar el matrimonio civil, y que contuviesen todos los requisitos exigidos por el Código Civil. Los impresos deberían poder rellenarse con facilidad, y por ellos no se podrían exigir derechos ni emolumentos por parte de los encargados del Registro. Los socialistas consideraban que la Orden movilizaba a los funcionarios del Registro Civil como servidores del Estado laico y custodios de ese carácter consagrado en la Constitución.
Hemos trabajado con el número 7185 de El Socialista, del día 17 de febrero de 1932.
