El movimiento laicista trabaja para que todas las opciones de conciencia, religiosas o de otra índole, sean tratadas en igualdad de condiciones, sin crear discriminaciones, pero sin mantener tampoco situaciones de privilegio. Para garantizar ese disfrute de la libertad de conciencia es necesario que el Estado actúe de manera neutral ante las convicciones de la ciudadanía, y esto requiere importantes cambios.
Es necesario derogar tanto los Acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede, que actúan como soporte de los actuales privilegios de los que disfruta la Iglesia Católica, como los acuerdos de 1992 con las denominadas confesiones minoritarias, que extendieron parte de esos privilegios a otras religiones. La Iglesia adquirió en dichos Acuerdos el compromiso de llegar a autofinanciarse, sin embargo, ha incumplido flagrantemente esta promesa, y la Agencia Tributaria sigue detrayendo dinero público que pertenece a toda la ciudadanía, y que después se transfiere y gasta sin control ni transparencia, ignorando las críticas del Tribunal de Cuentas. El destino del dinero público debe decidirse de forma regulada, justificada y transparente.
Los Acuerdos también han derivado en un amplio número de exenciones fiscales, incluyendo el IBI sobre bienes propiedad de la Iglesia, incluso sobre aquellos de los que obtiene rendimiento económico. Lejos de mejorar en esta cuestión, recientemente hemos asistido a la ampliación de estas exenciones a todas las confesiones de notorio arraigo, para que sirvan de coartada a los privilegios de los que ya disfrutaban otras religiones. Los privilegios no se combaten extendiéndolos, si no suprimiéndolos.
Además de las cuestiones económicas, la religión también mantiene importantes privilegios en el ámbito educativo, cultural o social; con la presencia obligatoria de la religión confesional en la escuela de todas y todos, con la apropiación injustificada de un inmenso patrimonio artístico y arquitectónico en el escándalo de las inmatriculaciones, o con la coacción a la libertad de expresión al mantener un delito contra la blasfemia.
Estos privilegios vulneran el derecho al pleno disfrute de la libertad de conciencia, que sólo podrá garantizarse a través de un Estado Laico, una exigencia democrática en una sociedad que es plural.
Víctor Méndez es coordinador de Europa Laica – Madrid.
