Descargo de responsabilidad
Esta publicación expresa la posición de su autor o del medio del que la recolectamos, sin que suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan lo expresado en la misma. Europa Laica expresa sus posiciones a través de sus:
El Observatorio recoge toda la documentación que detecta relacionada con el laicismo, independientemente de la posición o puntos de vista que refleje. Es parte de nuestra labor observar todos los debates y lo que se defiende por las diferentes partes que intervengan en los mismos.
Sin duda, el actual y muy polarizado debate de los nuevos libros de texto gratuito nos presenta muy diversas facetas, que van desde el señalamiento de errores de conocimiento en diversas materias hasta la sobreideologización de considerarlos instrumentos de ideologización por el gobierno, con la pretensión de manipular las mentes de las novísimas generaciones en proceso de formación escolar. Los actores de la controversia también han sido diversos, desde la ultraderechista Unión Nacional de Padres de Familia y la Coparmex pasando por núcleos de académicos y científicos que han puesto en cuestión sus contenidos, hasta la CNTE (Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México, particularmente), que también se resiste a usar los textos, aduciendo también sus contenidos y deficiencias pedagógicas. Los medios han tenido también un relevante papel en los cuestionamientos a los ejemplares editados por la SEP, llegando al absurdo, en el caso de TV Azteca del evasor de impuestos Ricardo Salinas Pliego, de hablar de un complot comunista como origen de los debatidos libros.
No está excluido el interés económico, especialmente el de las editoriales que tradicionalmente han abastecido el mercado de textos para secundaria, que ahora se ven desplazados por el libro único de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg). Y tampoco se omite el hecho, ése sí de fondo, de que, según las evidencias, no se respetaron los procedimientos que la ley establece para la elaboración y revisión de los textos por equipos de especialistas pedagogos, maestros y padres de familia que debieron ser convocados de manera amplia por la misma SEP; tampoco los tiempos ni el compromiso de no modificar los textos todos de una sola vez sino paulatinamente. Esto último dio lugar a la intervención del poder Judicial que, a través de una jueza que otorgó un amparo y emplazó a la secretaría a explicar el proceso seguido y quiénes participaron en la confección de los materiales educativos, información que, ahora sabemos, el gobierno lopezobradorista “reservó” por cinco años como un secreto de Estado, en un atentado más a la transparencia y el derecho a la información.
