Aunque la Seguridad Social debe cubrir las interrupciones del embarazo, en 2022 en la Comunidad de Madrid se produjeron 5.766 abortos que corrieron a cargo de las mujeres.
Esta misma semana, el Tribunal Constitucional (TC) ha reconocido en una sentencia que obligar a una mujer a desplazarse de su comunidad autónoma para abortar vulnera sus derechos fundamentales. Es el resultado de años de lucha judicial por parte de Antonia Correa, una murciana a la que derivaron a una clínica privada en Madrid cuando decidió interrumpir su embarazo después de que detectaran en el feto una enfermedad grave e incurable.
