Subir del 0,7% al 1% la recaudación de la X solidaria, desarrollar el estatuto jurídico para las entidades sociales o redirigir la financiación que a través de los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia se está haciendo al sector, son algunas de las peticiones que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) va a trasladar al futuro Gobierno que se forme tras las elecciones generales del próximo 23 de julio.
Comentarios del Observatorio
Esta mal llamada «X solidaria» es vista por Europa Laica como una justificación para mantener la financiación a la Iglesia Católica, a la vez que sirve para financiar su obra caritativa con fondos públicos. Desde el movimiento laicista se entiende que las necesidades sociales tienen que ser cubiertas por el Estado con una financiación acorde a las mismas y no que esté sujeta a la voluntariedad de la cantidad de contribuyentes que decidan marcar una casilla en su declaración de la renta. Por tanto, se pide la eliminación de ambas casillas y que se doten a los programas sociales del presupuesto suficiente.
