Los gobiernos tienen el deber de educar a la juventud al margen de las opiniones de sus progenitores sobre diferentes asuntos.
En España, el feminismo y el colectivo LGBT+ comenzaron a colaborar, de manera informal, durante la década de 1990, lo que facilitó que el Parlamento ampliara la ley que despenalizaba el aborto y luego aprobara el matrimonio igualitario, por citar dos conquistas relevantes de las últimas décadas. Sin embargo, las recientes polémicas en el seno del feminismo en torno a la cuestión trans han debilitado a ambos movimientos abriendo la posibilidad de que futuros gobiernos conservadores recorten tanto los derechos de las mujeres como de la comunidad LGBT+. Por ello conviene encontrar nuevos elementos de unión, entre los que destaca la introducción de una materia de educación sexual, al menos en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO: 12 a 16 años). Esta materia separa el placer de la reproducción y muestra diferentes vías de realización personal, por lo que conviene a cualquier movimiento que impugne los roles tradicionales de sexo, género y orientación del deseo. En consecuencia, tanto el movimiento feminista como el colectivo LGBT+ deberían presionar a los partidos políticos para que, en sus programas de gobierno, incluyan una asignatura de educación sexual con su propia carga horaria. A esta petición se sumarán los movimientos que se esfuerzan por reducir el influjo religioso en la sociedad española, como la ONG Europa Laica.