Un decreto regional retrasa los efectos de la sentencia del Constitucional que impide a la Administración dar dinero público a centros que diferencian niños de niñas y que han recibido 500 millones desde 2011
Una maniobra legal del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso permitirá a los colegios privados concertados que segregan por sexo seguir recibiendo dinero público hasta 2027 en la Comunidad de Madrid, pese a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala que los centros que diferencian niños de niñas no sean financiados por la Administración. El Gobierno regional (PP) aprobó en 2021 un decreto que extendía de seis a diez años los conciertos ya vigentes en cualquier tipo de centro (tanto de educación diferenciada como mixta) para así neutralizar antes de su entrada en vigor la Lomloe, la nueva ley educativa impulsada por el Gobierno central (PSOE y Podemos).
