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El gobierno de Castilla y León, a iniciativa de su vicepresidente perteneciente a la ultraderecha, ha amagado con la introducción de un protocolo destinado a la disuasión y coacción a las mujeres en el ejercicio libre de su derecho al aborto, dentro del plan integral de atención a la mujer embarazada. Las medidas adicionales, ocultas tras el término de la oferta voluntaria de prestaciones adicionales a la embarazada, consisten en la escucha del latido fetal, una imagen en 4D del feto y la posibilidad de asistencia psicológica, junto a la garantía del mencionado gobierno a la protección del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales.
