Más de un millar de profesores firman una carta en contra de la inclusión en la LOSU de una enmienda que autoriza a estos órganos a analizar “temáticas de especial transcendencia”, pie para debates independentistas
A las funciones fundamentales del claustro universitario ―como aprobar o modificar los estatutos, debatir y poner en marcha políticas universitarias o elaborar y cambiar el reglamento― se va a sumar otra si se aprueba la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU): “Analizar y debatir otras temáticas de especial transcendencia”. La enmienda conjunta de Esquerra Republicana y EH Bildu, incluida a última hora, ha soliviantado al colectivo Universitaris per la Convivència, creado en 2018 por académicos principalmente de Cataluña, que mueve estos días entre profesores una carta abierta dirigida a los diputados y senadores con el propósito de que la enmienda se quite y se incorpore al texto “una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación, que no es más que la aplicación a la universidad del más genérico principio de neutralidad de las administraciones públicas”.
En la misiva, los por el momento 1.046 profesores (350 de ellos catedráticos) recuerdan que el claustro es un “órgano de representación” que sienta a los estudiantes, el profesorado, el personal de servicio y el equipo rectoral; y sostienen que “las universidades públicas están sometidas al deber constitucional de neutralidad ideológica”, pues la “libertad de expresión es un derecho individual” y la autonomía universitaria “se constituye exclusivamente como garantía de la libertad de cátedra”.
Hoy, un claustral solo puede pedir la convocatoria de un pleno extraordinario ―con el apoyo normalmente de un 25% de los componentes― si justifica que es en el ámbito de sus competencias, pero la enmienda abre la puerta a que se debata de temas variopintos.
En realidad, los claustros no están callados. En ocasiones lanzan declaraciones institucionales, pero sobre temas que les conciernen: por ejemplo, la Universidad de Barcelona sobre la financiación de los campus catalanes, o las universidades de Sevilla, Pablo Olavide, o Zaragoza sobre la LOSU. Pero la línea roja en discusión son los posicionamientos políticos polémicos, con el movimiento independentista catalán como punta de lanza. Ante la guerra de Ucrania, la lucha contra el fraude, la defensa de los derechos humanos o el software libre, por ejemplo, las universidades han emitido comunicados institucionales poco controvertidos, pero no parten del claustro, sino que son iniciativa del rectorado y son aprobados en el consejo de gobierno.
En el claustro, que puede tener hasta 300 miembros, participan representantes de los distintos estamentos elegidos con voto ponderado y personas por razón de su puesto (rector, secretario general y gerente). Por eso, Universitaris per la Convivència ―de la que forman parte los pensadores Fernando Savater o Félix de Azúa, o el economista Jorge Calero― considera que los claustrales “no están legitimados para articular una voluntad política colectiva, so pena de vulnerar el esencial principio democrático de la representación igualitaria, en este caso de todos los miembros de la comunidad académica”. Entre los firmantes se encuentran la profesora y escritora Nuria Amat, el constitucionalista emérito Manuel Reyes Aragón, el filósofo José Luis Pardo o el sociólogo Mariano Fernández Enguita.
Marta Rosique, diputada de Esquerra, esgrimió el pasado 21 de diciembre una realidad en la que la justicia no ha estado de su parte: “Hasta ahora, universidades como la de Barcelona o la Politécnica de Cataluña eran denunciadas ante los tribunales por posicionarse sobre temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno”. Y añadió: “Cuando se apruebe esta ley, las universidades podrán analizar temáticas de actualidad por ley. Basta ya de limitar la libertad de expresión, las universidades deben ser y son pilares democráticos”. El Grupo Plural, del que forma parte JxCat, también había pedido en una enmienda “debatir temas de trascendencia social”.
El pasado noviembre, el Tribunal Supremo ratificó la nulidad del Manifiesto conjunto de las universidades catalanas en rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y a la judicialización de la vida política. En su sentencia, el tribunal sostiene que un claustro no puede posicionarse “encuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del debate social y político, ajenas al objeto y funciones de la universidad y que dividen a la ciudadanía”. El caso se remonta a 2019, cuando cuatro profesores y un estudiante llevaron ante los tribunales aquella declaración aprobada en la Universidad de Barcelona. La justicia les dio la razón en 2020, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó la sentencia. La Politécnica de Cataluña también ha sido condenada.
El claustro de la Universidad de Lleida, además, validó declarar persona non grata a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, y al magistrado Manuel Marchena, e instó a crear una comisión de evaluación para revisar los contratos de suministros con criterios de “sostenibilidad, proximidad y compromiso con los valores democráticos”.
El Supremo recuerda en su sentencia que el claustro “no puede ejercer más funciones que las atribuidas por una norma, en concreto la LOU [Ley Orgánica de Universidades]”. Es la norma vigente, pero si a finales de febrero ―según estimaciones del Ministerio de Universidades― la LOSU se aprueba definitivamente en el Congreso, tras su paso por el Senado, entre estas funciones estará “analizar y debatir otras temáticas de especial transcendencia”. La LOU, en vigor desde 2001, no especifica tanto las funciones del claustro. Apenas expresa en su articulado específico del órgano que “le corresponde la elaboración de los estatutos, la elección del rector, en su caso, y las demás funciones que le atribuye esta ley”, aunque solo detalla entre esas funciones la convocatoria de elecciones.
Tentación autonómica
Las funciones del claustro son en la LOSU mayores de lo que parece sobre el papel. El exministro Manuel Castells, autor de las primeras versiones del proyecto de ley, pretendía limitar a un máximo de 100 personas los representantes del claustro e incluía una ambiciosa reforma del gobierno de las universidades que dotaba de mayor poder al rector, como en las empresas privadas. Pero finalmente el texto de la ley acordado con los nacionalistas ―Esquerra y el PNV son los grandes aliados del Gobierno en la LOSU― deja en manos de los claustros la aprobación de los estatutos que van a modelar cómo será el futuro de la institución: cómo se estructura, las funciones de los centros, la elección del rector o los componentes del claustro. “Al final, con esa ley cada universidad tiene que decidir qué quiere ser de mayor y tomar decisiones de acuerdo a sus expectativas”, resumió el ministro Joan Subirats la norma en una entrevista en este diario. Ello convierte la influencia en los claustros en una tentación para cualquier Gobierno autonómico.
La politización de las universidades no es un hecho reciente. Ya en 1990 el president Jordi Pujol elaboró un documento que propugnaba la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales. Entre sus objetivos, muchos de ellos universitarios, proponía “potenciar a personalidades de ideología nacionalista en los órganos rectores de las tres universidades catalanas [ahora son ocho]”. Estos órganos son el consejo de gobierno ―el brazo ejecutor de la política universitaria―, el claustro y el consejo social, que es el puente entre la sociedad y la universidad. En este último, el Gobierno autonómico designa al presidente y a una parte de los componentes (cada autonomía tiene su legislación), como en las cajas de ahorros.
Pese a que se admitió la enmienda que introdujo con ERC de incluir el derecho a debatir temas políticos en el claustro, EH Bildu se abstuvo en la primera votación de la LOSU. “Hay un paso atrás en la democratización interna de las universidades”, sostuvo en el Congreso su diputada Isabel Pozueta. Al partido abertzale le molesta especialmente que el rector vaya a poder elegir a un tercio de la composición del consejo de gobierno, una forma de agilizar sus decisiones. “Creemos que esta ley tenía que haber reforzado la participación, dando voz a los colectivos que, aun siendo muchos en cantidad, tienen poca en los órganos de decisión”. Es decir, un mayor protagonismo de los estudiantes, un colectivo al que EH Bildu cuida.
Tras conocerse este martes la carta, según recoge la agencia Efe, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que esta región acudirá al Tribunal Constitucional si prospera una enmienda en la reforma universitaria sobre que los claustros puedan hacer pronunciamientos ideológicos, algo que ha considerado “grave”.
