El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este lunes un decreto para la creación de la Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y las diócesis de Valencia, de Orihuela-Alicante, de Segorbe-Castelló de la Plana y de Tortosa (en la parte del territorio que está ubicada en la Comunitat).
La comisión, adscrita a la Presidencia de la Generalitat, se constituirá como un órgano colegiado, de composición paritaria, al que le corresponde el asesoramiento y la consulta en materia de «patrimonio cultural, enseñanza y educación, asistencia sanitaria en centros hospitalarios del Sistema Valenciano de Salud, asistencia social y justicia». Una medida que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, justificó con el objetivo de «normalizar lo que ya se ha venido desarrollando durante estos años de autogobierno».
Ahora bien, hilando un poco más fino la lectura política del movimiento del jefe del Consell y líder de los socialistas valencianos continúa con la trayectoria de la que ya informó este diario respecto a su aproximación al centro político a seis meses de las elecciones autonómicas. Especialmente, cuando según ha podido saber este diario, esta movimiento ya fue frenado por Compromís en dos ocasiones en pasados ‘consellets’ -reunión de los jueves previa al pleno del Gobierno valenciano-. De hecho, llegó a publicarse a mediados de octubre una nota de la Generalitat sobre la creación de la citada comisión para luego retirarse al no encontrar el respaldo en el Botànic, que cuestionaban la oportunidad de la medida, el término «asistencia social» ya dejado de lado desde hace años o la «ausencia de otras confesiones».
Finalmente, Puig decidió prescindir del acuerdo del Ejecutivo y sacarlo adelante mediante un decreto, o lo que es lo mismo, evitando tener que rendir cuentas ante sus socios.
En este sentido, el presidente de la Generalitat viene acentuando en los últimos meses su perfil más próximo al centro político. Su especial atención al ámbito económico y empresarial, con el ejemplo a la rebaja del impuesto de sucesiones; o su descenso de los tramos del IRPF, una medida solicitada reiteradamente por PP o Ciudadanos; han sido algunas de las iniciativas que han puesto en guardia a Compromís y Unides Podem al considerarse un viraje del líder socialista hacia un espacio más conservador del tablero político.
Y precisamente en esta búsqueda de ‘evangelizar’ a nuevos electores de corte más conservador puede interpretarse la creación de la mencionada comisión dirigida a mejorar la comunicación con la Iglesia, algo a lo que se había comprometido Puig con el nombramiento de monseñor Enrique Benavent el pasado mes de octubre como arzobispo de Valencia en sustitución del cardenal Antonio Cañizares. Un cambio que, según apuntaron fuentes socialistas a este diario, habría contribuido a la decisión de Puig de intensificar las relaciones con la Iglesia al considerar al nuevo arzobispo menos conservador que su predecesor.
Unos argumentos que no parecen convencer a los socios del Botànic, especialmente Compromís. Pese a que en su día la vicepresidenta, Mónica Oltra, sí había mantenido cierta relación con Cañizares -las competencias de diversidad religiosa están en esa conselleria-, desde la coalición se había optado por frenar esta comisión pretendida por Puig, una posición en la que también se encontraba Unides Podem.
De hecho, fuentes de la coalición recordaban en las últimas horas episodios recientes como el del obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, que se manifestó contra el aborto frente a una clínica a principios de noviembre para publicarlo posteriormente en redes sociales con el mensaje:»¡Si el aborto es progresismo, entonces la ley de la selva es la cumbre de la democracia!». Una posición que, para Compromís, sólo hace que justificar sus reservas respecto a este acercamiento de Puig, quien para algunas fuentes de la coalición ha querido capitalizar con rapidez la relación con el nuevo arzobispo por temor a que la formación valencianista pudiera convertirse en interlocutora de Benavent.
