El Ayuntamiento esperará a que la Unión Europea ilegalice la exención, pero sí empezará a aplicar año que viene un recargo en este impuesto por los pisos vacíos
A pesar de llevar anunciándolo desde hace varios años, el Ayuntamiento de València tampoco podrá empezar a cobrar en 2023 los impuestos municipales –especialmente el IBI- por los bienes que la Iglesia no destina específicamente a funciones religiosas. Los posibles ingresos por este concepto no aparecen en los presupuestos municipales del año que viene presentados el lunes por el gobierno local.
El Ayuntamiento deja de recaudar cada año alrededor de 4 millones de euros por exenciones fiscales y en torno a un 40% de ese dinero corresponde a bienes de la Iglesia que se dedican a actividades lucrativas. Es el caso, por ejemplo, del Hospital Casa de Salud o de la Universidad Católica Vicente Mártir.
En julio del año pasado y cansado de esperar a que el Congreso de los Diputados modifique la Ley de Mecenazgo, que es la que incluye la exención del IBI a la Iglesia, el consistorio encargó un informe al jurado tributario municipal, que es el organismo encargado de resolver los recursos en materia de impuestos. El informe recomienda esperar a que la Comisión Europea se pronuncie sobre la legalidad de esas exenciones fiscales y es lo que va a hacer el Ayuntamiento, como explica el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán:
Por el contrario, lo que sí podrá comenzar a aplicar el año que viene el Ayuntamiento es el recargo d30% en el IBI a los grandes propietarios de pisos vacíos. Una medida que pretende sacar estas viviendas al mercado del alquiler.
El recargo fue anunciado hace casi tres años, pero estaba pendiente de que la Generalitat creara el registro autonómico de vivienda deshabitada. Ese censo ya está hecho y ahora falta que la Conselleria de Vivienda envíe al consistorio el listado de pisos vacíos de la ciudad propiedad de grandes tenedores, que son aquellos que tienen al menos 10 viviendas deshabitadas:
El concejal de Hacienda ha explicado que “por prudencia contable” los posibles ingresos por este recargo en el IBI todavía no aparecen en los presupuestos municipales, pero que se incorporarán en cuanto la Conselleria les remita ese listado de vivienda deshabitada. El Registro de Viviendas Deshabitadas de la Generalitat obliga a los propietarios inscribir este tipo de inmuebles cada seis meses, bajo la amenaza de multas de entre 10.000 y 950.000 euros.
