Serán los primeros centros concertados que se construyen desde 2013 y se encuentran en zonas donde hay escasez de públicos o estos están sin terminar
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue manteniendo el pulso a lo público, también en el aspecto educativo. Si hace unos días ElPlural.com contaba que el profesorado de FP advertía de la posibilidad de movilizarse ante la gestión de la líder regional sobre los docentes de grado, la responsable de Sol ha vuelto a dar de qué hablar después de ceder a coste cero y por valor superior a 11 millones de euros dos parcelas públicas para la construcción de dos colegios concertados. Serían los primeros centros de estas características que se hacen en la capital desde 2013, según adelantaba El País.
El primero de los lugares está previsto que se edifique en el barrio de Valdefuentes, en el distrito de Hortaleza (Valdebebas). Tiene un tamaño de 18.838,4 metros cuadrados y está valorado en 10.377.547,08 euros, según el convenio que Ayuntamiento y autonomía firmaban en el mes de mayo y que recoge el medio mencionado. La segunda de las parcelas se encuentra en el distrito Villa de Vallecas, tiene unas dimensiones superiores a los 13.450 metros y está valorada en 1.540.103,14 euros.
Más de 23.000 alumnos con “necesidades educativas” y centros públicos sin terminar
La decisión del equipo regional ha provocado un nuevo levantamiento de los sindicatos educativos, que claman contra la decisión última del departamento de Enrique Ossorio. En declaraciones llegadas a este medio, las organizaciones sostienen que estas concesiones atentan contra el sistema educativo público y nadan en agua de la privatización por la que apuesta el PP, como se ha visto últimamente en el sistema sanitario.
Comisiones Obreras (CCOO) lamenta que en Villa de Vallecas y Valdebebas hay más de 23.000 niños y adolescentes de entre 0 y 18 años con “necesidades educativas urgentes” y aún centros públicos sin terminar como son el CEIP Valdebebas y el Nuria Espert en el caso del segundo distrito.
Aunque en el primero la situación no es muy diferente. Los 50.000 habitantes del Ensanche solo cuentan con el instituto público María Rodrigo. El centro, lamentan desde la organización sindical, está “saturado”, lo que provocó que en el proceso de escolarización de 2021 se quedaran sin plaza el 42% de las familias que la solicitaron.
Supresión de aulas
Desde el sindicato se refieren también a la supresión de aulas que la Comunidad de Madrid llevó a cabo durante el proceso de escolarización 2022-2023. En concreto, en los dos distritos en los que se pondrá en funcionamientos estos centros concertados se suprimieron unas 35 aulas.
En la información remitida a ElPlural.com, CCOO revela que en Villa de Vallecas el número fue entonces de 8,5 aulas y en Valdebebas de un total de 27 (22 en Hortaleza y 5 en Barajas).
Situación público-concertada en Madrid
Un estudio realizado por UGT ahonda en la idea de la desigualdad educativa existente en la Comunidad de Madrid y de que esa “libertad” que abandera Ayuso no se traduce tampoco en la capacidad para escoger centro, sino en un “despropósito” educativo.
El análisis llevado a cabo por el sindicato y que se remonta a 2020 refleja que la Comunidad cuenta con 362 centros públicos y 434 concertados. Las cifras vienen dadas como cómputo general fruto de lo complicado que resulta llevar a cabo un estudio de este tipo, ya que los centros públicos separan las enseñanzas de Infantil y Primaria de la de Secundaria; mientras que los concertados aglutinan todas. En cualquier caso, tomando como objeto de comparación el número de Institutos de ESO al que se encuentran adscritos todos los centros de Infantil y Primaria, el resultado sería ese.
Asimismo, ciñéndose exclusivamente al caso de Madrid Capital, el 43% de los centros son públicospor el 56% concertados en Infantil y Primaria. El mismo porcentaje es de un 37% frente a un 63% en Secundaria.
Contra la LOMLOE
Tampoco es ningún secreto que la presidenta de Madrid mantiene su particular cruzada contra la LOMLOE. Siguiendo esa senda, precisamente los sindicatos se quejaban esta misma semana de que la consejería popular aún no había puesto en marcha el proceso recogido en el Real Decreto Ley que permite a los docentes beneficiarios de FP pasar del subgrupo funcionarial A2 al A1, lo que en la práctica se traduce en mejores condiciones laborales como la subida salarial de cerca de 200 euros.
Con la cesión de terreno expuesto en estas líneas, la presidenta madrileña podría estar incumpliendo la Ley Celaá al “regalar suelo público para construir centros privados”, así como su propia normativa Maestra “al imposibilitar la libertad de elección de enseñanza pública y limitarla a la enseñanza concertada”, según expone CCOO. Desde UGT se muestran algo más cautos y detallan que el hecho sí es legal, pero que obedece a una encrucijada perpetrada entre Comunidad y Ayuntamiento, dado que el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida ha cedido el suelo a la autonomía y el texto no prohíbe explícitamente la operación para las comunidades.
