La Iglesia tiene «por error» 67 bienes inmatriculados en Extremadura

En la comunidad hay, en total, casi un millar, 565 en la provincia cacereña y 417 en la de Badajoz. Son los datos que recoge Extremadura Laica, que ayer se concentró en Badajoz y Cáceres

Templos, ermitas o monasterios pero también viviendas, terrenos y hasta un corralón. La Iglesia dispone de cerca de un millar de bienes inmatriculados en toda Extremadura –son 982, 565 en la provincia de Cáceres y 417 en la de Badajoz–, tal y como hizo público el Gobierno central en febrero de 2021. De estos, la Conferencia Episcopal admite que 67 fueron inmatriculados «erróneamente» en la región. Así lo expone el colectivo Extremadura Laica, que ayer se concentró tanto en Cáceres como en Badajoz para reclamar «la recuperación del patrimonio público». Cabe destacar que estas cifras se refieren a las diócesis de Coria-Cáceres, Plasencia y Badajoz, quedando fuera la zona de Guadalupe por estar dentro de la diócesis de Toledo.

«La Iglesia registrarlo lo ha registrado todo, no han dejado atrás nada», dice con sorna Javier Escudero, presidente de Extremadura Laica, quien define las inmatriculaciones como «el mayor escándalo inmobiliario de la historia del país». «Tras meses de negociaciones secretas, el Gobierno recibe el informe de la Conferencia Episcopal Española del millar de bienes incluidos incorrectamente en el listado del Gobierno –de los que 67 están en la región–, pretendiendo legalizar el resto. No son mil, son cien mil», asegura, a la vez que pide que el gobierno de coalición haga las modificaciones legislativas pertinentes para revertir las inmatriculaciones. «Si la Iglesia dice que son donaciones de los fieles, que lo demuestre. Son bienes que arrebataron a la ciudadanía. El 91% de los inmuebles inmatriculados en Extremadura lo ha sido sin títulos de propiedad, es decir, con sólo una certificación eclesiástica, que no es más que una nota», afirma Escudero.

 «Es evidente que los bienes propiedad de la Iglesia lo son por diferentes motivos. En ocasiones pueden responder a donaciones de particulares, en otras se trata de bienes que han sido construidos con las aportaciones de los fieles, hay lugares de culto que eran propiedad de Órdenes o Congregaciones y que han sido donados a la Iglesia, bienes que han sido adquiridos o edificados por la propia Iglesia… Lo que me parece fuera de toda duda es que si hay alguien que se cree con el derecho de reclamar la propiedad de alguno de los bienes inmatriculados debe acudir a la justicia para que le sea reconocido este derecho. Pero para ello debe acreditarlo en los términos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico», explica por su parte Jaime Rossell, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Extremadura (UEx).

Mientras que Escudero critica la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 como la norma que abrió «la veda», para Rossell esta vino a corregir «una situación injusta». «A la Iglesia se le pone en la misma categoría que a los municipios y a los obispos en la de notarios. No tienen que presentar nada de nada», argumenta Escudero. «La finalidad fue la de posibilitar el acceso registral a las adquisiciones de la Iglesia que carecían de título escrito, precisamente, por la antigüedad de los bienes y la ausencia de un título escrito en las adquisiciones realizadas desde tiempo inmemorial. De esta manera la Iglesia garantizaba la identidad, la finalidad y el uso de estos bienes frente a terceras personas», defiende Rossell por su parte.

La propia Conferencia Episcopal Española (CEE) se justifica: «La Iglesia ejerce el derecho a inmatricular sus bienes porque tiene la obligación de custodiar y mantener lo que le ha sido confiado».

«Si la Iglesia dice que son donaciones de los fieles, que lo demuestre»

Javier Escudero – Extremadura Laica

24 en Serradilla

De los 982 bienes inmatriculados en Extremadura, 668 se refieren a templos y «dependencias complementarias» y 314 a otros bienes de no culto. 

En cuanto a los 67 bienes inmatriculados «por error», Rossell explica: «La CEE publicó en 2022 un informe acerca de la situación de todos sus bienes inmatriculados. En dicho informe detectó que en aproximadamente mil inmuebles existían incidencias registrales. Lo que reconocieron es que había una serie de bienes sobre los que no podían validar el registro al no tener suficiente información sobre los mismos. Es decir, existen algunos bienes sobre los que no se puede garantizar o identificar la titularidad». 

Extremadura Laica ha recopilado el listado de los mismos en la región, entre los que llama la atención el convento de Las Claras, en Cáceres, o el caso de la localidad de Serradilla, donde hay 24 bienes mal inmatriculados: todos ellos son templos y en todos ellos la razón es: «Faltan datos por identificar». Además de este motivo, hay otros: «Pertenecen a otras comunidades o entidades religiosas»; «no inmatriculados»; «otros / errores»; y «otros titulares».

«Denunciamos la opacidad y la poca voluntad de las administraciones para devolver a la ciudadanía todo ese patrimonio», remacha Escudero. «Como sabemos, la Iglesia incluso cobra entrada en los templos, con lo que ganan millones, pero si hay que hacer alguna obra recurren al Estado», añade.

Litigios

El pasado mes de enero el Gobierno central acordó con la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) que se asesoraría a los ayuntamientos para que pudieran recuperar y regularizar estos bienes. Sin embargo, a día de hoy en la región ningún consistorio ha acudido a la Fempex, sucursal regional de la federación, para hacerlo: «El Ejecutivo no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales. Lejos de cumplir su promesa electoral, el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado», denuncia Escudero, quien afirma que seguirán las movilizaciones, como las de ayer en una veintena de ciudades españolas, para que esta situación se revierta ya que, a su juicio: «Nuestros representantes públicos no están a la altura de su compromiso histórico».