Europa Laica se concentrará el día 10 frente a la Catedral de Santander para reclamar los bienes inmatriculados
Europa Laica Cantabria ha convocado el próximo jueves, 10 de noviembre, una concentración en la Plaza de la Asunción, frente a la Catedral de Santander, para denunciar los «incumplimientos» del Gobierno en materia de inmatriculaciones. El acto tendrá lugar a las 19:00 horas y se celebrará en una veintena de ciudades del país.
La protesta, que tiene como lema ‘Recuperando nuestro patrimonio histórico’, se enmarca en la jornada de denuncia que la Coordinadora Recuperando, de la que forma parte Europa Laica, ha convocado a nivel nacional. El colectivo ha señalado en nota de prensa que el Gobierno «no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales». «Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico, Recuperando y todas y cada una de las organizaciones que coordina sí lo estarán», añade, por lo que anuncia que seguirán movilizándose para denunciar esta situación y emplazar a las fuerzas políticas y al Gobierno a que «cumplan» sus compromisos.
En este sentido, recuerda que el Gobierno «se comprometió» a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados por la jerarquía católica. Sin embargo, el inventario de bienes inmatriculados difundido, un listado «parcial» que «no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998», «no ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo inmatriculado». Agrega que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos «ha dado carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía» y «no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones».
A juicio del colectivo «esta renuncia gubernamental solo se puede explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica». «Lejos de cumplir su promesa electoral, el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad», concluye.
