La presidenta de la Comunidad de Madrid recuerda que el Gobierno sólo puede llevar a cabo en el recinto actuaciones para la «conservación y puesta en valor del inmueble» | Podemos planteó en 2018 tirar la gran cruz que corona el monumento
Isabel Díaz Ayuso defiende sus competencias en materia de patrimonio histórico y asegura que «nunca» dará permiso para demoler ni la cruz ni ningún otro elemento del Valle de Cuelgamuros en caso de que el Gobierno quisiera llevar a cabo algún tipo de intervención más allá de la conservación en el complejo monumental, ubicado en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial y perteneciente a Patrimonio Nacional.
La presidenta de la Comunidad de Madrid se expresa en estos términos en la respuesta a la carta que un representante del colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias le hizo llegar el pasado 17 de octubre, cuatro días antes de que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática. En la misiva, el remitente le había afeado su falta de determinación para declarar el Valle de los Caídos como Bien de Interés Cultural (BIC) a fin de blindar el recinto, según las fuentes consultadas por este diario.
Díaz Ayuso defiende que la Comunidad de Madrid carece de competencias para tramitar dicha declaración por tratarse de un bien propiedad de Patrimonio Nacional. Esa interpretación es rebatida por juristas como el profesor de Derecho Administrativo Salvador Pérez Alcaraz, quien -en un informe emitido a petición de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y fechado el pasado 13 de junio- concluye que tal atribución corresponde al Ejecutivo regional en virtud de lo que establecen la Constitución (artículo 148.1.16ª), el Estatuto de Autonomía (26.1.19) y la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Tras reconocerle que compartía «en gran medida» las inquietudes que le había expresado, la jefa del Ejecutivo madrileño recordaba a su interlocutor que este espacio monumental goza de una «protección integral» al estar incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Y ello significa, resalta, que «no es posible demoler ningún elemento del Valle de los Caídos, incluida su cruz».
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha sugerido públicamente que entre las actuaciones que proyecta acometer para resignificar el complejo como lugar de memoria democrática tras la aprobación de la nueva ley se incluya tirar la cruz de granito de 150 metros de altura y 46,40 metros de longitud de brazos que corona el monumento, visible a leguas.
Propuesta de Podemos
Sí lo planteó Podemos a finales de septiembre de 2018, cuando presentó su informe de actuación bajo el título ‘De un valle de lágrimas a un valle de la memorias. Bases para un proyecto de futuro para el Valle de los Caídos’ y aún no había entrado en el Ejecutivo. Entre los intervinientes en aquel acto, que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, figuró la hoy ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Ione Belarra tomó la palabra en su condición de portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.
La formación lidera entonces por Pablo Iglesias consideraba «fundamental» despojar el recinto de toda la simbología franquista, «incluida la unión de la cruz y la espada». «Esta cruz, característica actualmente del Valle, podría demolerse y utilizar su residuo gravoso para crear otro monumento de dignificación y respeto a las víctimas», planteó.
En la carta, Díaz Ayuso recuerda que, en virtud de la protección que le brinda el hecho de estar incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en el Valle de Cuelgamuros tan sólo se podrían llevar a cabo actuaciones «encaminadas a la conservación y puesta en valor del inmueble».
En el caso de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «tuviera en algún momento la intención de intervenir en el Valle de los Caídos», subraya la presidenta madrileña en su contestación, tendría que promover la modificación del citado catálogo y luego contar con el informe «preceptivo y vinculante» -en aplicación de las leyes del suelo y del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid- de las dos consejerías con competencias: la de Cultura, Turismo y Deporte y la de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. «Un permiso que, en caso de ser solicitado, nunca vamos a otorgar», zanja.
Díaz Ayuso, que califica de «sectaria» la Ley de Memoria Democrática y pactada para «blanquear al entorno de ETA», asegura que tratará «con el máximo respeto a todas las víctimas de la contienda fratricida» enterradas en cualquier punto de la región y que preservará «el espíritu de la Transición frente a quienes pretenden cuestionarlo para vivir de las rentas de la guerra y la dictadura, eclipsando el desastre de la gestión del actual Gobierno de España».
