Harro denuncia que el anteproyecto de ley «es privatizador, no acaba con el problema de la segregación, acepta el adoctrinamiento y supone un retroceso en la normalización del euskera»
El Gobierno vasco quiere aprobar este curso 2022-23 la Ley Vasca de Educación. Esta Ley sustituirá a la vigente Ley de la Escuela Pública Vasca. El 14 de septiembre conocimos el anteproyecto de la nueva ley. A pesar de que este anteproyecto recoge una serie de declaraciones a favor de la red pública, sigue sin dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Al mismo tiempo, el Departamento de Educación viene adoptando en los últimos meses de forma continuada medidas a favor de la red privada a través de decretos y órdenes: ha aprobado la actual Orden de renovación y prórroga de los conciertos educativos para los próximos seis cursos, a pesar de las previsiones de bajada de la natalidad; el borrador de decreto de planificación reduce la ratio mínima para formar un grupo o aula en los centros privados concertados y prevé la fusión y/o desaparición de numerosos centros públicos; ha aumentado los módulos de concertación, incrementando económicamente la financiación de los centros concertados (en torno al 6%los módulos del profesorado, 8,5% los módulos por aula de 2º ciclo de Educación Infantil a Bachillerato, y un 25% los módulos de mantenimiento) y ha integrado las aulas de 2 años dentro del sistema de concertación.
Por otra parte, el borrador crea un nuevo concepto denominado Servicio Público Vasco de Educación, dice que “este servicio se prestará a través de los centros públicos y de los privados concertados”, y que por lo tanto corresponde la misma financiación a ambos tipos de centros. Esto indica claramente que no se facilitará el crecimiento de la escuela pública ni se le dará un trato prioritario.
Los agentes que conformamos EEPH Topagunea queremos un sistema educativo vertebrado en la escuela pública que logre una educación euskaldun para la cohesión social y la igualdad:
– Proponemos la consolidación y ampliación de la red pública como garantía de derechos para toda la ciudadanía. Para ello es necesario realizar una planificación razonable, adecuar la oferta de plazas escolares a la realidad y no concertar una oferta excesiva de la red privada; dotar a la red pública de todos los recursos necesarios y ampliar los cauces de publificación para los centros que quieran formar parte de esta red. Si se iguala la financiación de ambas redes sin aumentar el presupuesto destinado a educación, se reducirá la destinada a la red pública. Hay que aumentar la financiación de la red pública y establecer de una vez auditorías e inspecciones rigurosas para el control de la financiación de la red privada-concertada, eliminando los conciertos económicos a los centros que no cumplan los requisitos.
– Queremos ser una escuela pública que siga siendo un referente en la euskaldunización del alumnado. El anteproyecto no refuerza el papel de la educación como garante del desarrollo del euskera y de la cultura vasca. No se superan los modelos lingüísticos ni se recoge el modelo de inmersión, ni el currículo vasco. Aunque detalla los perfiles de salida, no se aclara cómo lograrán el nivel B2 en euskera todos los alumnos y alumnas.
– Basada en la participación de la comunidad educativa, queremos una red solidaria de escuelas públicas que trabajen conjuntamente, integradas en sus pueblos y barrios. El anteproyecto de ley plantea lo contrario: la lógica de la competencia entre centros concertados y públicos. El Servicio Público Vasco de Educación, formado por diferentes titularidades, no es más que una trampa para establecer un sistema educativo neoliberal.
– Apostamos por una sociedad vasca cohesionada. El actual sistema educativo dual público-privado no garantiza la cohesión social. En la CAPV, la mitad del sistema es privado-concertado, lo que hace que la segregación se genere y aumente constantemente. Lejos de atenuar las desigualdades existentes en la sociedad y superar este modelo dual que las reproduce, la Ley propone su perpetuación, convirtiendo a las y los alumnos vulnerables en productos de compraventa para aumentar la financiación de la red concertada. El anteproyecto no recoge intención alguna de reducir la presencia de la red privada.
– Queremos un sistema educativo público laico. La ley plantea lo contrario: la oferta religiosa será obligatoria en la escuela pública y los centros concertados con ideario religioso recibirán la misma financiación que los públicos.
Este anteproyecto dice defender la educación pública, el euskera y la cultura vasca, y la laicidad, pero apuesta claramente por privatizar los servicios públicos, mantiene la dualidad de redes, supone un retroceso para la euskaldunización y no garantiza la laicidad.
