Pasadas las dos de la madrugada se concluía la retirada de los restos de los dirigentes golpistas, consecuencia de la lucha de años del movimiento memorialista y de la activación de los protocolos que articula la nueva ley de memoria democrática
Familiares del auditor de guerra Francisco Bohórquez y del general Queipo de Llano se daban cita para asistir a la exhumación de los restos, que comenzase alrededor de las nueve de la noche de ayer miércoles en la Basílica. La Hermandad no ha comunicado oficialmente la exhumación que se ha realizado en el templo.
De esta forma se pone fin a una reivindicación de buena parte del movimiento memorialista, que llevaba años pidiendo la retirada de los restos de la Basílica de la Macarena. En los días previos a la exhumación, El Salto pulsó la opinión sobre la misma de activistas por la memoria histórica, historiadores y familiares de víctimas del franquismo.
“Siento mucha alegría, pero sobre todo emoción, mucha emoción. Ha sido un largo camino de lucha, de trabajo, de reivindicación para que se visibilice a las víctimas del franquismo, para que se nos reconozca y se haga justicia”. Lourdes Farratell tiene un abuelo fusilado por aplicación de bando de guerra en una fosa común. Por la fecha, podría ser la de Pico Reja. En estos días no termina de creerse la noticia de que el genocida Queipo de Llano, teniente general del ejército golpista y responsable de más de cuarenta y cinco mil muertes durante la Guerra Civil y la primera etapa de posguerra en Andalucía, esté a las puertas de salir de la Basílica de la Macarena, gracias a la aplicación de la actual ley estatal de memoria democrática.
Joaquín Farratell era su abuelo, militante de la CNT. Una de las miles de víctimas que descansa sobre la desmemoria de aquel régimen y que aún guarda en lugar sagrado a cabezas visibles de un genocidio. Es el caso de Gonzalo Queipo de Llano y el auditor de guerra, Francisco Bohórquez, que firmaba aquellas sentencias de muerte. Ambas figuras “reposan” en un lugar privilegiado del templo de la Macarena, a la vista de todos los visitantes.
La Hermandad de la Macarena ha eludido, en muchas ocasiones, su responsabilidad en relación a las leyes de memoria
La Hermandad ha eludido, en muchas ocasiones, su responsabilidad. Y lo ha hecho escudándose en la falta de concreción de leyes de memoria como la andaluza del año 2017, que no desterró la tumba de Queipo del templo. Ahora, el círculo comienza a estrecharse con la nueva ley de memoria de rango nacional. El Estado le pide por primera vez cuentas. Ahora sí. El Secretario de Estado de Memoria Democrática ha remitido un comunicado al Hermano Mayor de la Hermandad. En su respuesta reiteran “su afán por cumplir escrupulosamente la ley”. En este caso se trataría de cumplir con el artículo 38.3 de la ley, que resulta del todo claro: “Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público”, como es el caso de la Basílica.
Tras la publicación en el BOE la Ley 20/2022, de 19 de octubre, la Hermandad alega que “ya había realizado determinadas acciones para tal fin”, lo que les permitirá “cumplir escrupulosamente la legislación”. Y pone como fecha el mes de noviembre para que Queipo de Llano y Bohórquez pasen al columbario junto al resto de hermanos enterrados en la Basílica.
Cierta desconfianza
La plataforma memorialista Gambogaz, que lucha por la salida de los restos y la expropiación del cortijo andaluz que Queipo se adueñó como botín de guerra después de la victoria del 36, destaca “la buena actitud y sintonía existente entre la Secretaría de Estado y Hermandad para la pronta exhumación de los restos de los golpistas”. Solo esperan que esta colaboración consiga el objetivo final: “la retirada de los restos de estas personas de un lugar de gran proyección pública”. Declaran rotundamente que “dichos restos deben salir del recinto de la Basílica y ser trasladados al lugar privado elegido por las familias”, pero al mismo tiempo resulta difícil confiar en que va a ocurrir, después de tantos años de espera.
Paqui Maqueda, miembro de esta Plataforma, apunta a El Salto “que el gobierno no ha determinado plazo concreto. La Hermandad dice que va a cumplir con la ley, pero no pone los medios para ejecutarlo. Es más, no dicen ni el cuándo ni el cómo. Hay opacidad”. Además, reitera que “como la ley no establece el plazo, nos pueden marear. Solo espero que ante la resistencia, el Estado actúe y aplique el régimen sancionador”.
Francisco Espinosa: “Queipo está donde tiene que estar: bajo el suelo de una Hermandad que apoyó el golpe”
Francisco Espinosa, historiador y profundo conocedor de la represión en los años de Queipo apunta cómo la “figura de este teniente general y la Hermandad han estado siempre muy unidos”. A finales de los años 40 se construye una Basílica “sufragada con entregas de dinero” de aquel régimen atroz. Espinosa recuerda cómo la Hermandad de la Macarena “se entrega a los militares” desde el mismo 18 de julio, y “apoyan aquel golpe”. De ahí la contradicción de que hoy “se quieran sacar los restos de un militar que forma parte de ellos, al igual que su tumba”. Y es que en aquellos años la “Hermandad estuvo muy vinculada a los golpistas”, algo que no se debe borrar de la memoria, construida “sobre el suelo de una las tabernas más concurridas por la izquierda sevillana, la antigua Casa Cornelio”, que fue derribada de aquel solar en años anteriores.
Espinosa conoce muy de cerca el aparato represor de aquellos días del golpe y subraya que es igual de feroz la figura de Bohórquez que la de Queipo como criminal de guerra: “La Macarena representa a la Iglesia sevillana y a la española, y sacar de allí a estos criminales de guerra es blanquear el papel de la iglesia durante el golpe y la dictadura. Si los dejan allí estarán mostrando lo que pasó” en la Sevilla de 1936.
Cecilio Gordillo: “trasladar los restos al columbario, como pretende la Hernandad, sería suficiente y barato”
Por su parte, el coordinador del Grupo Recuperando la Historia Social de Andalucía, del sindicato CGT, afirma que en su vida ha pisado el suelo de aquella Basílica, aunque sentencia que “trasladar los restos al columbario, como pretende hacer la Hermandad, que por lo que he leído está en una especia de subterráneo donde no accede el público en general, sería suficiente y barato”. Gordillo subraya que sería mejor para la Hermandad, pero sobre todo para las arcas públicas. “Si no ya nos vemos pagando una nueva tumba —todos los años— como lo hacemos con Franco, y si se lo llevan al cementerio de San Fernando aquello se convertiría en un lugar de concentración y peregrinación de franquistas”.
Eduardo Ranz: “Es hora de sacarlos”
Eduardo Ranz, abogado vinculado a casos como como la exhumación de víctimas en Cuelgamuros en el Valle de los Caídos, señala a El Salto que “la Iglesia se consideraba un ente privado, menos para recibir dinero de los presupuestos generales del estado. Y ahora con la reforma de ley, “se trata de un lugar privado, pero de acceso público, que tiene en este caso en su interior a personas que hicieron apología del franquismo. Y ya es hora de sacarlos”.
Ranz afirma que “sí podrían hacer una expropiación del espacio para realizar las exhumaciones si no actúa la Hermandad, aunque se espera que el Arzobispado de Sevilla” dé permiso. El Estado podría expropiar la Basílica durante el periodo de exhumación para poder cumplir la ley. Y apunta que “es el momento de hablar de una cuestión de legalidad, que ya prevé la exhumación de Queipo. Es una norma que ya se tiene que cumplir”, sentencia.
Hasta hoy, la tumba de Bohórquez se encuentra en el antepresbisterio de la Basílica, mientras que Queipo de Llano y su esposa están enterrados en una de las capillas anexas de fácil visibilidad para cualquier visitante o devoto de la Hermandad. Lourdes Farratell apunta a El Salto que ha tenido sentimientos encontrados: “Al principio pensaba que êl hecho de que estos genocidas siguieran en la Basílica era una forma de hacer justicia. Era una parte testimonial del horror de aquellos años”. Más tarde Lourdes cambiaría de parecer, pensando que, “tienen que salir de la Macarena, que su presencia allí sigue siendo una forma de ofensa, un insulto a nuestro derecho a la justicia, porque ya está bien de ‘descansar’ con cierto privilegio, mientras los restos de mi abuelo, y de tantos otros, no aparecen”.
Familias como la de Lourdes Farratell quedarían truncadas después del estallido de la guerra. Lourdes recuerda cómo a su abuelo Joaquín fueron a buscarlo a su casa tres o cuatro falangistas y un guardia civil. Eran de San Juan de Aznalfarache: “En su casa de la Vega de Triana estaban mi abuela Lourdes con mi padre y mis tíos. Se lo llevaron y desapareció”.
Lourdes sabe que, después de la desaparición de su abuelo, le quitaron la casa a su familia: “Echaron a mi abuela con los niños y tiraron la casa abajo. Todos se fueron a vivir a un basurero de la zona”. Su padre se convierte en los años del hambre en un niño que mendiga para subsistir y dar de comer a los suyos: “No puedo ni imaginar el sufrimiento de mi abuela, una mujer culta y de buena familia que según contaba mi padre, terminó ‘vestida con un saco de arpillera’. Pobrecita, con seis hijos a su cargo”.
José Luis Gutiérrez: “la Hermandad no tiene ningún reparo moral para albergar los restos de personajes como Queipo y Bohórquez»
José Luis Gutiérrez, historiador andaluz muy vinculado al movimiento memorialista comenta a El Salto que era escéptico con la salida de los restos de Queipo y Bohórquez, por el “secretismo que se guardado sobre toda la cuestión y la poca sensibilidad que han tenido con el colectivo memorialista, que son los que realmente se han currado esto”. Lo más sorprendente para Gutiérrez es que “después de los años que se le lleva pidiendo a la Hermandad que saque a Queipo, haga falta una nueva ley ahora estatal [para que se lleve a cabo la exhumación]”. Además, apunta que “la Hermandad no tiene ningún reparo moral para albergar los restos de personajes como Queipo y Bohórquez” en la Basílica: “Solo espero que no se colectivicen los gastos de la exhumación y que sea la propia Hermandad la que asuma los costes, no el Estado”, concluye.
