La comunidad musulmana en Vigo sigue creciendo de modo exponencial. Ya es una de las mayores de Galicia, y aquí se encuentra la mayor mezquita. El Centro Cultural Islámico, situado en Gregorio Espino ocupa 700 metros cuadrados. Esta comunidad lleva a cabo sus actividades religiosas, culturales y educativas de modo discreto, y pretende que el Ayuntamiento le facilite los terrenos para un cementerio propio. Cabe recordar que, en su día, supuso un avance el derribo del muro que, en terreno público, separaba el cementerio civil del católico. No se entiende que en espacio público en un estado laico, no confesional, las sepulturas vuelvan a separarse por religiones. Aparte de ello, un musulmán no puede ser enterrado en el mismo espacio que otro no musulmán; además debe ser inhumado en sudario, sin caja, directamente en tierra, mirando a la Meca. Las normas de policía sanitaria, especialmente en zona de abundantes acuíferos como Galicia no lo permiten. Pero el alcalde de Vigo, Abel Caballero, cuando cambie la normativa está dispuesto a permitir ese cementerio. Tema delicado y debate servido.
Pero aparte de este asunto, hay otros que preocupan a la creciente comunidad musulmana en general, aunque en Vigo no haya trascendido. En la sociedad española, determinados sectores del islamismo vuelven a exponer la necesidad de que se reconozca de iure una situación que se produce de facto. El asunto lo provoca que aquí, ya se han dado casos de emigrantes que poseen una esposa aquí y otra allá, y quieren tenerlas a todas aquí, según constatan determinados servicios sociales y de control de la inmigración. Es conocido el caso de inmigrantes con dos o más esposas, no todas residentes en España, igual que sus proles, a cuyo fallecimiento los tribunales otorgaron el reparto de sus pensiones entre sus diversas cónyuges, además de acoger en el sistema genérico de la Seguridad Social a todas ellas y obviamente a todos sus hijos, entre otras cosas, porque nuestra Constitución ampara por igual a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. Ya en tiempos de Zapatero, juristas musulmanes expusieron sus razonamientos a favor de la poligamia: El matrimonio es un contrato civil basado en la voluntad de las partes. Nunca se ha cerrado el debate a la posibilidad de reconocerla en España. Hay un excelente trabajo de un jurista musulmán al respecto: Si el matrimonio es un contrato basado en la voluntad de las partes, y si es normal que un hombre se case con otro hombre o una mujer con otra mujer, ¿por qué no admitir que si varias mujeres están dispuestas a casarse con un hombre si es más natural y lo aceptan libremente? Dicho así, el argumento es impecable.
El debate de la poligamia empieza a ser más cotidiano. Las asociaciones de musulmanes residentes en España piden repetidamente la despenalización de la misma, por entender que, si un hombre se puede casar con otro, ¿por qué no un hombre con cuatro mujeres, si todas aceptan, y es más natural? Como explica María Lourdes Labaca Zabala, Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, área de Derecho Eclesiástico del Estado, la poligamia es una institución recogida en los ordenamientos de la mayoría de los países islámicos, pero que no respeta determinados elementos esenciales de los ordenamientos occidentales. La mayoría de la doctrina se decanta, por el no reconocimiento de efectos de éstos matrimonios en nuestro ordenamiento. Pero con frecuencia las situaciones de facto superan a las de iure.
Pero el problema está ahí, y en la medida que crece la presencia musulmana en Vigo, aparte del asunto de los cementerios, antes o después tendrá que trascender. ¿Qué puede pasar con la Seguridad Social Española y con la sociedad toda si, por la vía de los hechos, reconocidos o no los matrimonios bígamos, esposas, viudas e hijos de los residentes musulmanes con varias esposas, se integran en el sistema como beneficiarios (y lo serán automáticamente) de las prestaciones diseñadas para otro modelo de familia? Con la Constitución española en la mano no hay duda. Todas las madres, esposas o no, y todos los hijos, son iguales a la hora de recibir la protección del Estado. El número que quiera tener cada uno es cosa privada, las consecuencias, públicas. El debate está servido. Y la realidad ahí.
