El vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE recuerda que del listado de cerca de 35.000 bienes elaborado por el Gobierno español, la Iglesia detectó 2.500 incidencias
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, ha trasladado este lunes la predisposición de los obispos a estudiar «una a una» todas las anomalías que pueda haber en las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.
En una mesa redonda bajo el título «¿Legalidad/legitimidad de las inmatriculaciones», organizada por Redes Cristianas, que engloba a 200 colectivos de cristianos de base, Giménez Barriocanal ha recordado que del listado de cerca de 35.000 bienes elaborado por el Gobierno, la Iglesia detectó 2.500 incidencias.
«Sobre estas anomalías estamos dispuestos a hablar», ha afirmado Giménez Barriocanal que ha apuntado, por otra parte, que la mayoría de estos bienes son generadores de gastos, bienes que hay que mantener y poner a disposición del pueblo.
En este sentido ha replicado que los bienes no están registrados a nombre del obispo, sino del pueblo cristiano. «La Iglesia debe custodiar los bienes que se le han entregado, y no quiere privilegios pero tampoco discriminaciones», ha apuntado el representante de la CEE.
Ha reconocido que seguramente hay cosas que se han hecho mal, y se ha comprometido a corregirlas «una a una», aunque ha advertido de que la Iglesia todavía no ha recibido un listado de anomalías. «Cuando lo recibamos, lo miraremos uno a uno».
«Estamos dispuestos a corregir todo lo que sea necesario, para eso hay que estudiar caso a caso. La Iglesia quiere los bienes para cumplir su misión, que no es otra que anunciar el Evangelio y vivir la fe y la caridad con los más débiles», ha subrayado.
Por su parte, el subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera, ha reconocido que la Iglesia ha tenido una forma privilegiada de acceder al registro, y con la publicación del listado de bienes inmatriculados el Gobierno ha intentado corregir esta situación.
No obstante, ha señalado que el Ejecutivo cree en la política útil «y la política útil no es compatible con resolver rápidamente grandes problemas, sino en ir avanzando poco a poco», aunque eso no significa que se haya cerrado el asunto con la publicación del listado.
«No es ningún punto final ni supone la aceptación de que el resto de situaciones que no figuran en ese listado esté resuelto», ha destacado.
En el acto ha participado también el portavoz de Recuperando, Antonio Manuel Rodríguez, que ha denunciado que la Iglesia ha inmatriculado más del 80 % del patrimonio histórico del Estado. Bienes que deberían ser de dominio público, pero que en España pertenecen a la Iglesia.
«Si este privilegio franquista fue una anomalía en Europa, que solo pudo usar la Iglesia católica en España, ¿cuándo va a derogarlo el Gobierno?», ha planteado.
Según Rodríguez, tanto el Gobierno como la Conferencia Episcopal «se han empeñado en enterrar una parte de la memoria y una parte de la verdad en relación con los bienes inmatriculados» y ha instado al Ejecutivo a declarar la inconstitucionalidad de todas las inmatriculaciones.
