Un juzgado admite una denuncia contra una monja por el caso de los «bebés robados»

La religiosa trabajó en la clínica Santa Cristina de Madrid, una de las implicadas en la trama. La denunciante es una mujer que perdió a su hija en 1982

El juzgado de instrucción número 47 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia que una mujer presentó ante la Fiscalía de Madrid contra Sor María G.V., una de las religiosas implicadas en la trama de niños robados que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo pasado.

La denunciante, que declarará mañana ante el juez, acusa a Sor María de un delito de detención ilegal permanente, que podría llegar a convertirse en uno de sustracción de menores. La religiosa trabajó en la maternidad de la clínica Santa Cristina de la calle O'Donnell de Madrid, donde la denunciante dio a luz a su hija, desaparecida, en marzo de 1982.

El juez deberá decidir sobre la naturaleza del delito, así como sobre la prescripción del mismo, antes de llamar a declarar a la denunciada. La Fiscalía, por su parte, está a la espera de obtener los resultados de ADN de dos exhumaciones realizadas en el cementerio de la Almudena con el fin de comprobar posibles irregularidades.

Reunión con los ministros

Por otro lado, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce y los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; Interior, Jorge Fernández Díaz; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato recibirán el próximo 12 de abril con las asociaciones de afectados por estos casos.

El motivo de la reunión es la intención de las familias de los ‘bebés robados’ de reclamar la apertura de los archivos y la creación de una base de datos que recopile muestras de ADN para facilitar las investigaciones. “Pedimos que el Estado tome la batuta haga de gestor en la lectura de los archivos”, explicó a Europa Press Mar Soriano, portavoz de la Plataforma de afectados de clínicas de toda España. “Si interviene el Estado, la Ley de Protección de Datos no le impide buscar los datos”, argumentó. La plataforma también solicita la creación de oficinas de atención a las víctimas en todas las comunidades autónomas para gestionar mejor la tramitación de los casos.

Manifestación de la Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares (Anadir). R.S.

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