La dirección regional estudiará con la ejecutiva local y el Ayuntamiento en qué punto se encuentra el documento
El reglamento de laicidad sigue siendo uno de los asuntos atascados en este mandato a pesar de la aparente voluntad de todos los actores involucrados. Aunque ya se intuía espinoso, porque aún existiendo un mandato constitucional a regular la laicidad la realidad es que en el 2022 sigue sin normalizarse, los números dan para sacarlo adelante.
El tema forma parte del acuerdo de gobierno entre PSOE e IU. Y lo último que se supo de él fue que, en palabras de las direcciones locales de sendas formaciones, estaba «en el horno». El caso es que ya ha pasado suficiente tiempo para que esté churruscado, dado que esas declaraciones datan del 23 de junio.
PSOE e IU aportan 12 ediles (11 + 1), pero se presupone que Podemos-Equo daría su apoyo. Por ello, aunque la votación en Pleno no parece un problema, lo siguen siendo dos aspectos: las dudas jurídicas con la redacción, que ya obligaron a reelaborar una primera versión del texto, y el ruido mediático, con toda la oposición de centro derecha radicalmente en contra.
A día de hoy se sigue durmiendo el balón, y por seguir con el símil deportivo, el minuto y resultado es que se ha pasado el documento a la FSA. Según confirmo EL COMERCIO, la alcaldesa Ana González, a instancias de la ejecutiva local, remitió el reglamento de laicidad a la dirección socialista regional. De hecho, ya durante el proceso de primarias estaba en sus manos. Este paso, que no es necesario en ningún caso para la tramitación, puede demorarse mucho o poco.
Fuentes consultadas aseguran que la intención es ver este tema con amnas partes, pero lo enmarcan dentro de las reuniones habituales que se mantienen con cualquier municipio ante «eventuales discrepancias entre grupos municipales y ejecutiva». Bien es cierto que lo que está sobre la mesa es un asunto que ha adquirido cierta envergadura.
Desde la dirección gijonesa, que en todo momento ha mostrado públicamente el apoyo al texto, se indica que el hecho de remitirlo a la FSA tiene como objetivo que se hagan las consultas pertinentes al comité federal para ver si está en consonancia con las resoluciones de los congresos y si un reglamento es la fórmula a emplear o, dada la materia que se está regulando, tendría que tratarse de un protocolo. Por su parte, desde el Ayuntamiento lo que se mantiene es que este asunto es uno de los prioritarios a dejar listo antes de que finalice el mandato. Como con el resto de los 88 puntos de acuerdo de gobierno con Izquierda Unida, se subraya: «Los compromisos están para cumplirlos».
Llegado este punto, con todas la partes de acuerdo (también IU) tocará explicar por qué se va dejando pasar el tiempo y si se acabará impulsando la norma dado que este mandato ya enfila sus meses finales.
La propia alcaldesa ya había advertido en mayo que «debemos sacar a tiempo el reglamento de laicidad por si se complica el contexto ideológico».
«Separación y neutralidad»
Uno de los puntos que más molestó a la oposición de centro derecha en el Consistorio -Ciudadanos, Foro, PP y Vox- cuando el reglamento fue desvelado por EL COMERCIO en julio es que por su articulado se impedirá la presencia institucional de la Corporación en actos religiosos.
«En el ejercicio de su función institucional, la Corporación Municipal mantendrá la separación y neutralidad en actos celebrativos de entidades religiosas, no realizando actos de culto religioso o veneración hacia imágenes o conceptos, ni participará en ceremonias, ritos o cualquier acto que formen parte de cualquier confesión religiosa», dice el borrador. Por ejemplo, no podría repetirse una de las polémicas recurrentes este mandato: la asistencia, y colocación en una bancada destacada en primera fila de la iglesia de San Pedro, de los concejales de los grupos municipales en la misa que precede a la bendición religiosa de las aguas.
No obstante, para tranquilidad de quien quiera asistir, el punto 3.2 matiza que «las y los miembros de la Corporación que participen en actos religiosos lo harán a título individual y no en representación del Ayuntamiento».
