El caso de Mohamed Said Badaoui
El Parlament impulsa una declaración de apoyo al detenido y acusa a España de «islamofobia». El ministerio explica que está inmerso en un procedimiento de expulsión
El arresto de un líder musulmán de Reus (Tarragona) ha abierto un frente entre el Ministerio del Interior y la mayoría del arco parlamentario catalán, con ERC y Junts a la cabeza. Se trata de un marroquí de 40 años llamado Mohamed Said Badaoui, detenido este martes, meses después de que se le abriese un expediente de expulsión. La Policía le considera un peligro para la seguridad, pero buena parte del Parlament sostiene que es un activista cuyos derechos deben ser respetados. Por el momento, la Cámara autonómica ha aprobado una declaración de apoyo que habla de «represión política e islamofobia por parte del Estado español».
Said Badaoui aparece en fotos junto a destacados políticos, en el Parlamento de Cataluña o en el Congreso de los Diputados de Madrid, junto al portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Consultado el político independentista, afirma en declaraciones a El Confidencial que “Mohamed es un activista pro derechos humanos reconocido internacionalmente. Cualquiera que dedique cinco minutos a buscar cualquier intervención suya podrá comprobarlo. Está siendo perseguido por la derecha y la ultraderecha desde hace años. Esta es solo una campaña más. No será la última. Sorprende la criminalización del PSOE y el silencio de Unidas Podemos para con su caso”.
“En cuanto a la foto, fue durante una visita que hizo al Congreso. El encuentro fue casual. Era la segunda vez que lo veía”, añade Rufián. En otra instantánea, aparece Said Badaoui con el actual ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Preguntado también por la relación con esta persona, Iceta dice que es “una foto antigua”. Explica que es habitual que se le acerquen muchas personas para hacerse fotos cuando asiste a eventos. “Así de primeras, ni se acordaba de quién podía ser, parece una foto hecha en algún acto en Tarragona o Reus”, dice una persona de su equipo. En el ministerio, también se hacen eco de que se trata de una persona muy conocida allí, relacionada con entidades y organizaciones como imán de la mezquita.
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Pegasus y presupuestos
Otro de los dirigentes destacados que posó con Said Badaoui en alguna fotografía es el expresidente de la Generalitat Quim Torra. Asegura no recordar con nitidez el momento en el que se tomó la instantánea, pero cree que fue en algún acto relacionado con los atentados de Barcelona del verano de 2017. Un familiar de Said Badaoui dio este martes la noticia de su arresto por medio de un mensaje en las redes sociales: “Mi yerno ha sido detenido, si podéis hacer [sic] eco de la noticia”. Este choque se produce después de otros encontronazos entre el independentismo y el Gobierno en materia de seguridad, como los espionajes de Pegasus. Surge a las puertas de la negociación de los presupuestos, en la que ERC volverá a ser una pieza clave para la coalición.
Por parte de la seguridad del Estado, las respuestas son herméticas o contradictorias. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska confirma a El Confidencial los motivos de este arresto. “Está detenido en el marco de un proceso de expulsión y es un procedimiento sometido a control judicial”. Según informan fuentes policiales, estos trabajos han corrido a cargo de agentes de las brigadas de Información y Extranjería de Tarragona, sin intervención de la Comisaría General de Información (CGI), habitual en cuestiones de relevancia en materia yihadista.
Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña confirma que Said Badaoui ya fue detenido en julio de 2022 y se inició un procedimiento de expulsión con base en la Ley de Extranjería. Afirma que ahora un juez tendrá que determinar si le deja en libertad o le traslada a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) por un plazo máximo de 40 días.
Sin noticias del detenido
Este mismo portavoz cita una infracción grave recogida en el artículo 53.1-a de la ley: “Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente”. Estos motivos no señalan ningún tipo de radicalización yihadista y se castigan con una multa de hasta 10.000 euros. Minutos después, otra portavoz policial corrige a su compañero.
Matiza que quizá se trate de un error y apunta a la posibilidad de que sea un procedimiento por una infracción muy grave, recogida en el artículo 54 de la ley. Eluden ofrecer más detalles, ni siquiera para confirmar que el procedimiento de expulsión que ha motivado el arresto se deba a una cuestión de radicalismo yihadista. Tras su arresto este martes, Mohamed Said fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional de La Verneda, en Barcelona, antes de pasar a disposición judicial. Desde la Policía, informan de que la competencia es del juzgado que se encuentre de guardia en el momento del arresto.
Al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no le consta la presencia de este individuo en el juzgado de guardia y apuntan a que pueda depender de la Audiencia Nacional. Este otro tribunal, con sede en Madrid, tampoco tiene constancia de que el Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia esta semana haya asumido la detención, al menos de momento.
Mohamed Said Badaoui es el presidente de una plataforma llamada Asociació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana (Adedcom). El teléfono que figura en su página de contacto ya no lo contesta nadie, pero sí responden con rapidez al correo electrónico. Remiten las consultas al abogado del arrestado, que a media tarde de este miércoles tampoco sabía dónde está su cliente: «Desconocemos su paradero actual. No puedo decirte más, porque nada sabemos». Los últimos actos en los que ha participado el detenido son una jornada antifascista organizada por las juventudes de ERC y una visita al Parlament, donde se reunió con las comisiones de Igualdad, Interior y Racismo Institucional y Estructural. En sus redes sociales colgó un vídeo en el que contestó a los argumentos que figuran en su expediente de expulsión. Said Badaoui acusó al autor del expediente de tener «el mismo marco ideológico y narrativo de la extrema derecha».
En sus redes sociales, dice haber nacido en la localidad marroquí de Larache. No es un perfil que atesore miles de seguidores. Sus contactos se cuentan más bien por cientos y tiene un canal de YouTube en el que sube algunos vídeos de corta duración. El más visto es de hace seis años y son apenas siete minutos de duración. Muestra la oración del imán de la mezquita As-Sunnah de Reus, Abdelhakim Marabou. Hace dos años, Said Badaoui hizo un viaje por Europa y elogió ante la cámara que los centros de oración allí están integrados en los pueblos y las ciudades, mientras que en Cataluña siempre son relegados a las afueras o los polígonos industriales. A su juicio, eso impide que los musulmanes se sientan parte del lugar en el que viven.
El colectivo Adedcom ya realizó actos de apoyo a su presidente en verano y emitió un comunicado en el que desveló algunos detalles sobre la acusación que pesa sobre Said Badaoui. Aclaró que el artículo que presuntamente ha incumplido es el 54.1-a de la Ley de Extranjería. Incluido en las sanciones muy graves, en este caso sí castiga “participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley de Seguridad Ciudadana”. El redactado establece que, para este artículo concreto, “la competencia sancionadora corresponderá al secretario de Estado de Seguridad”. Se trata del número dos del ministro Grande-Marlaska, el también juez de carrera Rafael Pérez.
En su protesta, la asociación Adedcom vincula su expediente de expulsión al hecho de que meses atrás Said Badaoui había iniciado los trámites para solicitar la nacionalidad española. También critica que lo que se pretende es silenciar las voces que denuncian el “racismo institucional” y la “islamofobia” en España. El comunicado recoge otros detalles que destaca el expediente, como sus “contactos a todos los niveles” o que “utiliza el derecho de asociación para conseguir sus objetivos e intereses y redirigir todo tipo de reivindicación religiosa a un campo ajeno a lo pactado entre el Estado y la Comisión Islámica de España conforme a los acuerdos de 1992”.
La declaración aprobada por la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña apuesta por derogar la Ley de Extranjería y «constata la vulneración» de derechos del detenido. El texto cuenta con el apoyo de ERC, Junts, la CUP y los ‘comuns’, y se ha leído en el pleno tras una Junta de Portavoces extraordinaria convocada por su detención. Según recoge Europa Press, el escrito asegura que es un procedimiento de expulsión irregular en el que se le ha acusado de extremismo religioso sin basarse en hechos demostrables.
Denuncian estos partidos que el caso tiene por objetivo «alejar a las personas migradas, especialmente a las musulmanas, de ejercer su vida con plenitud» y con actividad social y cultural, y advierte textualmente de la repercusión que considera que puede conllevar la expulsión de un vecino de Cataluña en estas circunstancias. La información abunda en que el arresto se produjo tras un expediente impulsado por los servicios de Información, que decretó su expulsión del país por «suponer una amenaza para la seguridad nacional» por presunta radicalidad ideológica.
El arresto de un líder musulmán de Reus (Tarragona) ha abierto un frente entre el Ministerio del Interior y la mayoría del arco parlamentario catalán, con ERC y Junts a la cabeza. Se trata de un marroquí de 40 años llamado Mohamed Said Badaoui, detenido este martes, meses después de que se le abriese un expediente de expulsión. La Policía le considera un peligro para la seguridad, pero buena parte del Parlament sostiene que es un activista cuyos derechos deben ser respetados. Por el momento, la Cámara autonómica ha aprobado una declaración de apoyo que habla de «represión política e islamofobia por parte del Estado español».
