Pese a que la Administración y la Congregación propietaria del edificio se muestran favorables a la demanda del centro Sant Felip Neri, el escollo se encuentra en la petición de incluir en el equipamiento parte del convento
Es una de las estampas de la convivencia –o conllevancia– entre vecinos y turistas en el barrio Gótico de Barcelona. Cada mañana, en la concurrida y cautivadora plaza Sant Felip Neri, los maestros de la escuela que hay en el lugar cierran el acceso a los transeúntes y convierten la plazoleta en el patio de recreo de sus alumnos. Pero esta escena podría desaparecer junto con todo el colegio en 2023.
Desde hace más de un año, esta escuela concertada, que cuenta con 300 alumnos de Primaria y ESO, se encuentra en apuros económicos y la fundación que ostenta la titularidad ha comunicado que no podrá aguantar otro curso más. Ante el inminente cierre, el centro, animado por las familias y el profesorado, ha pedido al Consorcio de Educación de Barcelona pasar a la red de escuelas públicas, pero las negociaciones con la propiedad del edificio están encalladas.
“Somos el único centro de ESO en toda la zona norte del Gótico”, advierte Josep Maria Boronat, presidente de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del colegio, que defiende que la vida escolar crea una “función social esencial” en una zona entregada al turismo. “Cierran tiendas históricas, se van los vecinos por la gentrificación… Ahora solo falta que nos quedemos sin escuela”, lamentan.
El colegio se fundó en 1959 por parte de la Congregación del Oratorio en las instalaciones que actualmente ocupa en la plaza Sant Felip Neri. Esta entidad religiosa, aunque ya no es la titular del colegio, todavía ostenta la propiedad del edificio y de los inmuebles contiguos: la iglesia del mismo nombre y la casa convento de los ‘felipons’. En 1982, la titularidad del centro educativo pasó de esta orden religiosa a la Fundación Torres i Bages.
Al conocerse los problemas económicos de la escuela, la fundación titular accedió a la petición de familias y profesores de acogerse al decreto aprobado por la Generalitat en 2019 y que está pensado para integrar centros concertados a la red pública, especialmente aquellos que están en declive. Hasta la fecha, han pasado de privados a públicos un total de siete colegios, todos menos uno en la capital catalana.
Las conversaciones parecían avanzar favorablemente cuando todas las partes manifestaron la voluntad de facilitar el cambio de titularidad. Ante la solicitud formal de la Fundación Torres i Bages, el Consorcio de Educación de Barcelona se mostró favorable y también lo hizo la Congregación del Oratorio, según recalcan ambas partes. En estos casos, la Administración educativa –que en Barcelona depende en un 60% de la Generalitat y un 40% del Ayuntamiento– negocia un contrato de alquiler con la propiedad del edificio, que suele tener en cuenta también los costes de la rehabilitación del edificio.
Desde el Consorcio de Educación aseguran que “trasladaron una serie de requerimientos” a la propiedad en cuanto a la situación del equipamiento y, sin dar más detalles, afirman que el pasado 5 de mayo hicieron una “última propuesta” de la que dicen no haber tenido respuesta. Sin embargo, fuentes de la Congregación contestan que el acuerdo estaba a punto de quedar rubricado en abril del año pasado pero que, justo antes de firmarlo, la Administración les informó que habían detectado “deficiencias” en el espacio y les hicieron llegar otra propuesta.
El convento es el escollo
Esta nueva propuesta es la que ha encallado el proceso. Tanto la Congregación como el AFA detallan que se les planteó la necesidad de usar también dos plantas del convento para actividad escolar. “Son espacios que ellos ahora mismo tienen vacíos”, asegura Boronat. Pero fuentes de la Congregación lo niegan y defienden que el inmueble tiene actividades “presentes y futuras”, entre las que hay las de culto o los ensayos del coro Sant Jordi.
En cualquier caso, la decisión última sobre los usos del convento no depende de los integrantes de la Congregación del Oratorio, sino del procurador general del organismo, que está en Roma. “Todas las propuestas las trasladamos al procurador”, apuntan desde la Congregación. Y por ahora la respuesta es que sí a que la escuela sea pública, pero siempre que sea en su actual espacio y no en el convento.
Ante esta situación, las familias, que temen quedarse en la calle el curso que viene –más aún cuando el período de inscripciones comienza en marzo–, han iniciado protestas semanales frente a la sede del Arzobispado de Barcelona. Saben que la decisión no depende del arzobispo, pero han optado por ese emplazamiento para dar visibilidad a su reivindicación. “Lo que no puede ser es que la negociación esté en punto muerto”, pide Boronat. “Si el escollo es el convento, pues hay que buscar alternativas, pero la escuela debe continuar”, dice.
El problema es que, preguntado el Consorcio sobre si contemplan otros equipamientos en el barrio para albergar parte de la actividad educativa, no parecen optimistas. “Estamos abiertos a todo y se está buscando, pero ahora mismo no hay nada viable”, lamentan.
