Catalunya, Madrid y Euskadi son las comunidades donde más caros son estos pagos, que en tres de cada cuatro casos no son voluntarios, según denuncian los colegios privados y las Ampas de la escuela pública
Nueve de cada diez colegios privados concertados –teóricamente gratuitos por estar sostenidos con fondos públicos– cobran cuotas a las familias. En tres de cada cuatro de estos centros estas aportaciones son obligatorias, pese a que la ley las prohíbe explícitamente, según el VII estudio de cuotas y precios de colegios concertados, elaborado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa). En uno de cada dos colegios la cuota es superior a los 100 euros mensuales.
Catalunya se mantiene un año más como la comunidad donde más se paga por acudir a un centro privado pagado con fondos públicos. Son 191 euros mensuales de media, algo menos de los 200 detectados el año pasado. Euskadi, con una subida del 60% respecto a 2020 para llegar hasta los 160 euros por familia y mes, y Madrid (119 este año frente a 100 el curso anterior) completan el podio. Estas comunidades son también las tres únicas en las que en el 100% de los casos estudiados la cuota era obligatoria, o al menos así se le traslada a las familias que se interesan por estos centros. Navarra, la habitualmente cuarta comunidad en cuestión por presencia cuando se habla de escuela concertada, se ha quedado fuera del estudio este curso.
En el otro extremo, Aragón (38 euros mensuales de media), Andalucía (42) o la Comunitat Valenciana (74) tienen los precios más bajos.
Una vez al año, esos dos en teoría grupos tan distantes como son los colegios privados y las familias defensoras de la escuela pública se alían contra un enemigo común: la escuela concertada. Para los centros de iniciativa particular los colegios concertados son competencia desleal: privados como ellos, pero teóricamente gratuitos para las familias por estar financiados por el Estado (o a un coste muy inferior al de mercado, si se consideran las cuotas). Para las Ampas de la pública son un cuerpo extraño en el ecosistema público que detrae fondos de los centros de titularidad estatal –casi 7000 millones de euros se destinaron en 2020 a la concertada– para pagarle la educación privada a familias casi siempre acomodadas, ampliando la segregación en el sistema. En España había en el curso 2020-2021 un total de 5.402 colegios concertados, uno de cada cinco de todo el sistema. La casuística de los centros es variada: está desde el St Paul’s catalán, que pide 923 euros cada mes, hasta los que no demandan nada.
Un artículo entero incumplido
El artículo 88 de la Lomloe dice: “Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos. (…) Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos. Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro”.
La concertada incumple este artículo íntegramente, denuncian Cicae y la Ceapa. Y además lo hacen con la connivencia de la administración, según Elena Cid, directora general de la asociación de centros privados. “Lo grave es que las cuotas son autorizadas por la autoridad educativa. Los colegios solicitan de manera anual permiso para cobrar estas cuotas, indican conceptos y precios y la administración lo autoriza. Pedimos que las administraciones no autoricen estas cuotas. No se está garantizando el derecho de las familias a la educación gratuita y esto es discriminatorio”, añade.
Los centros cobran por conceptos variados. O al menos así lo explican. Y se informa a quien plantea dudas acerca del pago de que su hijo se quedará sin realizar cierta actividad o tendrá que salir del centro durante algunos momentos del día, en muchas ocasiones en mitad de la jornada escolar, según asegura el estudio, realizado por la consultora Garlic B2B bajo la técnica del cliente misterioso (gente haciéndose pasar por familias interesadas en los centros) y respalda la documentación aportada por la compañía.
“No son complementos extracurriculares que las familias puedan decidir si se sus hijos dan o no”, explica Cid. “Son cuestiones como el inglés, comprensión lectora, talleres de cálculo matemático… Muchos [colegios] ponen denominaciones en inglés para que no parezcan las asignaturas propias”, pero no dejan de serlo, añade. Además, según denuncia, muchas de estas actividades se realizan durante la jornada escolar, lo que deja de facto a las familias sin capacidad de elección.
Amparo Muñoz, directora de proyectos de la consultora, ha explicado durante la presentación del informe que han tenido muchos problemas para recabar la información: “Tenemos dificultad para conseguir información que indique claramente a las familias las tarifas y aportaciones que tienen que hacer, en concepto de qué las cobran, los horarios o los contenidos que justifican su pago. En algunos casos debemos insistir hasta en 10 ocasiones a los colegios, en otros entregan una información comercial muy completa, pero no incluyen la de la cuota, y un 44 % de los centros no llega a entregarnos ningún documento con los precios de las cuotas complementarias”.
En este contexto de mínima transparencia, los colegios justifican que las cuotas suplen la infrafinanciación que denuncian sufrir, pese a que la partida de fondos públicos que se desvía a la concertada ha subido un 20% en diez años mientras el alumnado matriculado se mantenía estable en torno a dos millones de estudiantes. Así, cuentan estos centros a las familias, los pagos cubren “actividades complementarias” (sostienen un 19% de los colegios), el proyecto educativo (4%), es una aportación (39,46%) o directamente le llaman cuota (37,41%.).
“Curso tras curso no se pone freno a este negocio”, ha lamentado Leticia Cardenal, vicepresidenta de Ceapa. “Hay colegios que negocian por una hora lectiva extra, otros que piden aportes económicos importantes. Las autoridades deben tomarse esto más en serio, no puede ser que estemos denunciando año tras año que unos pocos se hagan ricos a costa de la segregación del alumnado con colegios sostenidos por todos”.
El estudio incluye ejemplos. En el colegio Alkor, de la Comunidad de Madrid, explicaron a la supuesta familia que “se trata de un colegio concertado. Que los padres debemos ser conscientes del colegio que queremos matricular a nuestros hijos y que si queremos un colegio con la infraestructura, servicios y proyecto como el del Alkor, debemos asumir el precio”. En el Vedruna Tordera de Catalunya se comentó que “es un colegio concertado, no es 100% privado, en régimen mixto, quiere decir que parte de la cuota la paga la familia y otra parte la Generalitat”.
Con las sociedades mercantiles hemos topado
Elena Cid ha explicado que han detectado dos tipos de colegios. “Los colegios benéfico-docentes o de entidades religiosas (que son la mayoría de los concertados) suelen cobrar cuotas más bajas y las entidades mercantiles más elevadas”, sostiene. Estas últimas conforman lo que en Madrid se ha venido a llamar “la nueva concertada”, que se arrimó al sector educativo al calor de las cesiones de suelo público gratuitas que empezó a hacer Esperanza Aguirre en la región a principios de siglo.
Contraviniendo la ley entonces vigente, la Comunidad de Madrid hacía concursos (o acciones dirigidas a dedo) para construir colegios en terrenos públicos gratuitos que venían ya con el concierto desde su concepción, una práctica ilegal que alimentó la red corrupta que acabó con el vicepresidente Francisco Granados en prisión. “En Madrid hubo un antes y un después con la cesión de suelo público y la entrada de entidades mercantiles en estos concursos, que ponían la excusa de que tenían que financiar y el concierto no sufragaba el edificio y entonces tenían que cobrar”, sostiene Cid. Estos grupos, habitualmente titulares de varios centros, están compuestos por entramados de empresas que reparten dividendos, pagan fortunas a sus directivos o incluso invierten en fondos.
