Este 5 de octubre en la Cámara de Representantes se votará la posible legalización de la eutanasia en Uruguay.
El proyecto de ley busca establecer como un “derecho universal” que “las personas a transcurrir dignamente el proceso de su muerte”, en casos de enfermedades incurables, crónicas e irreversibles.
De acuerdo a la prensa local, el proyecto tendría ya la mayoría necesaria para su aprobación. Si se consigue que la controversial propuesta legislativa sea aprobada, pasará a ser debatida y votada en la Cámara de Senadores.
El proyecto de ley ha sido fuertemente criticado por los defensores de la vida en Uruguay.
En un artículo publicado en el semanario Crónicas el 30 de septiembre, Miguel Pastorino, doctor en Filosofía y profesor de Filosofía y Ética en la Universidad Católica de Uruguay, advirtió que el proyecto de ley podría permitir que personas que no tienen “una enfermedad incurable” pidan la eutanasia, pues “refiere a que pueda tener ‘condiciones de salud’ que afecten la calidad de vida, lo cual es muy amplio y podría incluir cualquier discapacidad, una vejez con limitaciones o depresión crónica, entre otras causas”.
“En realidad, a cualquiera que quiera acabar con su vida, si cumple con estas condiciones tan amplias, en lugar de ayudarle a aliviar su sufrimiento, se le concederá la muerte argumentando que era su deseo, su decisión”, señaló.
Pastorino criticó además que “el proyecto no da garantías al paciente”, y señaló que “no hay psiquiatra, ni psicólogo, ni especialista en cuidados paliativos, ni comité de bioética previo, ni asistente social, sino que el discernimiento de algo tan grave podría recaer en solo dos médicos generales”.
“Muchos paliativistas confirman que de cada 10 pacientes que desean morir por su sufrimiento, nueve cambian de opinión cuando son aliviados, bien tratados y cuidados. En muchos casos esto sucede en el 100% de los pacientes. ¿Qué pasaría con todos los que desean morir porque no han recibido la atención adecuada? ¿Se les dirá que fueron libres y que era su única salida?”, añadió.
Para Pastorino, frente a la posibilidad de legalizar la eutanasia, “la legislación vigente de voluntades anticipadas y el acceso universal a cuidados paliativos de calidad, son la respuesta más humana, solidaria y justa que reconoce la dignidad y la libertad, protege la vulnerabilidad y valora a los ciudadanos, sin importar su condición o situación vital”.
